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El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, cumplió con lo previsto en el guion oficial: halagar la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, descalificar a las administraciones anteriores, pero hizo énfasis en la necesidad de garantizar la “paz”.
“Esta es una lección permanente que nos da el comandante Daniel y la compañera Rosario, prácticamente todos los días, preservar la paz, cuidar la paz; estar alerta, ¿cuántas veces nos ha dicho el comandante Daniel con un ojo abierto siempre?”, dijo recordando las palabras del dictador de julio del año pasado, cuando llamó a sus militantes a extremar la vigilancia.
Porras participó el 10 de enero en la inauguración del año legislativo, justo cuando se cumplieron 19 años de la dictadura familiar. Lo ratificaron como presidente de la Asamblea Nacional, igual que los otros seis miembros de la directiva. Durante 2025, la Asamblea se dedicó a oficializar las decisiones del Ejecutivo. Según un análisis de LA PRENSA, publicaron 35 leyes, 29 decretos y una lista de créditos por más de 489 millones de dólares ese año.
La magia de Daniel Ortega y Rosario Murillo
En el evento parlamentario, Porras derrochó servilismo hacia sus jefes políticos. “¿Cuál es la magia de la Revolución? —aduló—. ¿Cuál es la magia del Frente Sandinista? ¿Cuál es la magia de los nicaragüenses? ¿Cuál es la magia del comandante Daniel y la compañera Rosario, de todos los compañeros que han y hemos trabajado en todo este tiempo?”, preguntó sin inmutarse.
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Porras es uno de los 54 funcionarios identificados por Naciones Unidas en abril de 2025 en un informe sobre los responsables de los principales patrones de crímenes, violaciones y abusos de derechos humanos, perpetrados desde 2018. Según este documento del Grupo de Expertos de Derechos Humanos, Porras pertenece a una red de “secretarios políticos” que aseguran el control sobre las instituciones públicas. Estos funcionarios están subordinados a Murillo.
El andamiaje jurídico de la represión
La Asamblea, bajo el liderazgo de Porras, participó en la creación de un andamiaje jurídico para la represión. La ley de ciberdelitos se creó, por ejemplo, en 2020, para castigar “noticias falsas”, cuando en realidad la ocuparon para perseguir a opositores y ciudadanos en general en 2021.
“Desde antes de 2018, la Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Eduardo Porras Cortés, ha funcionado como una extensión de la Presidencia y ha aprobado de manera expedita leyes y reformas que restringen el goce de los derechos humanos y debilitan el Estado de derecho, incluyendo la reforma constitucional de febrero de 2025. El Gobierno ha utilizado estas leyes para legitimar y justificar acciones arbitrarias contra presuntos disidentes y opositores”, dice el informe.
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Porras es sindicalista de trayectoria. A partir de la Constitución, aprobada en febrero de 2025, la independencia de poderes quedó eliminada. A pesar de esto, el diputado estima que la dictadura de Ortega se ha destacado en el sector salud, educación y transporte, mientras el país está viviendo “crecimiento económico” y “estabilidad monetaria”.
“Pero hermanos nada de eso es posible si no hay paz, la paz es necesaria para ese desarrollo económico”, insistió. Más adelante, él agregó que «tenemos que estar conscientes que se necesita seguridad, se necesita que estemos alertas, cuidadosos, que estemos con seguridad preservando la paz».
“19 años continuos de represión”
No obstante, el discurso de Porras lo repudian defensores de derechos humanos como Salvador Marenco, miembro del consejo de coordinación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El especialista recordó que el régimen se ha caracterizado por la represión contra quienes piensan diferente. Hizo énfasis en que son “19 años continuos de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pero todavía más contradictorio e irónico es que realicen un llamado a la paz, cuando esta misma Asamblea Nacional acaba de aprobar el Presupuesto General de la República con aumento tanto a la Policía Nacional como al Ejército, órganos principales de la represión armada”, lamentó.
Según él, el discurso del diputado persigue colocar a Ortega y Murillo como «garantes de la estabilidad» del país, tanto económica como social, sin embargo, esto se cae por su propio peso. El abogado recuerda que al menos el 12 % de la población ha salido de Nicaragua y miles de nicaragüenses han solicitado también refugio desde 2018.
