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El Comité para la Protección de Periodistas (siglas en inglés CPJ), a través de un reporte divulgado este 8 de enero, denunció la “represión más allá de las fronteras” que viven decenas de periodistas nicaragüenses en el exilio.
“Los periodistas exiliados siguen siendo blanco de la seguridad del Estado nicaragüense mediante tácticas encubiertas de persuasión, coerción y presión psicológica, con el objetivo de silenciar sus voces disidentes y obtener información sobre el paradero de otras personas”, señala el trabajo del CPJ.
El organismo documentó testimonios de algunos de los más de 260 periodistas que huyeron de Nicaragua en los últimos siete años, producto de la represión política y el acoso judicial del régimen orteguista, que hasta la fecha siguen sufriendo persecución.
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El Comité remarcó que, tras el desmantelamiento de los fondos de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) por parte de la administración de Donald Trump, los periodistas exiliados, que además sufren persecución transnacional del régimen Ortega-Murillo, advirtieron que “sus vidas y sus medios de subsistencia penden ahora más que nunca de un hilo”.
Algunos de los testimonios anónimos de los periodistas nicaragüenses exiliados, compartidos por el CPJ, advierten que a los comunicadores pinoleros los están “cazando”, incluso intentando utilizar a otros miembros de su gremio para dar con sus paraderos.
A una de las comunicadoras exiliadas, consultada por el CPJ, el régimen orteguista se le acercó de forma encubierta, ofreciéndole “sacarla de la lista negra” si aceptaba dar información sobre otros periodistas exiliados.
Persecución transnacional de periodistas
Las familias de los comunicadores perseguidos —señala la investigación del CPJ—, también han tenido que vivir la persecución, sufriendo interrogatorios policiales en los que el régimen busca conocer el nivel de comunicación que sostienen con los periodistas exiliados, alejándose de sus familiares para evitar represalias, eliminando cuentas en redes sociales y cualquier relación pública que los vincule.
El Comité apunta que las experiencias relatadas por los periodistas exiliados con los que pudieron conversar “reflejan un patrón creciente de represión transnacional”, tal como fue documentado en los últimos años por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN).
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El GHREN identificó ocho formas en las que el Estado de Nicaragua, controlado por la dictadura Ortega-Murillo, violenta los derechos de los nicaragüenses, incluso más allá de sus fronteras, incluyendo desde la negación de pasaportes hasta la persecución de familiares y las amenazas contra ellos en el extranjero.
El CPJ denunció que este tipo de persecución transnacional, vinculada a la negación de documentos que deja en apatridia a varios comunicadores nicaragüenses, ya ha sido sufrida por periodistas exiliados, entre ellos Gerall Chávez, director de Nicaragua Actual y presidente de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Negación de documentos y apatridia de facto
El Consulado de Nicaragua en Costa Rica —indicó el CPJ— le negó a Chávez la renovación de su pasaporte en 2023 y, posteriormente, una municipalidad de Nicaragua también se rehusó a extender su acta de nacimiento.
“Mi país no me renueva mis documentos de identidad… mi pasaporte nunca llegará”, dijo Chávez al CPJ.
Los comunicadores exiliados en Costa Rica, documentó el CPJ, se sienten inseguros y tienen que adoptar protocolos personales de seguridad, como cambios de rutinas o apariciones públicas; e incluso varios —sobre todo los que se refugian en Costa Rica— han buscado opciones de reubicación a un tercer país seguro.
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Chávez y otros siete periodistas de Nicaragua, según el CPJ, solicitaron a España que se les extienda el mismo beneficio de nacionalidad que, en 2023, se otorgó a personas desterradas y desnacionalizadas por la dictadura orteguista.
También han solicitado reubicación a través del programa de Movilidad Segura del Acnur, en busca de asilo en España o Canadá, ahora que la administración de Donald Trump retiró a Estados Unidos de la iniciativa; y otros comunicadores, por el nivel de persecución y costo de la vida en el exilio, han dejado de ejercer el periodismo y buscan formas alternativas de sostener a sus familias.
