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La persecución que mantiene la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia Católica de Nicaragua ha afectado el desarrollo pastoral, el tejido social y espiritual del país, según el sacerdote nicaragüense Edwin Román, vicario parroquial de la iglesia Santa Agatha en Miami, Florida.
Ese ataque se ha traducido en al menos más de 19 mil agresiones y ataques desde el estallido social en 2018. Para Román, un sacerdote exiliado reconocido por su valentía en la denuncia de los abusos de derechos humanos en Nicaragua, la explicación es sencilla.
«La dictadura ve a la Iglesia (católica) como su peor enemiga; un rival por la aceptación que ella tiene en la sociedad y una voz a la que se le escucha su capacidad de convocatoria todos los domingos sobre todo, donde los fieles asisten voluntariamente sin ser obligados. Convocatoria que no la tiene la dictadura», afirmó Román a LA PRENSA.
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La persecución religiosa en Nicaragua volvió a captar la atención internacional en días recientes. Los congresistas de Estados Unidos, María Elvira Salazar y Chris Smith, propusieron más sanciones contra la dictadura Ortega Murillo.
La congresista republicana señaló a los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega como “dictadores despiadados” que tienen “secuestrado el país”. La iniciativa Ley para Restaurar la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026 pide al gobierno de Estados Unidos que se respalde a los líderes religiosos y a la oposición, que han sido atacados por la dictadura.
Esta semana también hubo una actualización de la investigación Nicaragua: una Iglesia perseguida ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés). Fue presentada por su autora, Martha Patricia Molina, quien fue acompañada por la activista nicaragüense Muriel Sáenz, directora de Nicaragüenses en el Mundo (NEEM) .
Desde 2018, según esa actualización, el régimen ha cometido 19,836 agresiones y ataques contra la religión en Nicaragua. Obligó al exilio a 300 sacerdotes, que fueron expulsados del país o que se les restringió el ingreso al país. También a cuatro obispos: monseñor Silvio José Báez (auxiliar de Managua), monseñor Rolando Álvarez (de Matagalpa), monseñor Carlos Enrique Herrera (Jinotega) y monseñor Isidoro Mora (Siuna).
En condición de «silencio forzado»
De acuerdo con Román, los sacerdotes nicaragüenses que permanecen en Nicaragua experimentan a diario un silencio forzado en su labor pastoral. Eso los obliga a limitarse en sus homilías para evitar que la dictadura los detenga.
«Esto no solo daña a la iglesia, sino a la libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, convirtiéndola en un país cárcel, donde la fe es un acto de resistencia también», asegura el líder religioso.
El asedio no solo es permanente contra los sacerdotes nicaragüenses, sino también contra los feligreses. Ese hostigamiento, señala Román, lo ejerce la dictadura a través de la vigilancia a los sacerdotes y sus movimientos durante el día. «Siempre hay presencia policial o paramilitares disfrazados de feligreses grabando homilías o tomando fotos. Sin embargo, los templos siguen llenándose porque en tiempos de persecución la fe se fortalece, aunque se vean impedidos de actos públicos como las procesiones», explica.
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Molina concuerda con el líder religioso sobre la falta de libertad religiosa en Nicaragua y el temor que viven los sacerdotes a la cárcel y el destierro. «La dictadura no ha cesado su persecución. Al contrario, ha incrementado, pero las víctimas no pueden denunciar, porque están horrorizadas. Si hablan y ellos exigen el respeto a sus derechos, pueden ser o asesinados, encarcelados o desterrados», denunció Molina durante un encuentro, en que participaron politólogos nicaragüenses, para hablar sobre la situación de Nicaragua. Este fue organizado por la Unión de Partidos Latinoamericanos, Liderazgo Democrático y la Universidad del Alba.
Miedo, el objetivo de los agresores
Molina explicó que paramilitares o miembros del Consejo del Poder Ciudadano son los encargados de vigilar a los sacerdotes, obispos y laicos; y señaló también la presencia de agentes de la Policía Nacional para «incidir en cada uno de los cristianos; para que tengan miedo y posteriormente llevar todas estas imágenes a un centro donde tienen vigilados a cada uno de los nicaragüenses que practican la fe».
La investigadora nicaragüense ha monitoreado la persecución del régimen contra la feligresía y los líderes religiosos en Nicaragua y asegura que 300 pastores evangélicos han tenido también que exiliarse e indicó que a tres de ellos se les negó el ingreso en diciembre del año pasado. Molina reveló durante la actividad mencionada que la dictadura le negó el ingreso este sábado 17 de enero a una persona «vinculada con estas altas esferas de la Iglesia Católica» sin mencionar su nombre por seguridad.
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«Nicaragua no necesita de migajas»
El sacerdote Edwin Román asegura que no mantiene contacto con los sacerdotes en Nicaragua, pero conoce muy de cerca la situación que vive la comunidad religiosa del país. El líder católico, quien figura dentro del grupo de nicaragüenses a los que la dictadura le despojó de su nacionalidad en febrero de 2023, dice que se une en oración con los sacerdotes. Mantiene la esperanza de volver a encontrarse con ellos.
Román también se refirió a las actividades que realiza la dictadura y enfatiza que en ellas no hay fe, tradición, ni piedad popular. También criticó el trabajo que realizan los sacerdotes afines a la dictadura para «bendecir» las acciones que realizan y presentarlas como buenas obras. «Nicaragua no necesita de migajas, ni materiales y mucho menos espirituales. No se debe estar al lado del opresor, ¡eso no es de cristianos, ni de un pastor de almas solo por buscar conveniencias personales!», dijo.
El tema de la persecución también cobró vigencia, luego que el cardenal de Nicaragua Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, se vio envuelto en la primera semana de enero en una controversia, después de que aseguró que no había sido invitado al primer consistorio extraordinario, convocado por el Papa León XIV. Sin embargo, la abogada Molina confirmó, con varios sacerdotes de Nicaragua, que el cardenal sí fue invitado y que sacerdotes le informaron que las razones de su ausencia podrían ser dos: O no quiso ir o Murillo se lo impidió, porque está molesta de que el sumo pontífice recibió meses atrás a los obispos exiliados en Roma.
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Para Molina, la relación que mantenía la Iglesia Católica con la dictadura antes de 2018, cuando estallaron las protestas sociales, era una «paz ficticia». «La dictadura sandinista siempre ha querido controlar todos aquellos espacios a los que ellos no han tenido acceso y uno de estos es la institución religiosa, llamada Iglesia Católica», señala.
