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La congresista republicana María Elvira Salazar anunció la introducción de la Ley para Restaurar la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026, una iniciativa que busca profundizar las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cortar el financiamiento internacional al régimen y aumentar la presión diplomática para forzar elecciones libres y el cese de la represión.
El proyecto, presentado junto al congresista Chris Smith, apunta directamente al corazón financiero del régimen sandinista, al prohibir inversiones estadounidenses en Nicaragua, promover sanciones selectivas y oponerse al respaldo de organismos financieros internacionales que aún sostienen a la dictadura.
Salazar calificó a Ortega y Murillo como “dictadores despiadados” que han “secuestrado el país”, encarcelan opositores, persiguen a la Iglesia católica y destruyen las libertades públicas por miedo a un pueblo libre.
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Castigo económico y aislamiento internacional
La iniciativa legislativa plantea un endurecimiento sin precedentes de la política estadounidense hacia Managua. Entre sus disposiciones más relevantes figura la prohibición de cualquier inversión estadounidense en la economía nicaragüense y el fortalecimiento de sanciones dirigidas a sectores que generan ingresos para la familia Ortega.
La ley también establece que las sanciones se activarían tras arrestos, juicios o condenas con motivación política, violaciones graves a los derechos humanos de presos políticos o el respaldo del régimen nicaragüense a la invasión rusa de Ucrania.
Según Salazar, el objetivo es enviar un mensaje de que Estados Unidos no reconocerá ni legitimará a un régimen que gobierna mediante el terror, la censura y la persecución religiosa.
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Apoyo a presos políticos y a la Iglesia
El proyecto de ley subraya la situación de los presos políticos, líderes opositores y personas de fe, sectores que han sido blanco de una represión sistemática desde abril de 2018. La legislación contempla apoyo financiero a programas que documenten abusos a los derechos humanos y respalden iniciativas de democracia y Estado de derecho.
También instruye al Gobierno estadounidense a elevar el tema de Nicaragua en foros internacionales y respaldar a líderes religiosos y opositores silenciados por la dictadura Ortega-Murillo.
BCIE, bajo presión indirecta de Washington
Un punto clave de la iniciativa es el llamado a oponerse a la asistencia financiera o técnica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la dictadura de Nicaragua. Aunque Estados Unidos no tiene control directo sobre este organismo, la ley busca aumentar el costo político y financiero de que el banco continúe financiando al régimen.
El BCIE es un ente multilateral, cuyas decisiones dependen de sus países miembros. Sin embargo, la presión de Washington puede influir de forma indirecta mediante sanciones, advertencias financieras y el peso de Estados Unidos en los mercados internacionales y en las calificadoras de riesgo.
Elecciones libres como salida a la crisis
La iniciativa de ley también plantea como salida a la crisis política la exigencia de elecciones libres, justas y competitivas, así como el fin de la violencia política y la represión. Para los promotores del proyecto, solo un cambio democrático real permitirá aliviar el aislamiento internacional y la crisis económica que enfrenta Nicaragua.
De aprobarse, la iniciativa consolidaría una de las posturas más duras del Congreso estadounidense contra la dictadura sandinista y colocaría al régimen de Ortega y Murillo frente a un escenario de mayor asfixia financiera y diplomática.
