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La abogada Martha Patricia Molina, junto con la activista nicaragüense Muriel Sáenz, directora de Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), denunciaron ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) que 19,836 agresiones y ataques contra la libertad religiosa han sido perpetrados por la dictadura Ortega-Murillo desde abril de 2018.
Molina presentó ante los miembros de la Comisión una actualización de su investigación: Nicaragua: una Iglesia perseguida, señalando que la falta de libertad religiosa en el país ha “limitado profundamente la acción pastoral de los sacerdotes”, resaltando que estos se ven obligados a “cuidar su modo de predicar ante el temor a ser encarcelados o desterrados”.
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La letrada pinolera, en la audiencia celebrada desde las oficinas del Senado en Washington, Estados Unidos, denunció que más de 300 sacerdotes han sido obligados al exilio, expulsados o restringidos de ingresar al país.
La defensora de la libertad religiosa en Nicaragua detalló que en territorio nicaragüense los cristianos son perseguidos, hostigados y espiados por la Policía orteguista y paramilitares, que incluso asisten a los templos para fotografiar a los fieles.
“Los nicaragüenses viven con temor por la voracidad con que actúa la dictadura”, denunció Molina.
También señaló que en Nicaragua rezar en público es «un atentado», pues quienes se reúnen fuera de los templos son intimidados y si reinciden pueden ser apresados; existen diócesis que sobreviven con el 30 por ciento de sus sacerdotes, como consecuencia del destierro orteguista de presbíteros; se niega el ingreso de Biblias y se controlan los talleres donde fabrican las imágenes de veneración, exigiendo a los artesanos que brinden los nombres de las personas que compran imágenes y las cantidades que se invierten en cada compra.
Piden a EE. UU. actuar contra violaciones a la libertad religiosa
Vicky Hartzler, presidenta de la USCIRF, tras recibir en la audiencia el informe sobre la persecución religiosa en Nicaragua, pero también de testigos de violaciones que se cometen en China, Vietnam, Birmania, Eritrea, Nigeria, Pakistán y Argelia, apuntó que la persecución de los cristianos en el extranjero es una clara demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar algunos gobiernos para «restringir injustamente la libertad de religión o de creencias”.
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«En un momento en que los cristianos en el extranjero enfrentan ataques simplemente por su fe, el liderazgo de Estados Unidos es hoy más necesario que nunca… Estados Unidos tiene un papel fundamental que desempeñar para exigir rendición de cuentas a quienes participan en esta persecución», afirmó Hartzler.
Además, instó a la Administración de Donald Trump, que dirige el gobierno estadounidense, a «proteger esta libertad universal para todas las personas».
Congresista republicana denuncia persecución en Nicaragua
La congresista republicana Mary Miller, quien representa a uno de los distritos de Illinois en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue una de los congresistas que asistió a la audiencia de la Comisión y durante su intervención recordó la persecución religiosa que se vive en Nicaragua.
“En el hemisferio occidental, Nicaragua fue designada como un país de especial preocupación en 2023, después de que el Gobierno arrestó a pastores asociados con el Ministerio Puerta de la Montaña, con sede en Estados Unidos”, señaló Miller.
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Resaltó que esos pastores fueron condenados “bajo cargos simulados y pasaron casi un año en prisión; fueron liberados en septiembre de 2024”.
Además, dijo esperar poder trabajar con el “asesor principal para la libertad religiosa global”, Mark Walker, recordando el trabajo de la Administración Trump, que aseguró “buscan frenar el aumento de la persecución contra los cristianos”.
Las defensoras nicaragüense Molina y Sáenz, durante la audiencia, aunque reconocieron el trabajo que se ha hecho desde la comunidad internacional en favor de los derechos de los nicaragüenses, concluyeron que las medidas que hay que adoptar ahora contra regímenes como el de Nicaragua, que violentan la libertad religiosa afectando a miles de nicaragüenses, deben ser «más agresivas», mencionando entre estas: «Sancionar al Ejército, sanciones económicas directas» y «llevar ante la justicia internacional a Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus colaboradores y juzgarlos por delitos de lesa humanidad».
