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Salir de la pobreza es la meta, personal y colectiva, que mueve a gran parte del mundo y alcanzarla convierte al afortunado en ejemplo para otros. Así ocurre con Paraguay que pasó de ser la «cenicienta de América del Sur» al «milagro económico de la región». Lo está logrando a través de un crecimiento sostenido que garantiza mediante la combinación de cinco factores. Pero Nicaragua es el claro ejemplo de que el crecimiento sostenido no basta. El obstáculo principal, según los especialistas no es económico, sino político porque sin institucionalidad es más difícil conseguir esta meta.
Paraguay y Nicaragua comparten similitudes. Ambos países sustentan sus economías en el agro. Según medios especializados, en las últimas dos décadas en el país suramericano la mejora en la productividad agrícola redujo del 50 al 16 por ciento el nivel de pobreza general y redujo la pobreza extrema a un mínimo histórico de 2.4 por ciento.
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En Nicaragua, el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) ha impactado a ese flagelo. Nicaragua es uno de los países más pobres del continente. Incluso, ahora es difícil saber si es el segundo o tercero más pobre después de Haití, porque el régimen Ortega Murillo no publica estos datos. Y si los divulga estos suelen carecer de sustento técnico, porque no son supervisados por agencias independientes, como el Banco Mundial, que en su momento apoyó al Gobierno en el esfuerzo de medir la profundidad de la pobreza en Nicaragua.
Pero un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dice que lo más reciente que tiene es del 2014, cuando la pobreza general afectaba al 46.3 por ciento de los nicaragüenses y la extrema al 18.3 por ciento. Ambos porcentajes superaban el promedio latinoamericano que ese año fue de 27.7 por ciento y 7.8 por ciento, respectivamente.
Beneficiados por al ubicación geográfica
Ambos países también comparten los beneficios que les otorga su ubicación geográfica, por estar ubicados en el centro de sus regiones. Paraguay materializó esa ventaja, convirtiéndose en el principal centro logístico y energético de Suramérica. Mientras tanto Nicaragua se ha consolidado como el vecino incómodo que por sus relaciones con Rusia y China amenaza la seguridad regional.
Las cinco variables que han sido determinantes para garantizar el reciente dinamismo económico que está sacando de la pobreza a Paraguay son:
1. Energía barata
2. Matriz agroexportadora
3. Inversión Extranjera Directa (IED)
4. Infraestructura logística
5. Política fiscal competitiva
La comparación de estas cinco variables en ambos países determinan las divergencias macroeconómicas y político-institucionales entre Paraguay y Nicaragua y demuestran por qué «la receta» de ese país no funciona en Nicaragua.
«Desde un enfoque de economía política se demuestra cómo la destrucción del tejido gremial autónomo en Nicaragua, bajo un modelo de autoritarismo fundamentalista genera asfixia productiva y centralización ineficiente. En contraposición, el modelo paraguayo articulado mediante una estrecha gobernanza e interlocución entre el Estado y el sector corporativo-gremial ha consolidado un entorno de previsibilidad jurídica institucionalizado que culmina en la obtención del grado de inversión, expandiendo sus fronteras productivas a largo plazo», explica un economista que por temor a represalias pide omitir su nombre.
El costo de la energía
Un análisis comparativo de las variables macroeconómicas que están garantizando en Paraguay la reducción de la pobreza determina que en relación con la energía barata y costos regulatorios, la dotación y administración de los recursos energéticos constituye la primera gran asimetría de costos industriales entre ambos países.
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«Paraguay ha transformado su abundancia en recursos hídricos en una ventaja competitiva sistémica. Al ser copropietario de los colosales complejos hidroeléctricos binacionales de Itaipú y Yacyretá, el país
dispone de una oferta de energía limpia, renovable y sumamente barata. Este superávit energético se gestiona estratégicamente para atraer industrias electro-intensivas, centros de datos globales de alta tecnología y proyectos de manufactura avanzada que buscan descarbonizar sus cadenas de suministro», explica el economista.
Añade que Nicaragua ha concretado la transformación de su matriz de generación eléctrica, logrando que más del 70 por ciento provenga de fuentes renovables (geotermia, eólica, biomasa e hidroeléctrica). Sin embargo, el diseño institucional y contractual del mercado eléctrico nicaragüense anula esta ventaja técnica. Los contratos o Acuerdo de Compra de Energía a largo plazo (PPA por sus siglas en inglés), indexados al dólar y suscritos bajo condiciones de escasa transparencia, sumados a las elevadas pérdidas del sistema de distribución, imponen una de las tarifas eléctricas más costosas y punitivas del istmo.
La matriz agroexportadora
«De este modo, mientras la gobernanza energética de Paraguay actúa como un subsidio competitivo implícito a la producción, el marco regulatorio nicaragüense opera como un impuesto directo a la competitividad industrial», señala el economista.
Con respecto a la matriz agroexportadora considera que en la estructura agropecuaria y los canales de exportación, el perfil agroexportador de ambas naciones refleja el impacto directo del entorno gremial en la capitalización y escala productiva.
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«Explica que Paraguay se ha consolidado como un actor de peso global en la exportación de soya y carne bovina, sectores que se caracterizan por un alto grado de tecnificación, mecanización e inversión de capital genético. Además, el dinamismo sectorial se expande ahora hacia encadenamientos forestales de gran envergadura (como la planta de celulosa Paracel).
«Este salto de escala en Paraguay es el resultado de la estabilidad jurídica provista al capital agrario. Pero en el caso de Nicaragua el sector agropecuario representa el motor básico del empleo y la generación de divisas, mediante productos tradicionales como el café, la carne y el azúcar. Pero opera bajo condiciones de un rezago tecnológico estructural. Además, la destrucción de las organizaciones gremiales agrarias (a raíz de la crisis sociopolítica de 2018) provocó el desmantelamiento de los programas de asistencia mutua, asistencia técnica y líneas de financiamiento blando para pequeños y medianos productores», asegura el economista.
Inversión Extranjera Directa (IED)
Además, advierte que al operar «de forma atomizada y sin canales gremiales para consolidar una oferta exportable competitiva, el agro nicaragüense padece de una bajísima productividad media y queda atrapado en una vulnerabilidad extrema ante los choques de precios y el cambio climático, exportando commodities con mínimo valor agregado».
En lo relacionado con la dinámica de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) de Paraguay frente a la remesas que recibe Nicaragua, expone que la naturaleza institucional de los flujos de capital externo determinan de forma tajante la sostenibilidad del crecimiento. Paraguay logró en 2024 el «hito histórico» de alcanzar el Grado de Inversión emitido por agencias como Moody’s.
«Esta calificación soberana representa una certificación internacional de solidez institucional, predictibilidad jurídica y disciplina fiscal. El Grado de Inversión deprime los rendimientos de los bonos paraguayos y abarata el costo del crédito internacional no solo para el Estado, sino para todo su sistema corporativo, propiciando un flujo masivo y sostenido de IED de alta calidad técnica con horizontes de planeación a largo plazo», señala el economista.
Menos proyectos de inversión
Mientras tanto Nicaragua, debido a su elevado riesgo político y al aislamiento internacional derivado de la naturaleza autocrática del régimen Ortega Murillo, sufre una severa ralentización en la atracción de IED productiva de alta calidad, que queda confinada a enclaves específicos de minería de oro y regímenes de zonas francas textiles.
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«El verdadero motor de liquidez y sostén macroeconómico del país no es la inversión privada, sino el flujo masivo de remesas familiares que ya rozan el 30 por ciento del PIB. Si bien las remesas alivian de forma inmediata los índices de pobreza extrema y sostienen el consumo de los hogares, representan un síntoma inequívoco de descapitalización social profunda: el país expulsa sistemáticamente su fuerza laboral más joven y calificada a cambio de transferencias corrientes que financian el consumo de bienes, la mayoría importados, sin acumular capacidad productiva de futuro», advierte el economista.
Según el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2026: navegando el nuevo contexto global, que publicó la Cepal recientemente, el año pasado Nicaragua fue el segundo país centroamericano donde menos creció la IED y por quinto año consecutivo la reinversión de capital fue el principal componente de los 1,503 millones de dólares que recibió en concepto de IED. Además, por tercer año consecutivo se redujeron los anuncios de proyectos de inversión, el monto destinado a ellos cayó en 45 por ciento, con respecto a 2024 y se convirtió en el más bajo de los últimos veinte años.
El peso de las remesas
El año pasado Nicaragua recibió 6,315 millones de dólares en remesas, monto que equivale a cuatro veces los ingresos en IED. Además, representa alrededor del 30 por ciento del PIB, porcentaje que según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convierte a Nicaragua en el segundo país de América Latina más dependiente de estos recursos, superado ligeramente por Honduras, donde representan el 30.4 por ciento del PIB.
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Al comparar la infraestructura logística de Paraguay con los cuellos de botella que caracterizan a Nicaragua, el especialista menciona que la conectividad física traduce las visiones estratégicas de ambas economías.
Paraguay, a pesar de su condición geopolítica de mediterraneidad, es decir, que no tiene salida directa al mar, ha desarrollado la tercera flota de barcazas fluviales más grande del planeta, optimizando la hidrobia Paraguay-Paraná para sus exportaciones masivas. Asimismo, la construcción de la carretera del Corredor Bioceánico busca posicionar al país como el nodo central de tránsito logístico entre el océano Atlántico y el Pacífico en el Cono Sur latinoamericano».
Por su parte Nicaragua presenta una configuración de infraestructura asimétrica y paradójica. «El país posee una red de carreteras internas de excelente calidad técnica. Recientemente logró conectar de manera histórica la región del Pacífico con la Costa Caribe a través de una vía a Bluefields. Sin embargo, el desarrollo económico nacional colisiona contra un cuello de botella logístico terminal: la ausencia absoluta de un puerto de aguas profundas en el litoral del Mar Caribe».
Política fiscal en Nicaragua es agresiva
A esto se suma que «al estar el tejido gremial inhabilitado para impulsar alianzas público-privadas de gran calado, los exportadores nicaragüenses se ven obligados a desviar la mayor parte de sus flujos comerciales a través de Puerto Cortés en Honduras o Puerto Limón en Costa Rica. Este tránsito terrestre transfronterizo añade sobrecostos logísticos, demoras aduaneras y peajes que merman severamente los márgenes de ganancia de la producción nacional», dice el economista.
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Finalmente, la política fiscal que garantiza impuestos bajos en Paraguay contrasta con la presión tributaria que genera la de Nicaragua y deja de manifiesto que el marco tributario de ambos países obedece a filosofías económicas contrapuestas.
«Paraguay implementa una estrategia de incentivo radical fundamentada en su célebre esquema del Triple 10: un tipo impositivo plano del 10 por ciento para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto a la Renta Personal (IRP). Esta bajísima presión impositiva formal fomenta la radicación de multinacionales y estimula de manera directa la reinversión de utilidades en el circuito productivo local», asegura el especialista.
Impuestos bajos vs. impuestos altos
En un marcado contraste, Nicaragua ejecuta un modelo de presión fiscal altamente agresivo y punitivo, que se profundizó con la entrada en vigencia de la reforma tributaria de 2019. «Ante la contracción del financiamiento multilateral convencional, el régimen Ortega Murillo, utiliza a la Dirección General de Ingresos (DGI) y a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) como brazos de captación coercitiva», sostiene el economista.
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A esto se suma que el incremento del pago anticipado del Impuesto sobre la Renta (IR) del 1 al 3 por ciento sobre los ingresos brutos (no sobre utilidades netas) y el mantenimiento del IVA en 15 por ciento, ahogan el flujo de caja del menguado sector privado formal. «Esta política fiscal no persigue el desarrollo estratégico de la base productiva, sino el sostenimiento presupuestario del aparato de control estatal, desincentivando la formalización empresarial». advierte el economista.
El especialista concluye que el boom económico de Paraguay se sustenta, pese a las criticas, sobre un pacto político-institucional en el que funciona una dinámica de co-legislación tácita con los gremios productivos, y donde el Estado funciona como un agente facilitador de las demandas del sector privado. Esto ha blindado a la macroeconomía frente a los vaivenes políticos y otorgado al país una predictibilidad institucional que los mercados globales recompensan.
Sin canales de concertación público-privada
En cambio en Nicaragua la cancelación masiva de personerías jurídicas y confiscación de bienes a más de 5,500 organizaciones, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas las del sector productivo, eliminó los canales legítimos de concertación público-privada y destruyó los mecanismos de modulación de las políticas públicas. Al no existir interlocutores sectoriales independientes, las regulaciones estatales responden solo a la lógica de control político y a la necesidad recaudatoria.
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«El auge macroeconómico de Paraguay demuestra la efectividad de la estabilidad institucional y el consenso gremial para propiciar la formación de capital y atraer inversiones estructurales bajo la
certificación del Grado de Inversión… Mientras que la realidad de Nicaragua devela la inviabilidad económica de largo plazo de los regímenes autoritarios que confunden el monopolio de la fuerza con la estabilidad social. Al desmantelar el tejido gremial de la empresa privada y del sector agropecuario, el gobierno nicaragüense eliminó los anticuerpos productivos de la economía, induciendo una parálisis competitiva», advierte el economista.
Concluye que la «centralización unilateral del crédito, la tributación punitiva y los elevados costos energéticos configuran una asfixia productiva estructural. En este entorno, el crecimiento no se genera por la vía de la productividad o la inversión, sino que se reduce a una supervivencia precaria sostenida artificialmente por los flujos de remesas familiares. El modelo nicaragüense consume su propio capital humano, sacrificando la viabilidad del PIB potencial futuro a cambio del control político absoluto en el presente».
