Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
En todo el mundo desarrollado se escucha la misma historia preocupante. Desde Bruselas hasta Washington, líderes políticos y empresariales advierten que nuestras economías se han vuelto poco competitivas debido a los salarios demasiado altos y la excesiva regulación. Se nos dice que, al abaratar la mano de obra y desregular, la inversión privada abundará.
Este diagnóstico puede parecer de sentido común para algunos. Pero ahora contamos con amplia evidencia y experiencia real para saber que es completamente erróneo. En un nuevo estudio para la Confederación Europea de Sindicatos, mis colegas y yo seguimos el rastro del dinero para poner a prueba esta hipótesis, analizando los registros financieros de las 300 mayores corporaciones no financieras que cotizan en bolsa en Europa durante los últimos 25 años. Nuestros hallazgos deberían preocupar a los responsables políticos tanto en Europa como en otros lugares. Durante dos décadas, el capital ha sido abundante y barato, y las ganancias corporativas sólidas; sin embargo, la inversión, la productividad y los salarios se han estancado. La principal limitación al crecimiento no ha sido el precio de la mano de obra, sino la asignación del capital.
Nuestro estudio detalla cómo las grandes empresas mantienen márgenes de beneficio saludables para sus accionistas incluso cuando sus operaciones reales se ven afectadas. Las compañías obtienen cada vez más su sustento como agentes financieros —recaudando intereses sobre bonos o títulos del Tesoro, recibiendo dividendos y prestando a sus propios clientes— en lugar de como productoras. Como resultado, los dividendos para los accionistas han crecido más rápido que los beneficios que los financian. El sector empresarial no financiero en Europa no solo ahorra ahora más de lo que invierte, sino que, desde 2009, se ha convertido en un prestamista neto para el resto de la economía, una inversión sorprendente de su papel histórico.
Cuando los beneficios de las mayores empresas europeas se destinan cada vez más a la recompra de acciones, dividendos y activos financieros en lugar de a la producción e innovación, el resultado es un creciente «coste social derivado de la mala gestión del capital». A medida que disminuye la rentabilidad del capital productivo, resulta más atractivo invertir cada euro adicional en activos financieros que en una nueva fábrica o laboratorio. En las empresas que hemos estudiado, el stock de capital está en declive neto; y en el sector empresarial no financiero europeo, la formación neta de capital se ha reducido a menos de la mitad como porcentaje del PIB desde el año 2000, pasando del 3.7 % al 1.6 %. Por cada euro de beneficio obtenido por las empresas no financieras europeas, la proporción reinvertida —después de la depreciación— en nueva capacidad productiva se ha reducido a menos de la mitad, pasando del 18.9 % en el año 2000 a tan solo el 7.4 % en 2024.
Los trabajadores han pagado por esta continua acumulación financiera. La participación del trabajo en la renta de la economía real (excluyendo finanzas, seguros, bienes raíces y el sector público) es menor hoy que en el año 2000, y sigue disminuyendo en varios países europeos importantes. Más de dos tercios de las empresas que analizamos habían anunciado procesos de reestructuración —poniendo en riesgo 2.7 millones de empleos europeos— y casi el 80 % de esos anuncios provenían de empresas que obtuvieron beneficios ese mismo año.
Esto implica que los recortes de empleo no se produjeron como respuesta a las pérdidas, sino como táctica para aumentar la rentabilidad. Durante el último cuarto de siglo, los beneficios crecieron casi el doble de rápido que los salarios en el sector corporativo no financiero , y los dividendos para los accionistas crecieron aún más rápido. Las ganancias derivadas de dos décadas de crecimiento de los beneficios se han destinado al capital, no a los trabajadores que lo generaron.
Este problema no es exclusivo de Europa. Refleja la lógica de la financiarización que se ha afianzado a nivel mundial. Sin embargo, este proceso se basa en una teoría errónea del valor que no distingue entre crearlo y extraerlo. Como demuestro en El valor de todo, la disciplina económica ha olvidado la diferencia entre las ganancias obtenidas al producir y las rentas capturadas al poseer. Hasta que no corrijamos este error fatal, los riesgos de la innovación seguirán recayendo colectivamente —sobre los contribuyentes, la investigación financiada con fondos públicos y los trabajadores—, mientras que las recompensas se concentran cada vez más en unos pocos.
Nada de esto es inevitable. La financiarización es el resultado de políticas que reflejan decisiones moldeadas por normas de gobierno corporativo, códigos tributarios, regímenes de ayudas estatales y reglas fiscales. La tarea del gobierno no consiste simplemente en abaratar o aumentar la disponibilidad de capital (el capital barato no se convierte en inversión productiva por sí solo), sino en modificar las condiciones en las que se despliega y se comparte. Esto requiere condiciones vinculantes para el apoyo público; una inversión pública que participe tanto del riesgo como de la recompensa, en lugar de limitarse a reducir el riesgo de los rendimientos privados; y un gobierno corporativo orientado al largo plazo, en lugar de al próximo trimestre.
Estos ingredientes conforman la base de lo que he denominado una estrategia industrial moderna y orientada a la misión. La clave no reside en elegir a los ganadores, sino en seleccionar a los dispuestos: canalizar los flujos de inversión mediante audaces misiones públicas y forjar alianzas público-privadas simbióticas y bien diseñadas que orienten el crecimiento hacia un valor social y ambiental real. La NASA no desalentaba la innovación al incluir cláusulas de «no beneficio excesivo» en los contratos de adquisición que nos llevaron a la Luna y de regreso en 1969. Por el contrario, creó un sistema orientado a soluciones que resolvió problemas reales (qué vestirían y comerían los astronautas, y cómo irían al baño) y, al mismo tiempo, impulsó el crecimiento en la Tierra.
Se requieren colaboraciones similares para abordar el cambio climático, lo que plantea interrogantes sobre nuestra alimentación, nuestra movilidad y los materiales de construcción que utilizamos. En todos estos desafíos, los trabajadores deben estar en el centro, no al margen. Como Damon Silvers y yo argumentamos durante la huelga de trabajadores automotrices de EE. UU. en 2023, una transición ecológica que no genere empleos dignos carecerá del apoyo político necesario para tener éxito. Los trabajadores y los sindicatos no son un elemento secundario; deben formar parte de la infraestructura institucional que rige la economía, razón por la cual necesitamos un nuevo contrato social entre las empresas, los trabajadores y el Estado.
Creo que el argumento a favor de una nueva economía está ganando terreno. En mi nuevo libro, La economía del bien común, desarrollo una guía que puede orientar este proceso. Debemos pasar de simplemente corregir las fallas del mercado a redefinir el objetivo, lo que Aristóteles denominó el telos de la polis. Tanto el «qué» como el «cómo» son importantes. Solo prestando la debida atención a las relaciones entre capital y trabajo, sector público y privado, y Estado y sociedad civil podremos comenzar a transformar nuestras economías. Competitividad y justicia no son objetivos opuestos. La verdadera elección radica en una economía que recompensa la extracción y otra que construye los cimientos compartidos de una prosperidad duradera.
La autora es profesora del University College London, es la directora fundadora del Instituto UCL para la Innovación y el Propósito Público y autora de numerosos libros, entre ellos The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023) y The Common Good Economy: A New Compass. (Allen Lane, 2026).
Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org
