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El documento en que la dictadora Rosario Murillo ordena más represión y fortalecer la estructura de su partido en 2026, que ha circulado como borrador pidiendo aportes a sus partidarios en los últimos días, es en realidad un manual de consolidación dictatorial que no resuelve la crisis que vive el país: la económica, social, política y religiosa, comentaron dos analistas consultados por LA PRENSA.
Para el sociólogo Óscar René Vargas, la represión solo ha dejado un régimen dictatorial más frágil y con mayores fisuras en la sociedad nicaragüense en estos últimos siete años, desde que estallaron las protestas de miles de ciudadanos inconformes con una reforma inconsulta a la seguridad social. La respuesta fue violenta de parte de las autoridades y una persecución creciente a cualquier voz disidente, a partir de ese momento.
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Vargas es ex preso político y un antiguo asesor de la Dirección Nacional del FSLN, quien conoce tanto a Ortega como a Murillo. Además de la represión a la población, Murillo ha sido señalada de encabezar las purgas en las instituciones del Estado en aras de consolidar su poder, persiguiendo a muchos de los llamados sandinistas históricos.
El régimen de Ortega cumple 19 años continuos en el poder el próximo 10 de enero. La crisis económica golpea a la ciudadanía. «En el 2026, el deterioro del bienestar y la calidad de vida de los sectores populares continuará. Ese deterioro es tal que los hijos están teniendo un nivel de vida inferior al de sus padres», sostuvo Vargas. Sin embargo, las prioridades parecen políticas para la dictadura.
Desde febrero pasado, gracias a una reforma de la Constitución, Rosario Murillo tiene el mismo nivel jerárquico de Daniel Ortega con el mal llamado cargo de «copresidente». Según Vargas, Murillo figura como la sucesora de la dictadura tras una posible ausencia de Ortega, quien cumplió 80 años en noviembre pasado. El experto dijo que ella no logrará generar un cambio en Nicaragua y, por el contrario, solo buscar continuar un modelo político y represivo que ha alcanzado a los religiosos. Informes independientes aseguran que hay al menos 300 religiosos viviendo en el exilio a causa de la persecución, entre ellos cuatro obispos.
«Es evidente que los problemas que no han podido resolverse en 2025 no se resolverán porque Ortega y el grupo en el poder hayan establecido como sucesora a Murillo. Por lo tanto, las cinco crisis van a continuar y la estrategia represiva también. Se requiere un cambio sustancial de rumbo», señala Vargas.
La manipulación de Murillo
Por su parte, el politólogo y ex preso político, Félix Maradiaga, asegura que Murillo lo único que busca es obediencia forzada utilizando un supuesto lenguaje de paz, amor y comunicación. «En ese documento, paz se convierte en sinónimo de silencio; unión significa subordinación; comunicación permanente suena a participación, pero opera como monitoreo; y defensa de la paz funciona como etiqueta moral para perseguir. No es un exceso retórico; es un método de control», agrega a LA PRENSA.
Maradiaga dirige desde el exilio el partido político llamado Ruta del Cambio, miembro de la Internacional Liberal.
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El politólogo descarta que se trate de un plan anual de Murillo o una orientación partidaria y asegura que más bien es «un manual de consolidación dictatorial, un instructivo para profundizar el control social y reducir más el espacio de libertad de los nicaragüenses».
Maradiaga asegura también que la organización territorial, el fortalecimiento de las unidades del partido sandinista y la cohesión, de los que habla el escrito, se traducen en «más estructura partidaria metida en barrios, escuelas, centros de salud, alcaldías y empleo público». Además se avecina más presión para los funcionarios del Estado y castigo para quien no participa.
Las estructuras del FSLN en los barrios son uno de los brazos del poder en un país en que el partido está subordinado desde hace décadas a la familia Ortega Murillo. Esas redes de fanáticos han recibido varios nombres en estos años: Concejo del Poder Ciudadano, o Consejo de Liderazgo Sandinista o las llamadas Unidades de Victorias Electorales. Todos bajo control directo de la dictadora.
Llamado a la unidad
Para el sociólogo Vargas, el intento de Murillo por unificar al orteguismo es un objetivo «difícilmente alcanzable», mientras la dictadora mantenga en prisión a los principales cuadros del sandinismo. «Murillo puede intentar poner en libertad a algunos de ellos, pero eso no resuelve las fracturas y fisuras provocadas por la ola represiva del 2025», sostiene.
Vargas se refiere probablemente a aquellos dirigentes que han sido encarcelados en las purgas, entre los cuales hay históricos del FSLN.
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Una de las principales figuras del sandinismo que recibió la purga que implementa Murillo es el excomandante sandinista Bayardo Arce Castaño, quien fungió como asesor económico de la dictadura y fue una figura cercana a Ortega. Fue detenido el pasado 30 de julio, en medio de una supuesta campaña del Estado contra la corrupción. Durante décadas investigaciones periodísticas han denunciado a este personaje y fuentes han explicado que sus actuaciones se circunscriben dentro de la llamada «corrupción autorizada», dado que este flagelo es una característica de la administración Ortega Murillo. Fuentes aseguran que el viejo aliado permanece detenido en las celdas de La Modelo de Tipitapa, en Managua.
Maradiaga dice que Murillo con su narrativa —oscilando entre mística y consignas— busca preparar la continuidad de la dictadura en el poder en Nicaragua y «sacraliza» al partido para exigirle a sus simpatizantes lealtad absoluta. Eso significa que cualquier crítica que se realice será considerada una traición. «Una dictadura que se repite ´victoriosa´ y ´siempre más allá´ confiesa su obsesión: perpetuarse. El horizonte que ofrecen no es ciudadanía; es permanencia», critica Maradiaga.
¿Qué se puede esperar de la dictadura?
A estas alturas, cuando Ortega y Murillo han sido denunciados en la comunidad internacional por graves violaciones de derechos humanos, todavía el escenario puede ser peor. Maradiaga enfatiza que aún pueden cercar más a la población a través de la carnetización y los registros con los que condiciona el acceso a los derechos y oportunidades. También menciona la represión legal y administrativa como cancelaciones, restricciones, fiscalizaciones selectivas, cierres y confiscaciones; la vigilancia digital a través de más persecución, ataques a periodistas y propaganda obligatoria; así como control social y represión transnacional a la comunidad nicaragüense en el exilio.
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«Si no hay una presión sostenida nacional e internacional, 2026 será el año de la normalización del abuso: más propaganda y disciplina interna para sostener obediencia; más control territorial para anticipar cualquier protesta; y más ingeniería del miedo para impedir que la sociedad se rearticule. Al mismo tiempo, intentarán vender al exterior una imagen de ‘normalidad’, mientras por dentro cierran la política y profundizan el castigo selectivo. Esa doble cara, propaganda hacia fuera, represión hacia dentro, será, me temo, la marca del año», concluye Maradiaga.
