La venganza de Rosario Murillo contra los movimientos de mujeres

Tres años atrás, Sara acompañaba a niñas y a adolescentes de una comunidad rural de Managua. Es defensora nicaragüense de mujeres, sigue en Nicaragua y recuerda cuando se reunía para impartirles charlas. Una de las tareas que más le gustaba era conversar con las niñas que se quejaban porque en las calles los hombres les decían palabras grotescas, pero a veces les querían tocar el cuerpo. A pesar del peligro, esas víctimas no platicaban esas situaciones con sus madres, menos con el resto de la familia. Temían que las regañaran.

Su contribución al principio era hacerles comprender que no eran culpables de esos abusos, sino que hay un problema en la sociedad: Se ve normal que los hombres maltraten a las mujeres. Eso debe cambiar. Sin embargo, sobre el fenómeno de la violencia machista ocurre lo siguiente: Las autoridades no publican las estadísticas que ayudan a entender el tema, mientras los reportes independientes indican que 72 nicaragüenses han sido víctimas de femicidios hasta noviembre. Los movimientos de mujeres han sido desarticulados. Desde el exilio, muchas responsabilizan a la dictadora Rosario Murillo.

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El día a día de Sara era complejo. Se enteraba de que alguna niña, de entre 13 y 17 años, era víctima de violencia. Lo más difícil era saber que alguna de ellas había tenido que irse de su casa para “convivir” con un hombre mucho mayor que ella. En otras ocasiones, era reconfortante cuando las mismas adolescentes le contaban que habían defendido o ayudado a otra niña a superar episodios de violencia.

Una parte importante de su tarea era entonces ayudar a mejorar la comunicación con las madres especialmente. Si las niñas debían decir, las progenitoras les enseñaba a escuchar, prestar más atención y a creerles todo. A las niñas les enseñaba a autocuidarse, pero ahora todo es pasado. El régimen de Nicaragua canceló la personería jurídica del organismo de mujeres al que pertenecía Sara.

No se trató de una cancelación justificada, sino que fue dentro de la persecución que los Ortega Murillo desataron contra los organismos de mujeres y feministas desde 2018, como represalia porque los movimientos de mujeres se sumaron las protestas cívicas de ese año. Miles y miles de personas pidieron la dimisión de Ortega, luego de la respuesta violenta del Estado contra los manifestantes inconformes con una reforma inconsulta a la seguridad social y el manejo oficial de un incendio en una reserva natural del país.

“Apoyamos las protestas debido a la represión que estaba desatando el régimen (Ortega Murillo). Sabemos que los derechos de las mujeres no están aislados; que sin democracia los derechos de las mujeres no se respetan y las mujeres siempre hemos estado comprometidas en conformar una sociedad democrática. Aspiramos a una sociedad en igualdad”, indica Amarilis, quien se marchó al exilio.

Entre abril de 2018 y el primer semestre del 2025, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos documentó 3,802 agresiones a defensoras de mujeres y organizaciones de mujeres en Nicaragua. Los números retratan a un Estado agresor: La estadística representa el 28 por ciento del total de agresiones registradas de los Ortega Murillo en contra de la población nicaragüense. Es decir, las defensoras de mujeres han estado sometidas a hostigamientos, a que las vigilen en sus hogares, no les permiten movilizarse dentro del país y algunas han sido incluso detenidas y sometidas a torturas, añade el documento, a manos de la Policía del régimen o fuerzas paramilitares.

“No queda nada”

A Florinda ya es difícil que le den trabajo en Nicaragua. Tiene casi 60 años y, antes de la persecución, trabajaba en una zona rural. Es casi una tragedia para ella, pero también para la sociedad nicaragüense, porque se trata de una de las mejores especialistas en violencia machista en el país.

Cuando tenían casos graves de mujeres violentadas, los jueces especializados en violencia preferían llamarla a ella que a las especialistas contratadas por el poder judicial. Ella también solía capacitar al personal del Estado, especialmente a policías, para que aprendieran a atender a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia machista y sexual. En general, siempre fueron mejor capacitadas las especialistas de las organizaciones de mujeres que las del Estado, señala Florinda.

Se quedó sin empleo también en el 2022 por el mismo motivo: la dictadura canceló la organización de mujeres para la que ella trabajaba. La represión de los Ortega Murillo contra los nicaragüenses ha incluido también la cancelación de las personerías jurídicas de los organismos de mujeres. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos calcula que, hasta este 2025, van más de 350 organismos de mujeres cerrados, a los que también les han confiscado todos los bienes y les han prohibido a sus integrantes que continúen trabajando en favor de sus colectivos en territorio nicaragüense.

Según la Articulación Feminista de Nicaragua, muchas defensoras de mujeres han sido prisioneras políticas de los Ortega Murillo y han sido excarceladas. Pero, según información recabada hasta noviembre de 2025, al menos cinco de ellas siguen actualmente en las mazmorras de la dictadura y otras ocho están en condición de desaparición forzosa.

Algunos de los grupos cancelados fueron el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Colectivo de Mujeres Itza, la Red de Mujeres contra la Violencia, Puntos de Encuentro, el Movimiento María Elena Cuadra, Fundación Xochiquetzal, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Grupo Venancia, Oyanka, el Colectivo 8 de Marzo, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni). Se trata de una extensa lista.

Florinda prefiere decir que “ya no queda nada” de las organizaciones de mujeres en Nicaragua y que ella ha optado por una especie de “retiro”, “desvinculada” de todo, porque la represión está “fuerte” en contra de las defensoras de mujeres que permanecen en el país.

Algunas de las que fueron compañeras de Florinda le han comentado que en las comunidades algunas defensoras de mujeres están siendo presionadas por agentes de la dictadura para que se conviertan en “informantes” de la Policía y por eso ella decidió mejor cortar vínculos con todas sus excompañeras.

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Desde lejos, Florinda está viendo ahora cómo los femicidios aumentan. El observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), uno de los pocos organismos de mujeres que aun monitorea la violencia machista en Nicaragua, reporta que, hasta mediados de noviembre de este 2025, se han registrado 72 nicaragüenses víctimas de femicidio, 51 de esos crímenes han ocurrido dentro del país y los otros 21 afuera. El problema es que las instituciones estatales, como la Policía y el Instituto de Medicina Legal (IML), tampoco publican ninguna estadística sobre la violencia machista. Eso hace difícil contrastar la información.

Dedicada ahora a “las labores de mi casa y nada más”, Florinda explica que añora el trabajo que realizaba en beneficio de las mujeres que sufren violencia machista en Nicaragua, especialmente las terapias que brindaba a las víctimas de violaciones y otros abusos sexuales, que incluía no solo a mujeres, sino también a niñas y niños, las cuales quedaban muy lastimadas.

El trabajo de las organizaciones de mujeres, indica Florinda, se trataba de una labor titánica, que incluía sostener albergues para que ahí se alojaran las mujeres que eran agredidas en sus hogares por los hombres, se les brindaba asesoría jurídica o se les dotaba de un abogado para que impulsaran el juicio contra los agresores, se les acompañaba a los juzgados para que vencieran el temor a sus victimarios. Además, se les brindaba pasajes y alimentación si vivían en zonas lejanas a las instalaciones judiciales, entre otros muchos apoyos.

Ana Quiroz, una lideresa feminista actualmente exiliada en Costa Rica, indica que la ayuda en materia de salud era también enorme a las mujeres que sufrían violencia machista. Se les brindaba atención psicológica, se les realizaban chequeos físicos y también se les brindaba atención ginecológica y obstétrica. Se atendía a las pacientes con cáncer y se les realizaban pruebas para detectar enfermedades venéreas y el VIH, especialmente a las víctimas de abuso sexual.

“Todo esto ha sido eliminado”, advierte Quiroz, aunque asegura que todavía quedan algunas defensoras activas dentro de Nicaragua, que todavía acompañan a las víctimas de violencia machista en las delegaciones policiales y de la comisaría, o en los juzgados, pero lo hacen de forma “clandestina”, haciéndose pasar como “amigas” o “familiares”.

Las instituciones no están a favor de las mujeres

Según una valoración que hizo una psicóloga de los juzgados de Managua en enero de este año 2025, Bayardo Jesús Morales, de 43 años, era un hombre que tenía una actitud negativa y violenta contra “niños, niñas, adolescentes y mujeres”. Tampoco tenía un “trato igualitario” para con estos segmentos. El diagnóstico agregó que no tenía una “masculinidad sana”.

Sin embargo, a pesar de que estaba preso en la cárcel Modelo de Tipitapa porque su esposa, Julissa Asunción Montoya Chavarría, de 47, lo había denunciado por maltrato y amenazas de muerte, el juez Cuarto de Distrito Especializado en Violencia de Managua, Harold Javier Leal Elías, ordenó la liberación del hombre el 3 de febrero pasado.

La liberación se produjo gracias a que la Fiscalía, que se supone representa a las víctimas, impulsó un acuerdo, sobre la base de algo que en la justicia se le llama “principio de oportunidad”, para que Morales ya no fuera procesado, comprometiéndose a ciertas obligaciones como no acercarse a la víctima.

El resultado llegó cuatro meses después, en junio de 2025, cuando Morales llegó a la casa de Montoya y mató a esta última y a la hija que habían procreado, una adolescente de 13.

Seguidamente, tras grabar un vídeo confesando el doble crimen, Morales se quitó la vida colgándose.

La feminista Ana Quiroz considera que la dictadura, más aún después de eliminar a los movimientos de mujeres en el país, “no brinda una respuesta real” al problema de la violencia contra las mujeres.

“Las comisarías de la mujer no son un instrumento real para defender a las mujeres. El papel que tienen, juntos a los Consejos (del Poder) Ciudadano (CPC) y miembros del FSLN (Frente Sandinista), es forzar a las mujeres a que hagan mediaciones con los agresores, en un ambiente en el que los agresores tienen todo que ganar y las mujeres todo que perder”, dice Quiroz.

Una prueba fehaciente de ese desprecio que los Ortega Murillo tienen por la seguridad de las mujeres, menciona Quiroz, son los indultos que frecuentemente Ortega a agresores de mujeres, incluso violadores, en concordancia con que el propio dictador fue acusado de violación y logró escapar a la justicia.

“Esos indultos, o perdón presidencial”, son señales que le dicen al resto de los hombres que no importa si maltratan a las mujeres, de todas maneras, no te van a castigar, como ocurrió con el hombre que mató a una mujer en el hospital Militar”, expresa la feminista.

Quiroz se refiere a Giovanni Fonseca Mendieta, de 41 años, quien mató en agosto pasado de al menos 10 cuchilladas a su excompañera de vida Ericka Judith Martínez, de 34, en la capilla del hospital Militar después de que ella le había insistido en que ya no quería algo con él.

Fonseca andaba libre a pesar de que en el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Adolescentes de Managua y Especializado en Violencia por Ministerio de Ley de Managua, hay una acusación en su contra, porque había amenazado a Martínez con una bayoneta el 9 de febrero de este año, advirtiéndole que iba a derramar su sangre.

Entre 2018 y 2025, Daniel Ortega ha liberado a más de 47,000 reos comunes, indicó en sus redes sociales la Articulación Feminista de Nicaragua. “Se les otorga el beneficio de convivencia familiar, sin ningún trámite legal o fiscalización ciudadana, y aumenta la inseguridad. El régimen admite que el ocho por ciento de los excarcelados ha reincidido y uno de ellos asesinó a una mujer y a su niña. Medios independientes han documentado al menos 10 casos donde los femicidas fueron beneficiarios de esas excarcelaciones”, indicó la Articulación Feminista en un post.

Por su parte, Amarilis, actualmente en el exilio, lamenta que las instituciones del Estado solo están en función de ser útil a la represión que Ortega y Murillo han desatado contra la población desde 2018 y son utilizadas para controlar a la población.

Amarilis comenta que los Ortega Murillo reformaron la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual inicialmente estaba conformada con “los elementos necesarios” para erradicar la violencia machista en Nicaragua y sancionar a los agresores, pero la dictadura la ha cambiado a una ley “sin fuerza”.

“Todas las leyes, como las instituciones, se han desmontado. Los juzgados de violencia no se han eliminado, pero sabemos que el sistema de justicia está al servicio de la represión, como todas las instituciones del Estado y muy poco a favor de las mujeres, que también han perdido la confianza en la Policía y prefieren usar las redes sociales para denunciar la violencia que sufren, como la desaparición de niñas y adolescentes. Hay poco apoyo de las instituciones y las mujeres siguen siendo asesinadas”, lamenta Amarilis.

La situación de las defensoras

A pesar de ser un colectivo que responde a una necesidad primaria para el país, en el caso de las defensoras, el Estado las ha hostigado de sobremanera con el cierre de sus organizaciones desde 2019. En cuanto supieron que el Ministerio de Gobernación (Migob) había cancelado a las mismas, ellas empezaron a ocultar o desaparecer documentos, archivos, cualquier información que la Policía del régimen pudiera utilizar en su contra, si se daba un allanamiento de las instalaciones de dichos organismos de mujeres.

Esa criminalización había ocurrido en 2008, cuando el régimen Ortega Murillo acusó a nueve feministas de malversación de fondos y lavado de dinero, sin pruebas. Al final no hubo acusación formal, pero durante varios meses las mantuvo en zozobra y sometidas a una campaña de desprestigio.

Sara, la defensora de mujeres que trabajaba con adolescentes en 2022, recuerda que, tras el cierre de su organización, empezó a continuación una época de incertidumbre en todos los sentidos. La parte económica era grave. “Tanto mis compañeras como yo empezamos a buscar alternativas económicas y, a la vez, enfrentar la persecución (de la dictadura). A nivel personal, el miedo sigue latente”, comenta

Ella aún se encuentra en el desempleo y se mantiene realizando algunas consultorías y a través de un negocio familiar que apenas da para “sobrevivir”.

“No he pensado en migrar (irse al exilio), estaré aquí (en Nicaragua) hasta que se cierre la última puerta. Mis compañeras están emprendiendo, una puso un negocio de ropa, otra alquiló su casa, otras andan buscando trabajo, pero los salarios son bajísimos. Todas estamos así, emprendiendo o desempleadas. Otras han migrado”, expone Sara.

Esta defensora de mujeres es una de las que se mantiene trabajando de manera clandestina dentro de Nicaragua.

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“A las niñas tratamos de mantenerlas activas. A veces conseguimos donaciones, con personas que nos ayudan, y al menos una vez al año podemos reunirnos. Lo que hacemos es que simulamos que estamos celebrando un cumpleaños, o que andamos de paseo, para no despertar la sospecha de la Policía o de los espías (de la dictadura). Pero, las niñas no tienen el mismo seguimiento de antes”, indica Sara.

Pero la defensora lamenta que, a veces, han pedido apoyo a la comunidad internacional. Pero les dicen que, por las “sanciones impuestas a los Ortega Murillo”, las ayudas a Nicaragua, Cuba y Venezuela están canceladas de momento.

Una “libreta de cuentas”

Las defensoras de mujeres sospechan que Rosario Murillo tiene una libreta con “cuentas pendientes” que cobrarles a los movimientos de mujeres y a las feministas.

Lo sospechan, comentan Ana Quiroz y Amarilis, porque desde la década de 1990 los movimientos de mujeres “nunca agacharon la cabeza” ni se plegaron a “los intereses” de los Ortega Murillo, a pesar de que en ese momento no estaban en el gobierno aún, sino que eran oposición.

Por ejemplo, en 1998, cuando la hija biológica de Rosario Murillo y adoptiva de Daniel Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, denunció a Ortega por violación, los movimientos de mujeres y las feministas le dieron el apoyo total a la joven, algo que Murillo no les perdona.

Conociendo que los Ortega Murillo nunca han mostrado un verdadero apoyo a la defensa de los derechos de las mujeres, ningún movimiento de mujeres los apoyó en la campaña electoral del 2006, año en el que ganaron las elecciones y Ortega retornó al poder.

Amarilis menciona que los organismos de mujeres también denunciaron a Ortega desde que en 1999 comenzó a hacer pactos que le ayudaron a retornar al poder y mediante los cuales se repartió las instituciones estatales con el liberal Arnoldo Alemán, desmontando la institucionalidad y acumulando tanto Ortega como Alemán grandes concentraciones de poder.

El punto crucial se produjo cuando Ortega, durante 2006, en plena campaña electoral, permitió que se penalizara el aborto terapéutico para congraciarse con la Iglesia católica, que siempre había hecho campaña contra el sandinismo.

“Los derechos de las mujeres fueron moneda de cambio (a favor de Ortega) para evitar esa condena que la iglesia había hecho hacia el FSLN. Nosotras estuvimos firmes contra esa venta de los derechos de las mujeres a cambio de poder”, manifiesta Amarilis.

Ortega regresó al poder en enero de 2007. Dos meses después, él y su esposa Rosario Murillo empezaron su “venganza” contra los movimientos de mujeres y las feministas, porque en marzo de 2007 organizaron una contramarcha para limitar la marcha que los organismos de mujeres realizaban cada año el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Desde ese 8 de marzo de 2007, los Ortega Murillo no pararon en su represión contra los organismos de mujeres. Se agudizó desde 2018 hasta terminar en la actualidad, cuando no hay ningún movimiento de mujeres funcionando legalmente en Nicaragua. Las más afectadas están siendo las víctimas de violencia machista: mujeres, niñas y niños, mientras Murillo concentra cada día más poder.

Los nombres de Sara, Florinda y Amarilis, defensoras de derechos humanos, fueron cambiados en este reportaje para resguardar su seguridad.

Este reportaje fue publicado con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.