Organizaciones que trabajan con mujeres viven entre resistencia y persecución

Aunque las defensoras de los derechos de la mujer afirman que seguirán firmes en su exigencia de un Estado democrático y su denuncia y demanda por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos que tienen todas las mujeres, están conscientes que el propósito del régimen orteguista es «pulverizar» el movimiento feminista nicaragüense. Asimismo reconocen que desde el 2018 hay un «fuerte retroceso» en el ejercicio de los derechos para las mujeres porque el país vive bajo represión.

«Hay un retroceso muy fuerte con relación al ejercicio de los derechos para las mujeres desde abril de 2018 porque en Nicaragua hay un retroceso, una represión, una situación de un Estado que no respeta la Constitución y las leyes; y por lo tanto, las mujeres, las niñas, los niños y poblaciones vulnerables —como indígenas, personas con discapacidad— están viviendo mayor discriminación y dominación de alguna manera también, porque no pueden ejercer ni demandar a las instituciones estatales que se les respeten y se les cumplan sus derechos humanos», plantea por su parte una activista de derechos humanos, que prefiere el anonimato por temor a represalias del régimen.

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«Estos 15 años (de gobierno orteguista) han sido de ataques sistemáticos hacia las organizaciones feministas, incluyendo una campaña permanente de estigmatización en que la propia vocera del Gobierno (Rosario Murillo) nos ha acusado de todo: de no ser mujeres de verdad, de estar en contra de la familia, de ser mujeres que queremos traer costumbres extrañas; incluso, ha acusado a nuestras organizaciones, sin ningún fundamento, de ser corruptas, de no manejar el dinero con transparencia», expresa la socióloga y activista feminista María Teresa Blandón.

Desde noviembre de 2018 hasta febrero de este año, el régimen de Ortega ha cancelado, a través de la Asamblea Nacional, la personería jurídica de más de cien organizaciones, muchas de ellas trabajaban en pro de los derechos humanos de las mujeres.

Recientemente el régimen canceló la personería jurídica del Movimiento María Elena Cuadra, que trabaja con mujeres de zonas francas. En años anteriores, también lo hizo con la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka y la Fundación Entre Volcanes, entre otras.

«Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres en el mundo, y es que todas las conquistas que hemos alcanzado las mujeres no han sido regalos, no han sido por prebendas, no han sido, digamos, por graciosas ofertas que nos han dado el Estado u otros actores; todo lo contrario, todo lo que hemos logrado lo hemos logrado gracias a nuestras luchas, gracias a que hemos estado juntas para resistir y para desafiar todas las formas de discriminación, las que ocurren en el espacio privado y las que ocurre en el espacio público», agrega Blandón.

El retroceso

En el escrito Las mujeres en la historia de Nicaragua: sus relaciones con el poder y el Estado, de María Hamlin Zúniga y Ana Quirós Víquez, las autoras exponen que fue después de la revolución sandinista con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, en los años noventa, que tuvieron espacios «para opinar y empujar demandas de manera efectiva». En ese periodo se creó la primera Comisaría de la Mujer.

Sin embargo, con el mando de Arnoldo Alemán el trabajo se complicó debido a la corrupción y «acercamiento a la jerarquía católica y negociaciones con el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)».

Las mujeres nuevamente «adquirieron mayor reconocimiento como actoras políticas en el quehacer nacional» con el gobierno de Enrique Bolaños, pero nuevamente su lucha se topó con un obstáculo que permanece hasta ahora: «Daniel Ortega».

«Este gobierno está realizando todas las maniobras y transformando leyes en contra de todo aquel movimiento y organización que no piensen igual que ellos, y está cerrando todas las organizaciones de mujeres que siente que es un peligro, de las mujeres que acompañamos a Zoilamérica (denuncia por violación contra Ortega-1998), a las mujeres que hemos denunciado los abusos sexuales», manifiesta la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

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Ejemplo de ello fue lo sucedido en el 2008, cuando el Ministerio de Gobernación acusó al Movimiento Autónomo de Mujeres y al Grupo Venancia, de lavado de dinero y triangulación. El régimen de Ortega ya boicoteaba las marchas que realizaban los movimientos de mujeres en fechas como el 8 de marzo o 25 de noviembre, reporta Las mujeres en la historia de Nicaragua: sus relaciones con el poder y el Estado.

«Durante 2008 y 2009, varias movilizaciones de mujeres en fechas como el 8 de marzo, el 25 de noviembre o el Día Internacional de los Derechos Humanos fueron atacadas y entorpecidas por lo que se llamó ‘contramarchas’ de empleados públicos movilizados por el Gobierno, aduciendo que eran ‘ciudadanos individuales’, así como por grupos de mujeres del partido», expone el documento, publicado en el 2014.

Reportes periodísticos de 2014 o 2017 informaron en su momento el despliegue desproporcionado de fuerzas especiales para impedir que las mujeres pudiesen manifestarse en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).

«El actual régimen en Nicaragua sí ha estado amenazando, hostigando, reprimiendo a las feministas y a las mujeres que consideran opositoras. Así se ve el ensañamiento, la tortura que están viviendo las presas políticas que inclusive está manifestado que están viviendo distintos tipos de tortura y donde las tienen a casi la mayoría de las presas políticas aisladas, como dándole un mensaje a todas las mujeres, a las feministas, a las defensoras, un mensaje de represión y de autocensura porque están demostrando su fuerza bruta represiva y dictatorial», declara la activista.

Blandón expone que las organizaciones, movimientos y diferentes espacios de mujeres han mantenido la demanda de creación de trabajos de calidad, de políticas y programas para que pueda haber una conciliación laboral, un trabajo de cuidado y productivo, el acceso a la tierra, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, así como el desarrollo de una estrategia integral de salud sexual y reproductiva.

«Pero no hemos logrado ni una respuesta (…) Lamentablemente no hemos logrado tener ningún nivel de receptividad por parte del Estado (…) Nos ha excluido de cualquier espacio para la incidencia, ha habido desde el comienzo una clara prohibición para que no nos permitan tener información pública, no nos permitan participar en ninguna reunión donde se discute política, incluso para poder colaborar, como en muchos casos venían haciendo las organizaciones de mujeres», dice Blandón.

Blandón considera que hay una clara «política de chantaje» contra las ONG internacionales para «impedir» el apoyo financiero que estas brindan a las organizaciones feministas, a tal punto de cancelarles las personerías jurídicas.

«Es claro que el Gobierno pretende que las organizaciones de mujeres ya no tengamos recursos para no desarrollar nuestros trabajo. Ha habido un chantaje permanente a las mujeres que son beneficiarias de los programas gubernamentales, se les ha dicho que no participen en las actividades que llevan las organizaciones de mujeres porque son enemigas del Gobierno y muchas de ellas se abstienen de participar porque tienen miedo que eso signifique que no las beneficien de eso programas públicos (…) Está claro que hay toda una ofensiva que tiene como finalidad debilitar y hasta incluso pulverizar y desaparecer al movimiento feminista nicaragüense», agrega la experta en temas de género.

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Por su parte la activista puso de ejemplo la actual situación que vive el país, donde las organizaciones y activistas se han visto obligadas a bajar el perfil, e incluso emitir declaraciones en anonimato, para evitar represalias, amenazas y persecución del régimen.

El régimen Ortega Murillo mantiene al menos una decena de presas políticas, entre ellas las feministas Támara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vijil.

«No hay avance en género, no hay avances en vivir y manifestar y demandar los derechos y las leyes; últimamente en Nicaragua lo que vivimos es retroceso», agrega por su parte la activista en anonimato.

¿De qué manera se puede mantener la lucha?

Católicas por el Derecho a Decidir asegura que aunque actualmente es difícil ver avances en la lucha por la igualdad de género, como organismo seguirán en la lucha, trabajando unida al gremio y empoderando a las mujeres. Por su parte, las feministas coincidieron que aunque cierren y confisquen los espacios, ellas seguirán alzando su voz para denunciar y exigir sus derechos.

«Vamos a seguir utilizando estrategias para trabajar unidas, sin rendirnos y seguir exigiendo que las mujeres queremos vivir libres de violencia de género, tanto en el público como en el privado», enfatiza CDD.

«En estas condiciones es muy difícil seguir trabajando, aunque nosotras hemos dicho que el movimiento feminista es un movimiento que tiene más de cuatro décadas de existencia y que tiene formas de organización, redes de organización muy potentes que no tienen que ver con el dinero; con el dinero podemos hacer más cosas evidentemente, pero eso no quiere decir que sin recursos financieros el movimiento va a desaparecer, sin duda hay otra forma de trabajo, de organización, de cooperación entre nosotras que van a seguir existiendo. Es decir, mientras haya feministas, va a seguir habiendo un discurso, una estrategia, una forma de trabajo que permitan mantener la demanda de los derechos de todas las mujeres en el debate público, es decir, nos pueden quitar los establecimientos y los pueden utilizar, pero mientras estemos vivas vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo y vamos a seguir defendiendo los derechos de todas las mujeres», puntualiza Blandón.

«Las mujeres feministas, las mujeres organizadas, las mujeres que defendemos derechos, la defensora, seguimos haciendo nuestro trabajo de reivindicar la denuncia, de denunciar la impunidad y todo el atropello a las libertades, a los derechos civiles, políticos y a todo tipo de derechos que se nos han negado y que nos los han quitado, seguimos haciendo esa lucha, nosotras no hemos bajado ni hemos disminuido», expresa la activista, quien reconoce que por seguridad muchas mujeres prefieren brindar su opinión bajo anonimato por la situación política del país