Después que el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, las declaró culpables de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, las activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila Rivas, reiteraron su inocencia y exigieron el respeto de sus derechos; también aseguraron que no se debe abandonar la lucha por una mejor Nicaragua. El Ministerio Público pide para ambas una condena de 8 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De manera especial, Dávila exigió que cese su aislamiento. «El martes 15, cuando inició el juicio, fue la primera vez, en más de ocho meses, que comí con alguien. Esto es tortura, exijo que se restituyan mis derechos. Ayer, hoy y mañana seguiré defendiendo derechos y demandando justicia, libertad y democracia para Nicaragua», dijo Dávila.
Granera en cambio expresó que quería recalcar su inocencia. «Quiero recalcar que soy inocente y que nunca he cometido ningún delito. Después del asesinato a sangre fría de mi padre Ramiro Granera, en nuestra casa de habitación, en León en el año 1978, decidí dedicar mi vida a trabajar por el respeto y defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin ninguna distinción, para que ninguna familia pasara el sufrimiento que pasé yo», manifestó Granera.
Durante el juicio que se extendió durante siete jornadas, ambas opositoras enfrentaron un sinfín de prohibiciones y violaciones al debido proceso. Junto con ellas fueron declarados culpables otros cinco opositores: los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y el exdiputado y analista político, José Pallais.
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Granera dice que su lucha por la libertad de Nicaragua vale la pena
Antes de escuchar el fallo de culpabilidad y que el Ministerio Público pidiera para ellas una pena de 8 años de prisión, Granera, de 70 años, y Dávila, de 41, además de reiterar su inocencia, agradecieron el trabajo de sus abogados defensores.
La familia de Granera ha denunciado que durante los más de 8 meses que lleva detenida en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) ha perdido varias piezas dentales y eso le impide ingerir los pocos alimentos que le proporcionan. Mientras tanto, los familiares de Dávila han denunciado constantemente su aislamiento y la negativa de que reciba ropa de cama para abrigarse en las noches de frío.
Granera también expresó que todos en Nicaragua, incluyendo a policías, jueces y fiscales, merecemos vivir en libertad y democracia, y que sin democracia nunca podremos salir adelante. «Es inconcebible que Nicaragua sea el segundo país más pobre en América Latina. Tengo 70 años… no sé si podré vivir lo suficiente para poder ver una mejor Nicaragua, pero no debemos cansarnos de trabajar por una Nicaragua democrática, libre y un mejor país para la convivencia de todos», señaló Granera.
Además, expresó que desde el día de su «arresto» el 8 de junio pasado ha agradecido a Dios por esta dolorosa e injusta experiencia como prisionera de conciencia, porque eso le ha permitido comprender la historia de Nicaragua.
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«Vivir en carne propia este sufrimiento ha sido la única manera de comprender realmente lo que cientos de nicaragüenses han vivido a lo largo de nuestra historia. Una historia marcada de dolor y separación familiar. Por eso sé y creo de corazón que nuestra lucha por la libertad y democracia vale la pena… debemos entender que no podemos permitir que esto vuelva a pasar en nuestro país», aseguró Granera.
Dávila pide que se respete su derecho de ver a su hija de 5 años
Por su parte, Dávila aseguró que su único «delito» es defender los derechos humanos y denunciar las injusticias. Además, denunció que fue maltratada durante su arresto el 12 de junio pasado y que durante los ocho meses de su detención la han mantenido aislada. Reiteró la petición de su familia de que le permitan ver a su hija de 5 años.
«Soy inocente, mi único ‘delito’ ha sido ejercer mi derecho a defender derechos y denunciar las injusticias. Por ello he sido perseguida y detenida ilegalmente. Tenía más de seis meses de estar siendo vigilada permanentemente por la Policía. A pesar de no oponer resistencia, el día de mi detención me golpearon en la cara varias veces hasta hacerme sangrar. Apenas llegué al Chipote tuve que ser llevada a enfermería», denunció Dávila.
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Asimismo agregó: «Quiero que todas las personas sepan que tengo más de ocho meses de estar en una celda sellada, en completo aislamiento, en donde me pasan la comida y medicinas por una pequeña escotilla. Yo estoy presa ilegalmente, han violentado todos mis derechos, exijo que no se los sigan violentando a mi hija de 5 años. No la castiguen, ella tiene derecho de ver a su madre y tener la certeza de que estoy viva. Esto está establecido en las leyes de Nicaragua y convenciones internacionales de protección de la niñez».
Dávila planteó una serie de demandas, que desde su captura en junio pasado han sido presentadas en diversas ocasiones por su familia. Además de ver a su hija y comunicarse con ella regularmente, entre otras cosas pide:
- Que le devuelvan a su familia el diario donde ha documentado la vida de su hija desde que estaba embarazada y que lo han usado como evidencia en el juicio.
- Que cese su aislamiento e incomunicación y el de todas las personas que lo sufren, en especial el de las otras mujeres presas en el nuevo Chipote.
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