Rosario Murillo, vicepresidenta designada por segundo período consecutivo por parte de la fórmula presidencial del Frente Sandinista, suele declarar en su comparecencia diaria los «grandes avances en materia de género y protección a los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Nicaragua».
“Desde el año 2007, una de las tareas primordiales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es hacer cumplir los derechos y el protagonismo de la mujer en todos los espacios sociales, para ello ha fortalecido el marco jurídico nacional en aras de avanzar en este ámbito”, afirmó el medio oficialista El 19 Digital el pasado 8 de marzo de 2023.
Lo que se contradice con lo que dicen activistas feministas y colectivos de derechos humanos, quienes señalan que con el regreso del Frente Sandinista al poder en 2007 la vulneración hacia las mujeres en el país aumentó.
El informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que “las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y las que tienen orientaciones o identidades sexuales diversas, siguen enfrentándose a graves formas de discriminación que se entrecruzan, basadas en el género, en su condición socioeconómica y en la raza”.
Además, esta situación ha empeorado desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018. Aunque Nicaragua ocupa el tercer lugar en el mundo entre los países con mayor presencia en la Asamblea Nacional y el gabinete de Estado se encuentra en el cuarto lugar, los derechos políticos de las mujeres se ven obstaculizados por la persecución que sufren las mujeres que son calificadas como críticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó la Oficina del Alto Comisionado este 11 de septiembre.
16 presas políticas
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas afirmó que en el mes de agosto se incrementó un 33 por ciento la detención injusta de mujeres, aumentando a 16 mujeres privadas de libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que las mujeres privadas de libertad “por motivos políticos o por su labor como defensoras sufren situaciones especiales de riesgo”, porque son sometidas a “violencia física, sexual y psicológica”, denunció en el informe: Mujeres privadas de Libertad en las Américas.
“La CIDH documentó diversos actos de violencia, tortura y malos tratos cometidos por agentes públicos contra mujeres detenidas por razones políticas, por su labor como defensoras o por participar en las protestas en Nicaragua, en el contexto de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país”, indicó el informe.
Las últimas detenciones ocurrieron luego de la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana (UCA) y fueron tres jóvenes activistas estudiantiles: Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos Silva; y la activista y socióloga Melba Damaris Hernández. Las cuatro se encuentran privadas de libertad en la cárcel La Esperanza.
Alarmante cifra de femicidios
En el primer semestre del año 2023 el informe de Católicas por el Derecho a Decidir documentó un total de 50 ciudadanas nicaragüenses que fueron asesinadas, 14 de estos femicidios ocurrieron en el extranjero. Desde la creciente migración de nicaragüenses, esta última cifra ha ido en aumento.
“Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur concentran las tasas más altas, con 11 casos. Entre los factores que contribuyen en estas regiones a la violencia contra las mujeres y a la impunidad están la ausencia del Estado, la violencia contra las comunidades indígenas por parte de los colonos y la falta de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas para las víctimas de violencia. El desconocimiento de las lenguas indígenas por parte del funcionariado público dificulta aún más el acceso a la justicia y a los servicios esenciales para las mujeres y niñas sobrevivientes”, dicta el informe de la Oficina del Alto Comisionado.
Además, el informe publicado sobre la actualización de la situación de derechos humanos en Nicaragua reportó que en 2021, 3,430 mujeres nicaragüenses fueron víctimas de violencia sexual en edad fértil, 53 quedaron embarazadas producto de las violaciones. Destacaron que esta cifra se debe a la prohibición total del aborto, agravando “el intenso sufrimiento físico y psicológico”.
Una de las principales preocupaciones de las activistas es el programa impulsado por el partido de gobierno: “Beneficio legal de convivencia familiar”, que consiste en que personas condenadas por delitos comunes han sido puestas en libertad, incluyendo los relacionados con violencia sexual contra mujeres, que son expuestas nuevamente a sus agresores.
“Decimos siempre que la violencia es una humillación a la humanidad. En cualquier forma y la violencia contra las mujeres ya no se diga, cuando reclamamos que queremos vivir en paz, que exigimos vivir en paz, nos pronunciamos contra la violencia en todas su formas y particularmente contra la violencia que nos quita valiosas vidas de mujeres y que nos ofenden a todos, ofensa para la humanidad”, expuso Rosario Murillo en una de sus tantas comparecencias diarias.
Más mujeres afectadas con cierre de espacio cívico
Desde 2018 se han cancelado 3,338 organizaciones no gubernamentales. La Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior han sido utilizados por el sandinismo para cancelar la personalidad jurídica de estas, incluyendo organizaciones extranjeras y universidades privadas.
Durante la ola de cancelaciones, organismos de derechos humanos afirmaron que una de las poblaciones más vulnerables con este cierre de organizaciones son las mujeres, porque los colectivos brindaban el acompañamiento que el Estado niega a las ciudadanas.
Este acompañamiento legal se daba en casos de cualquier tipo de violencia, información sobre métodos de anticoncepción, información sobre salud sexual y reproductiva, atención psicológica para víctimas, prevención del matrimonio infantil y demás.
