Mil días después del robo del plantel industrial donde por décadas se elaboró el diario LA PRENSA, la dictadura Ortega Murillo no ha logrado borrar la huella de la República de Papel, ni consolidar el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, que instaló ahí. La dictadura dice que invirtió unos 9 millones de dólares en remodelaciones para echar a andar el Centro que aún no funciona a su total capacidad.
Las instalaciones de La Prensa, que albergaban la Redacción, la rotativa, talleres, Imprenta Comercial, bodegas, hemeroteca, oficinas de los departamentos de Ventas, Circulación, Mercadeo, Contabilidad y Administración al día que el régimen se las tomó estaban valoradas en más de 20 millones de dólares.
A esto se suman 11 millones de dólares de una demanda en contra la Dirección General de Servicios Aduaneros por los perjuicios provocados por la retención ilegal del papel entre septiembre de 2018 y febrero de 2020. Además de otros montos no contabilizados en inventarios en proceso y cuentas bancarias. También, el incalculable e intangible valor histórico, de la hemeroteca del Diario.
En un primer recuento de pérdidas, sin documentos a mano y con los principales ejecutivos secuestrados o en el exilio, no había claridad en cuanto al monto de lo robado. Pero después, cuando se recuperaron los avalúos y los documentos de las aseguradoras, se fijó el el monto de la pérdida en 18 millones de dólares, más 2.27 millones de dólares por el valor del terreno donde están las instalaciones.
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Valor histórico incalculable
A mil días de este robo, los directivos del Grupo decidieron presentar una demanda ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los obligó a hacer un nuevo recuento de las pérdidas, y fue entonces que al monto se agregó la suma de 11 millones de dólares de la demanda contra la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Esta demanda fue aceptada en los tribunales, pero ante la partidización de la Justicia, el proceso no prosperó.
También hay daños que aún no se cuantifican, entre ellos el lucro cesante de los al menos mil días de uso de las instalaciones, que incluyen los inventarios en proceso que son los trabajos de los clientes de la imprenta que quedaron en el local al momento del robo.
Y algo todavía aún más valioso e imposible de valuar monetariamente, la hemeroteca del Diario, cuyas instalaciones a criterio de especialistas tiene un valor aproximado de medio millón de dólares, pero un valor histórico incalculable, ya que reúne la colección de 96 años de publicaciones de LA PRENSA, pero también de todos los periódicos que existieron en el país en el último siglo, así como colecciones de revistas y fotografías.
Así que sin incluir el incalculable valor histórico, el robo de las instalaciones supera los 32 millones de dólares.
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¿Fracasó el centro cultural?
Otro daño que no se puede cuantificar es el que este robo le causó a la familia de LA PRENSA; es decir a las más de cuatrocientas personas, entre periodistas, fotógrafos, conductores, operadores de la rotativa y otros equipos, diseñadores gráficos, técnicos, personal administrativo, de imprenta y otros, que no solo perdieron su trabajo. Sino también que por el simple hecho de trabajar para el Grupo los acosaron hasta obligarlos a huir del país, y algunos de los que se quedado les niegan toda oportunidad de trabajo.
El proyecto con el que el régimen ha tratado infructuosamente de borrar 98 años de historia y que está bajo la tutela del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) sigue exhibiendo su fracaso, a través de los informes que publica sobre los estudiantes que se gradúan de sus cursos, e incluso en las fotografías muestran que no hay más de diez estudiantes en cada aula.
La propaganda oficial anuncia que en el Centro José Coronel Urtecho se imparten 220 cursos relacionados a “economía creativa”, arte y cultura, industria y construcción, pero el énfasis del centro está en el arte lay cultura y según reportes de la institución, durante el 2023 que fue el primer año lectivo, graduaron a 573 estudiantes, cifra lejana a los cerca de 14 mil que según la llamada cogobernante Rosario Murillo, anunció que capacitarían cada año.
Un juicio ilegal a gerente de LA PRENSA
Mientras tanto, LA PRENSA cumple hoy mil días de exilio, pero el medio no ha dejado de informar un solo día en su versión digital.
En este tiempo el régimen ni siquiera ha tratado de justificar el robo que inició el 13 de agosto de 2021, cuando agentes de la Policía tomaron las instalaciones bajo el argumento de investigar un supuesto fraude aduanero que nunca procesó. La madruga del 14 de agosto, después de haber tenido retenido por casi 20 horas al gerente general del Grupo, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, la Policía lo trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial bajo el falso argumento de que necesitaban que firmara documentos,
Holmann permaneció secuestrado por 545 días y enfrentó un juicio ilegal que duró tres días y no cumplió con el debido proceso, solo habló con su abogada durante unos pocos minutos en el inicio del proceso y luego ella tuvo que huir del país, y lo mismo ocurrió después con la colega que la relevó. Bajo la acusación de “lavado de dinero”, lo condenaron a nueve años de cárcel, le impusieron una multa de 3 millones de dólares y ordenaron la incautación de todos sus bienes y activos. Luego, el 9 de febrero de 2023, a Holmann lo excarcelaron, le arrebataron ilegalmente su nacionalidad nicaragüense por nacimiento y lo desterraron a Estados Unidos junto otros 221 presos políticos acusados todos de traición a la patria y menoscabo a la integridad nacional.
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Robo de LA PRENSA disfrazado de confiscación
La dictadura Ortega Murillo disfrazó el robo de LA PRENSA como una acción derivada del juicio a Holmann, ya que la sentencia judicial dispuso que los bienes ocupados el 13 de agosto de 2021 se mantendrían bajo custodia. Es decir, un robo disfrazado de confiscación que además está prohibida en la Constitución.
Holmann no era dueño de Editorial La Prensa, y la sociedad nunca fue mencionada en su juicio, sin embargo, en agosto de 2022, la Procuraduría General del régimen pasó la propiedad a nombre del Estado. Abogados penalistas consultados mantienen que fue una acción ilegal porque no se demostró que estos bienes provenían de actividades ilícitas y tampoco hubo un juicio sobre el destino de lestos bienes.
Además, recuerdan que según el Código Penal las penas no transcienden a los acusados, por tanto, la acusación y posterior condena contra el gerente general del Diario, no podía derivar en la confiscación de la empresa, ya que él era un ejecutivo y no el dueño.
En medio de la ilegalidad que caracteriza al régimen Ortega Murillo, se utilizó una acusación infundada contra el principal ejecutivo del medio, para justificar un robo que intentaba acabar con la función de informar que durante 98 años ha desarrollado LA PRENSA. Intento que no consiguió su objetivo, porque sin instalaciones, sin edición impresa y desde el exilio este Diario sigue informando a los nicaragüenses y al mundo los abusos que la dictadura comete en Nicaragua.
