Las confiscaciones que ha llevado a cabo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de organizaciones y personas perseguidas políticas que fueron desnacionalizadas han generado que en Nicaragua pueda existir una segunda Piñata, como la que hubo en 1990, cuando los sandinistas entregaron al poder a Violeta Barrios de Chamorro, pero se apropiaron de varios bienes y generaron una enorme deuda pública que recayó sobre los nicaragüenses.
Uno de los tantos beneficiados con aquella primera Piñata fue el mismo Daniel Ortega, quien a criterio de expertos está siguiendo los mismos pasos para hacerse de propiedades que los nicaragüenses terminarán pagando.
En los años ochenta, la Piñata empezó cuando los sandinistas persiguieron a sus detractores y a las personas que apoyaban a la dictadura de Somoza. Luego confiscaron sus bienes, los pasaron a nombre del Estado, y posteriormente a nombre de un tercero para apropiarse de estos.
Desde el estallido de la crisis política de abril de 2018, Ortega ha ilegalizado a cerca de 4,000 organizaciones no gubernamentales y a muchas de ellas las ha despojado de sus bienes y se los ha traspasado a instituciones del Estado. Lo mismo ha hecho con medios de comunicación como los edificios del canal 100% Noticias y Confidencial que fueron confiscados en diciembre de 2018 y entregados al Ministerio de Salud en 2021.
De igual manera, las instalaciones de LA PRENSA fueron confiscadas en agosto de 2021 cuando un contingente policial se tomó el edificio del Grupo Editorial. La dictadura entregó la propiedad al Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) y recientemente LA PRENSA anunció que prepara una demanda internacional en contra de la dictadura de Ortega por pérdidas económicas que ascienden a 32 millones de dólares.
Por otro lado, en 2023 la dictadura despojó de su nacionalidad a 316 nicaragüenses, entre los que se encuentran sacerdotes, periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y demás, y cuyos bienes fueron confiscados y pasaron a nombre del Estado.
Una investigación presentada por el Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción, junto al organismo Hagamos Democracia, estimó que una parte de las confiscaciones hechas a una muestra de 36 personas desnacionalizadas por la dictadura, costaría 246.29 millones de dólares.
El estudio fue titulado “La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo» y analizó las pérdidas de un grupo de ciudadanos desnacionalizados, de organizaciones no gubernamentales, empresarios y cámaras empresariales, universidades, medios de comunicación e insumos de medios de comunicación.
Un economista, que pide anonimato por temor a represalias, señala que por el momento es difícil cuantificar el costo total de las confiscaciones que ha hecho Ortega, sobre todo porque estas aún no han terminado y mientras el dictador siga en el poder, puede haber más confiscaciones. “Lo que sí es fácil de predecir es que, al igual que la primera Piñata, van a ser los nicaragüenses lo que paguen esta segunda”, comenta.
Eufemismo de Ortega
El dictador Daniel Ortega dijo en su discurso del pasado 18 de mayo que “todas estas propiedades, son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense. Ya el Estado las declaró propiedad del Estado para beneficio de los pobres, para invertirlo en todos los programas sociales, desde viviendas, salud, educación, seguridad social”.
A criterio del analista político José Dávila, Ortega usa un eufemismo al decir que estas propiedades quedan en manos del Estado. “En Nicaragua no hay Estado, lo que hay es un grupo de poder hegemónico alrededor de una familia que lo controla todo y decide todo”, señala.
Por esta razón, Dávila considera que el eufemismo es que Ortega diga que las propiedades le quedan al Estado, cuando en realidad le quedan a él y sus allegados. “Si no hay Estado en Nicaragua. Lo que hay es un grupo familiar que se usufructúa de todos esos bienes”, insiste.
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El economista, que pide anonimato, advierte que, como Ortega tiene bajo su control a la Asamblea Nacional y al poder judicial, no se le dificultaría cambiar el nombre de estas propiedades. “Así fue en los ochenta, que gracias a un combo de leyes pudieron ponerlas a sus nombres y ya nadie se las pudo quitar después”, señala.
Por otro lado, el economista cree que Ortega ha hecho una “apropiación indebida e ilegal de bienes” y que se son traspasadas a instituciones del Estado “para llenarse la boca de que están beneficiando a los pobres, pero es falso. Todo eso lo usan según sus intereses personales y familiares”.
Dávila coincide con este planteamiento y señala que Ortega miente al afirmar que estas confiscaciones son en beneficio de la población a como lo dijo en su discurso del pasado 18 de mayo. “El pueblo lo que necesita son políticas sociales, políticas económicas de un Estado que vele por su desarrollo. Todas esas confiscaciones de la UCA, de los desterrados, de los desnacionalizados no son para el pueblo”, indica. “En Nicaragua es una demagogia hablar que esa Piñata favorece al pueblo”, insiste.
El economista también señala que es necesario aclarar que los nicaragüenses aún no terminan de pagar la primera Piñata, sobre la cual no hay un dato exacto de cuánto costó, pero estimaciones la han situado en 2,200 millones de dólares.
“Pero tampoco se ha iniciado a pagar esta segunda Piñata, si no que cuando haya un proceso de reparación, de indemnizaciones, porque lo va a haber, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de los costos reales, pero también de lo perjudicial que será para la población”, explica el economista.
Origen de la “Piñata”
Cuando los sandinistas llegaron al poder en 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional aprobó el decreto número 3, en el cual se ordenaba que se procediera “a la intervención, requisación y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977”.
El 8 de agosto de ese mismo año, la Junta de Gobierno aprobó el decreto número 38 para “congelar o intervenir preventivamente cualquier transacción, bien o empresa, de personas allegadas al somocismo, de quienes se haya recibido denuncia”.
Un tercer decreto llegaría el 19 de julio de 1981. Era el número 760 y que popularmente fue conocido como “ley de los ausentes” y el cual establecía que los “bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses, que se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis meses”, serían considerados como abandonados “y pasarán a propiedad del Estado”.
En agosto de 1981, los sandinistas ejecutaron la Ley de Reforma Agraria y otorgaron a campesinos parte de las tierras confiscadas, alegando que se trataba de justicia y debida repartición de la riqueza en el país. Varias propiedades también fueron “asignadas” entre los nueve comandantes sandinistas y funcionarios de gobierno, las cuales pasaron a su nombre cuando perdieron el poder en 1990.
Entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 1990, cuando los sandinistas estaban cerca de entregar el poder, la Asamblea Nacional aprobó las leyes 85, 86 y 88, que sirvieron para traspasar las propiedades confiscadas y configurar la Piñata.
La 85, Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y Otros Inmuebles Pertenecientes al Estado y sus instituciones, garantizó el derecho a la vivienda a toda persona que, hasta el 25 de febrero de 1990, tuviera asignada una propiedad por el Estado y también otorgaba una indemnización para la persona que hubiese sido expropiada.
La 86, Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos, protegía a las personas que estaban en posesión de terrenos o viviendas en barrios, urbanizaciones y repartos asignados por el Estado, pero que no estaban legalizados. El beneficiado recibía la propiedad gratuitamente.
Y la 88, llamada Ley de Protección a la Propiedad Agraria, la cual garantizaba los derechos adquiridos sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, cooperativas, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica.
Con el tiempo, varias investigaciones periodísticas revelaron que con esas leyes aprobadas en 1990 se traspasaron unas 20,000 viviendas a los sandinistas, además de 125,000 lotes de tierras. Entre estas propiedades se encuentran casas en lugares exclusivos de Managua, como Los Robles o Las Colinas, además de empresas comerciales, restaurantes, haciendas ganaderas y cafetaleras, ingenios de azúcar, fincas bananeras, empresas radiales, comercializadoras de carne y de banano y empresas financieras.
Al asumir el poder Violeta Barrios de Chamorro cientos de personas confiscadas por los sandinistas le demandaban al nuevo gobierno la devolución de sus propiedades o una indemnización por parte del Estado. El Gobierno no tenía dinero para pagarle a todos los afectados así que en 1993 se emitieron Bonos por Indemnización (BPI), que eran un título valor, una obligación de pago y un reconocimiento de deuda contraída por el Estado.
Estos bonos terminaron por convertirse en una carga fiscal para el país, y según una investigación hecha por LA PRENSA en 2005, entre 1993 y 2004 se habían pagado 1,104 millones de dólares a los indemnizados, pero el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, dijo a la Revista Magazine en 2021 que originalmente la deuda rondaba los 1,500 millones de dólares, pero por el paso del tiempo más la depreciación del dólar el costo ascendía a los 2,200 millones de dólares.
