“Cristal”, como le llamaremos para evitar represalias del régimen de Nicaragua, es una defensora de los derechos de las mujeres con 20 años de experiencia, y quien aún permanece en Nicaragua. Cristal se levanta todos los días con la sensación de no poder acompañar y ayudar a las mujeres de su comunidad como solía hacerlo antes de 2019.
“El refugio de las mujeres víctimas de violencia éramos las organizaciones de mujeres. Ahora sabemos que el gobierno nos considera enemigas. Muchas defensoras han salido al exilio”, dijo Cristal.
La defensora asegura que, en las condiciones actuales del país, debido a la represión del régimen y la cancelación de organizaciones sin fines de lucro, ya no acompaña mujeres en sus denuncias por violencia.
“No se puede contrarrestar al poder en las condiciones actuales. Quienes han sufrido las consecuencias son las mujeres víctimas de violencia. Hay una invisibilidad estatal contra las mujeres y las niñas”, dijo.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón, quien también es dirigente del Programa Feminista La Corriente, señaló que a raíz de la cancelación de organizaciones en Nicaragua es más difícil desempeñar la defensa de los derechos de las mujeres.
“Las mujeres tienen miedo de acercarse a las defensoras de derechos humanos porque saben que estas son consideradas como enemigas. También es difícil porque la censura impuesta por el régimen no da cabida a ninguna voz que denuncia la violación de derechos humanos”, refirió.
Las organizaciones clausuradas por la dictadura
Desde diciembre de 2018, el régimen emprendió la cancelación de organizaciones sin fines de lucro, pero fue en 2021 cuando anuló las dos primeras. Según el Mecanismo Especial de Seguimiento Para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ese año la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, canceló dos organizaciones de mujeres: Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa y Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia.
Entre 2021 y agosto de 2024, el régimen ha cancelado al menos 181 organizaciones de mujeres en el país.
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El Colectivo de Mujeres de Matagalpa fundado en 1986 y registrado como organización en 1990, señala en su sitio web que a pesar de la cancelación de su personería jurídica en 2021 y el robo de sus instalaciones el 1 de septiembre de 2022, “sigue con paso firme”. Entre sus enfoques estaba el teatro para el cambio social.
Pero fue en 2022 cuando el régimen canceló la mayoría de estas organizaciones, anulando la personería jurídica de 148 más.
Entre las organizaciones de mujeres canceladas en 2022 están:
Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Coordinadora de Mujeres Rurales, Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, Asociación de Mujeres Nora Astorga, Fundación María Cavalleri, Asociación Las Malinches, Organización de Mujeres con Discapacidad, Grupo Venancia, Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, entre otras.
El Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, en sus más de 30 años de desempeño, defendió los derechos sexuales, reproductivos y la no violencia contra las mujeres en los distritos seis y siete de Managua, y en el municipio de Esquipulas, Matagalpa. Entre las estrategias, se incluye atención y acompañamiento, formación, organización, movilización e incidencia. Además, esta organización tenía una emisora comunitaria. El 13 de junio de 2023 se supo que la Policía allanó y confiscó las instalaciones del Colectivo.
Las Venancias es un grupo de feministas nicaragüenses, cuyos bienes fueron confiscados en febrero de 2023. Según su sitio web su fin es “contribuir a la construcción de pensamiento crítico y a la generación de prácticas políticas individuales y colectivas para erradicar el machismo y el sistema patriarcal que genera violencia en nuestra contra”. Luego de su confiscación, esta organización se formó en el exilio.
El Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra fue fundado en 1994 y promovía la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales, económicas y políticas. En diciembre de 2022, meses después de la cancelación de su personería jurídica, recibió el Premio Internacional Leslie Nichols de 2022 por sus logros en el campo de la salud y seguridad ocupacional, otorgado por la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM). Esta red destacó que el movimiento “defiende con determinación los derechos de las trabajadoras de la confección en las zonas francas de Nicaragua, donde los salarios bajos y la falta de protección laboral hacen que las trabajadoras enfrenten situaciones de vulnerabilidad y abuso”.
La Asociación Programa Feminista La Corriente tenía 28 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos cuando el régimen canceló su personería jurídica en 2022. En su sitio web se define como un espacio de articulación de organizaciones donde se construyen diversas plataformas políticas para reivindicar derechos de las mujeres.
Más organizaciones cerradas en 2023 y 2024
En 2023, el régimen canceló nueve organizaciones de mujeres, entre estas la Fundación Merced, Asociación de Mujeres con Cáncer (Asmuncan), Asociación de Mujeres Las Golondrinas, IEW Global Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida y Asociación de Mujeres Discapacitadas de León.
Por otro lado, entre enero y el 29 de agosto de 2024, el régimen canceló otras 22 organizaciones de mujeres sin fines de lucro. Entre las organizaciones canceladas están: Asociación Instituto Nicaragüense de Mujeres No Videntes, Fundación Grupo de Mujeres Sacuanjoche, Fundación de Mujeres Comunicadoras de Nicaragua, entre otras.
La Fundación Grupo de Mujeres Sacuanjoche trabajaba la salud como una necesidad inherente para el bienestar psicosocial de la familia y contribuía al fortalecimiento de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
La Asociación Colectiva de Mujeres de Masaya desarrollaba programa de atención psicológica individual, familiar y grupal para la prevención de la violencia hacia las mujeres.
449 femicidios en seis años
Las defensoras de derechos humanos consultadas consideran que a partir de la cancelación de organizaciones, las mujeres se enfrentan a más vulnerabilidades. A partir de 2014, Nicaragua redujo la cantidad de femicidios. En ese año se registraron 70, en 2015 disminuyeron a 53 y en 2016 se registraron 49. Sin embargo, a partir de 2017 volvieron a incrementar, según cifras de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
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Según las cifras de la organización, entre 2017 y agosto de 2024 se registraron 504 femicidios en el país. No obstante la Policía solamente reconoce 140 femicidios en ese mismo período, según los anuarios estadísticos de 2017 a 2021 y la revista Visión Policial en su última edición de diciembre de 2023.
A consideración de una defensora de derechos humanos, dentro del territorio “la violencia contra las mujeres se ha incrementado muchísimo. Se están cometiendo crímenes atroces con mucha misoginia”.
Persecución a feministas desde el retorno al poder
Según la socióloga y feminista, María Teresa Blandón, el acoso y las campañas de desprestigio por parte del régimen Ortega Murillo empezaron desde el momento en que regresó al poder en 2007. Según refiere, había intentos por parte del régimen para que los organismos internacionales suspendieran el apoyo a las organizaciones en Nicaragua.
“Para todos los regímenes totalitarios, la mera existencia de cualquier forma de organización que no pase por el control del Estado, es un peligro. La participación autónoma de la ciudadanía, el pensamiento crítico, la formulación de demandas que reclaman libertades y derechos, son vistas como un peligro para el poder omnímodo que quieren instalar”, dijo Blandón en declaraciones a LA PRENSA.
“Ahora se siente ese silencio y ese duelo de la ausencia de las organizaciones a nivel comunitario”, dijo una defensora de derechos humanos dentro del país.
