A raíz de la cancelación de al menos 5,477 organizaciones sin fines de lucro entre 2018 y agosto de 2024, defensores consideran que en Nicaragua cada vez se cierra más el espacio para la protección de los derechos humanos por lo que la población enfrenta más vulnerabilidades.
Solo en la semana pasada, el régimen Ortega Murillo canceló 1,650 organizaciones sin fines de lucro. A través del acuerdo 38-2024 del 19 de agosto de 2024, el Ministerio del Interior canceló 1,500 organizaciones, señalando que estas no presentaron estados financieros entre 1 y 35 años. El 22 del mismo mes canceló otras 150 organizaciones vinculadas a la empresa privada. La última ronda de cancelación fue el pasado jueves 29 de agosto, cuando la dictadura canceló 169 organizaciones.
«La existencia de una sociedad civil organizada y autónoma de cualquier sistema de gobierno es vital para contribuir, vigilar, monitorear y presionar por un actuar de las instituciones públicas transparente y apegado a derecho. Al desmantelar completamente los derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación y organización prácticamente estamos ante un sistema tiránico y absolutista», refirió Castillo, fundadora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, una organización cancelada por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2018.
Por su parte, la activista y defensora de derechos humanos Yaritza Mairena señaló que Nicaragua tiene el escenario más complejo en Centroamérica en cuanto a la defensa de estos derechos, puesto que es el único país de la región que no cuenta con organizaciones independientes de derechos humanos
«Nicaragua es el único país de la región centroamericana que no tiene organismos de derechos humanos independientes y por ende las víctimas y la ciudadanía en general queda totalmente desprotegida y en impunidad», dijo Mairena.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) define a las organizaciones sin fines de lucro como «cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin fines de lucro que se organiza a nivel local, nacional o internacional»
Según la ONU, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una variedad de servicios y funciones humanitarias, supervisan las políticas y fomentan la participación política a nivel comunitario.
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«Las organizaciones de la sociedad civil proporcionan análisis y experiencia, sirven como mecanismos de alerta temprana y ayudan a monitorear y aplicar acuerdos internacionales, incluyendo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Normalmente, se organizan en torno a cuestiones específicas, como los pilares de la paz y la seguridad de las Naciones Unidas, los derechos humanos y el desarrollo», señala la ONU.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las observaciones del Estado de Nicaragua al proyecto de informe sobre migración de personas nicaragüenses a Costa Rica, el régimen Ortega Murillo señaló que en Nicaragua funcionaban 7,227 organizaciones sin fines de lucro. Es decir que con las últimas cancelaciones en el país solamente quedan 1,920 organizaciones que la dictadura no ha cancelado.
En la mayoría de los casos, el argumento del régimen para cancelar las organizaciones sin fines de lucro es que estas no presentan sus estados financieros o que están acéfalas, es decir, sin juntas directivas vigentes. En el acuerdo ministerial 38-2024 del 19 de agosto de 2024, a través del cual el régimen canceló 1,500 organizaciones, señala que estas no presentaron estados financieros entre 1 y 35 años.
Daniel Ortega teme que la población se organice
El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, refirió que la dictadura Ortega Murillo tiene temor de que la ciudadanía se organice a través de organizaciones sin fines de lucro y que por esta razón las cierra.
«En todas partes del mundo donde hay un mínimo de democracia, las ONG gozan de respeto porque es una expresión de la participación ciudadana. Además, gobiernos democráticos incentivan y facilitan el trabajo de las organizaciones», dijo Cuevas.
Además refirió que las organizaciones de la sociedad civil fortalecen los sistemas democráticos.
«En Nicaragua, a partir de la década de 1990, quienes deseaban incidir lo hacían a través de las ONG. La gran cantidad de organizaciones que existían en el país reflejan que había un sistema democrático, con sus debilidades, pero que se podía fortalecer, hasta que llegó Daniel Ortega al poder», dijo.
«A Daniel Ortega no le agradan las ONG por el papel que han desempeñado. Muchas leyes son resultado de iniciativas de organizaciones. Daniel Ortega las cierra porque no quiere esa manifestación plural de la ciudadanía. Para él, ese es el gobierno ideal», añadió Cuevas.
Dictadura desnaturalizó el rol de la sociedad civil
El pasado 20 de agosto, un día después de que el Mint cancelara 1,500 organizaciones, la Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura Ortega Murillo, aprobó un paquete de reformas y adiciones a las leyes relacionadas con el control de la organizaciones sin fines de lucro, los agentes extranjeros y la ley tributaria, para legalizar el mandato anunciado por la vocera de la dictadura, Rosario Murillo de modificar el funcionamiento de las ONG en Nicaragua, obligarlas a hacer “alianzas” con instituciones públicas y quitarles las exoneraciones fiscales.
Durante la aprobación de las reformas, el diputado sandinista Carlos Emilio López insistió en que las ONG y los agentes extranjeros, deben trabajar con las instituciones del régimen.
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De esta forma, según Castillo «se desnaturalizó en esencia el rol de la sociedad civil organizada».
«La ciudadanía deja de ser tal para convertirse en subordinados obedientes a ese poder divinizado de la familia Ortega Murillo. Defender derechos en ese contexto implica tener claridad que no habrá defensa de los mismos sin correr riesgos que hasta pueden costarte la vida», dijo Castillo.
Informes exponen cierre de espacio cívico
En la pre-sesión del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua en Ginebra, Suiza, organizaciones nicaraguenses denunciaron en sus informes de contribución el cierre del espacio cívico en Nicaragua.
Salvador Marenco, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, resumió en su intervención el cierre del espacio cívico a través de la cancelación y confiscación de más de cinco mil organizaciones sin fines de lucro.
“Solo en este año se han cancelado más de 1,700 organizaciones, principalmente a partir del nuevo modelo de ‘Alianza de Asociación’, sujetando las pocas que queden a que todos sus proyectos sean aprobados por el Ministerio del Interior y desarrollarlos solo de forma conjunta con el Estado”, dijo Marenco.
Venezuela en el espejo de Nicaragua
Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos venezolano, aseguró que Venezuela sigue los pasos de Nicaragua en la criminalización de las organizaciones sin fines de lucro.
Amnistía Internacional alertó que tras la aprobación de la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro» conocida como ‘ley anti-ONG’, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, tiene la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país
«Estas leyes anti organismos, que es la que tiene que ver con el registro, es el resultado de varios intentos para crear varios instrumentos para restringir el funcionamiento de las organizaciones», dijo Lobo.
«Los defensores de derechos humanos, desde hace años, se enfrentan a grandes obstáculos para inscribir organizaciones. Cuando se quería legalizar actas de asamblea o renovar junta directiva», añadió Lobo.
