La vocera, cogobernante y esposa del dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo, anunció este jueves «una nueva forma de funcionamiento de los organismos no gubernamentales (ONG) en Nicaragua», después de seis años de cancelar y confiscar más de 3,000 ONG, como parte de su represión contra la libre asociación.
Según la vocera del régimen, el plan corresponde a la «reorganización» que están trabajando, anunciada el pasado 2 de agosto como una restructuración de las instituciones del Estado, que traerá consigo una ola de despidos de empleados públicos.
Murillo afirmó que cada ONG que continúa operando en el país va a presentar a las entidades del Estado, a través del Ministerio del Interior y de cancillería, propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas de asociación.
«El Gobierno, las entidades del Estado, podrán o no aceptar las propuestas tal y como ahora también las ONG presentan y las entidades pueden decir que si le son útiles los programas propuestos», dijo Murillo en su comunicación diaria por los medios oficiales.
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Es decir que las ONG no trabajarán de forma autónoma en el país, sino que deberán hacer «alianzas» con las instituciones estatales correspondientes, según la temática de cada una para llevar a cabo sus proyectos.
«Nos vamos a regir por un nuevo modelo, que hemos caracterizado como alianzas para la asociación», adelantó la vocera, y agregó que «ningún programa o proyecto puede superar a otro en el sentido de contar algunos con determinadas facilidades y otros no. Todos funcionarán en base a la misma reglamentación».
Parte de la «reorganización» en el Estado
Murillo dijo que esta nueva forma de operar será detallada «en los próximos días», al igual que la restructuración que anunció el régimen a inicios de mes y que será presentada este viernes.
«Reconocemos grandemente la contribución fraternal de los Organismos No Gubernamentales en contextos respetuosos y armoniosos, que son indispensables para la bienandanza de todos los involucrados en gestión y promoción solidaria», dijo Murillo.
Sin embargo, desde 2018 el régimen ha ido exterminando a las ONG que se encargaban de labores sociales en el país y que tenían proyectos en lugares remotos donde incluso ni el Estado llega. La guillotina dictatorial ha acabado con organismos dedicados a temas de educación, salud, género, promoción de la no violencia, etc. y se ha ensañado con asociaciones religiosas —especialmente católicas— que hacían labores sociales en municipios.
La vocera insistió en recalcar que la decisión es para hacer «más eficiente» el trabajo dentro del país para «avanzar». La realidad, sin embargo, demuestra que el régimen lo que busca es control absoluto de todos los sectores, por ello Murillo no perdió la oportunidad de lanzar su discurso de odio contra los opositores desnacionalizados que han adelantado la crisis de despidos que se avecina en el país.
«Los buitres, los malignos inventan cada cosa que ni ellos mismos se la creen, siempre están blandiendo espadas, cuchillos, palos, pero además blandiendo armas de fuego, ese fuego que los ha condenado a ellos, ese fuego que los ha hecho perder, porque nadie, absolutamente nadie compra las patrañas, las mentiras, las calumnias, las obsesiones patricidas y sobre todo las obsesiones producto de una frustración que ellos mismos se han labrado», agregó Murillo.
Control absoluto
Félix Maradiaga, politólogo y ex preso político desterrado, opinó que esta modificación «es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el régimen pretende construir una arquitectura jurídica que anule cualquier forma de participación ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es más que la culminación de un proceso represivo que ha llevado al cierre de más de 3,600 ONG en el país, incluyendo universidades, centros académicos y misiones humanitarias».
El investigador y ambientalista, Amarú Ruiz, quien lleva un registro de las ONG canceladas en el país, manifestó que esta nueva orientación del régimen indica que ya no solo van a controlar a las organizaciones, sino también lo que éstas hacen.
«Quieren que las organizaciones sigan buscando recursos y sigan implementando programas, pero quieren tener el control de esos programas y proyectos, ya no solo para fiscalizar y para saber quiénes están detrás de esos proyectos y qué hacen, sino para convertirse en ejecutores», dijo Ruiz.
El investigador dijo que esa modalidad ya la han puesto en práctica con algunas ONG en temas ambientales.
«Flora y Fauna internacional prácticamente fue intervenida, incluso quien decide allí es el Marena (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales) e incluso pusieron a una representante del Marena, que lidera las acciones de Flora y Fauna. Entonces eso le queda a las pocas organizaciones que están en el país», agregó Ruiz.
Maradiaga agregó que «la intención del régimen es clara: solo permitirán la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperación internacional, sin atreverse a cuestionar las políticas autoritarias ni denunciar las violaciones de derechos humanos».
