El anuncio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de que hará una “reestructuración” en las instituciones del Estado para ahorrar recursos, generó incertidumbre en los empleados públicos y dudas sobre qué implicará esto. Exfuncionarios y politólogos consultados por LA PRENSA aseguran que lo que busca el régimen es radicalizar más al Estado, centralizar el poder y defenestrar a quienes no estén alineados a la cogobernante y vocera del régimen.
“Es la lógica del talibán tropical, filtrar y purgar a personas que son sospechadas como gente que no es doblegable”, así lo define el politólogo y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.
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El exfuncionario del poder judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, consideró que la reestructuración que empezó a sufrir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en octubre de 2023 es una antesala para prever lo que ocurrirá en los próximos días o meses.
“Ellos (Daniel y Rosario) utilizaron el Estado como una forma de ganar adeptos, y tener compradas grandes voluntades y preventas, pero en el 2018 se dan cuenta que esa estrategia básicamente no les funciona de nada porque los mismos trabajadores del Estado estaban inconformes por cómo se manejó la crisis del 2018. La represión que había y hay en las calles se ha trasladado al Estado”, apuntó Morazán.
¿Cuáles son las implicaciones?
El excarcelado político Juan Sebastián Chamorro comparó el anuncio de la reestructuración como la compactación que ocurrió en 1988, bajo la administración sandinista, cuando una gran cantidad de funcionarios públicos fueron despedidos y no duda que en esta ocasión será igual.
“Yo la defino como compactación 2.0 porque en 1988 Ortega anunció la compactación que involucraba el despido de una gran cantidad de funcionarios públicos, es una segunda versión de la compactación, porque he estado revisando la ejecución presupuestaria que es de 138 mil millones de córdobas, y no ha habido una caída, de hecho ha habido aumento en recaudación fiscal, entonces no pareciera que obedece a restricciones presupuestarias porque el presupuesto va caminando, lo que me hace sospechar de esta medida es que quiere purgar a funcionarios públicos que no son leales y sustituirlos con otros, lo que yo preveo es una masiva ola de despidos”, explicó Chamorro.
Chamorro mencionó que “seguramente van a depurar para poner a gente más leal, y lo otro es parte de un mayor control de la chequera, y lo vemos con las leyes que ha hecho la dictadura, como por ejemplo haberle quitado la fuente de ingresos al poder judicial (…) no va a haber indemnizaciones porque en 2023 se cambiaron las reglas, se vienen momentos difíciles en los próximos meses para los funcionarios públicos”.
La directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), Elvira Cuadra, indicó que sin lugar a dudas la reestructuración implica que “van a despedir empleados públicos y se van a reducir las instituciones, tendrán que funcionar con menos personal y recursos”.
A criterio de Cuadra, la reestructuración “seguramente va a tener efectos en la calidad de los servicios, especialmente en instituciones grandes como salud y educación”.
En esa misma línea, el politólogo Orozco recalcó que la reestructuración “empezó hace dos años, esto es una depuración de personal con cuadros murillistas para facilitar su gobierno”; y a su vez agregó que “el problema es que se está quedando con pocos cuadros y los cuadros que se están quedando son gente de muy poca preparación”.
Lo anterior, explicó Orozco, “tiene consecuencias de desalojo de empleados públicos, pero también de llevar la administración pública a una deriva institucional por falta de buenos profesionales”.
“El poder lo sostienen con la represión”
El exfuncionario Morazán afirmó que a su criterio la dictadura Ortega-Murillo con esta medida reafirma que el poder no lo sostiene con la presencia de sus simpatizantes dentro del Estado sino con la represión que ejecuta por medio de las fuerzas policiales.
“Saben que los funcionarios de las instituciones están inconformes y obviamente de nada les sirve creer en la estrategia de fortalecerse con los adeptos dentro del Estado, cuando a final de cuenta el poder lo estaban sosteniendo con la represión, porque se ha incrementado el presupuesto para las fuerzas armadas en Nicaragua y se han institucionalizado los policías voluntarios”, afirmó Morazán.
Asimismo, añadió que “esta gente está haciendo todo por acumular riqueza y sumado a esto, que de nada le sirve seguir invirtiendo en trabajadores del Estado si al final de cuenta ellos se han enterado que no es la forma de sostener el poder, es decir ya no te necesito, sumado a eso al haber mayor concentración en el poder, lo que pretenden es radicalizar más al Estado”.
Cuadra opinó que detrás de la reestructuración se esconde “una reducción sustantiva del Estado, seguramente hay brechas en el presupuesto que los están forzando a tomar esta decisión, y una tercera razón es que están aprovechando para ‘limpiar’ el Estado de aquellas personas consideradas no leales o sospechosas”.
Medida alimentará el descontento dentro de las filas
A Chamorro le llama la atención que el anuncio de la reestructuración se hace semanas después de haber celebrado el aniversario de la Revolución sandinista, por lo que “mucha gente de la que estuvo ahí el 19 de julio van a ser despedidos, y los que no fueron, no mostraron su fidelidad, también. En medio del contexto represivo yo veo que es muy poco lo que pueden hacer los futuros exfuncionarios públicos, pero se va a alimentar mayor descontento dentro de las propias filas del orteguismo”.
Empleados públicos contaron a LA PRENSA sus temores a ser despedidos, sobre todo aquellos que no suelen participar en las actividades partidarias, así como los que no cumplen religiosamente con la cuota de aportación al partido.
Por su parte, Morazán indicó que en medio del escenario de terror que ha implantado la dictadura no descarta que algunos de los funcionarios defenestrados vayan a ser encarcelados.
“Han implantado el terror sin lugar a duda, a muchos los han encarcelado sin ningún tipo de procedimiento, ese es el modus operandi que están utilizando, porque en otros casos te despidan porque no sos útil y el otro porque se convirtieron en disidentes”, aseveró Morazán.
Recalcó que entre los funcionarios públicos “hay mucho temor, y a pesar del sometimiento que pueden tener los trabajadores del Estado no significa cooperación. Son dos cosas distintas, una persona puede ser sometida bajo amenazas, pero no se logra que coopere, y eso es muy importante porque ya podemos hablar de implosión, es decir, ellos se están comiendo entre ellos mismos”.