La Procuraduría General de Justicia (PGJ) absorberá la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el diario oficial La Gaceta en Nicaragua, según una reforma aprobada el jueves 22 de octubre por los legisladores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La institución es presidida por Wendy Morales, una de las funcionarias más cercanas y leales a la dictadora. Por «unanimidad», los diputados aprobaron la Ley de Adiciones a la Ley Orgánica de la PGJ y de reforma al reglamento del diario oficial nicaragüense para darle vida legal a los cambios ordenados por la dictadura.
Las nuevas disposiciones fueron publicadas este viernes en el diario oficial, es decir, 24 horas después de la aprobación legislativa.
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Morales asumió el cargo de procuradora general de la República en mayo de 2019. Desde entonces ha tenido un ascenso meteórico y así empezó a ejercer como una superministra con influencia decisiva en distintas instituciones del país.
Desde 2025, la procuradora Morales se convirtió en la máxima autoridad de la PGJ que surgió para reemplazar a la antigua PGR. Desde su nuevo cargo, recibió la primera gran cuota de poder que incluyó la subordinación del Ministerio Público, que es la institución que acusa en los tribunales. Absorbió también el Instituto de Fomento Cooperativo, sus decisiones tienen peso en la Procuraduría de Municipalidades e incluso en la Dirección General de Minas. Esta última dependencia estatal dejó de ser parte del Ministerio de Energía en febrero de 2026.
Poder en áreas estratégicas
La Dirección General de Minas es de un valor estratégico para los Ortega Murillo, porque aprueba concesiones en un sector en que tienen intereses directos, según han documentado investigaciones de LA PRENSA. Además, el Estado nicaragüense ha entregado cerca del 8.5 por ciento del territorio en concesiones mineras a empresas chinas desconocidas.
Bajo el liderazgo de Morales, la PGJ inició también una falsa «cruzada contra la corrupción» que dirigió contra miembros de su propio partido, y que es un contrasentido si se parte de la tesis de que ese flagelo es efectivamente una característica de la dictadura.
En marzo, el exdiputado opositor Eliseo Núñez Morales explicó a LA PRENSA que este poder delegado en la Procuradora es en realidad uno otorgado a alguien que cumplirá sus órdenes. «Quien está en la Procuraduría garantiza obedecer sin preguntar. Eso lo que quiere decir es quien dirige la PGJ es Rosario (Murillo)», dijo.
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Las nuevas funciones delegadas a PGJ
Antes de su aprobación en La Gaceta, las leyes aprobadas para ampliar las funciones de la PGJ fueron adelantadas en los medios oficialistas. Canal 8 publicó que la Secretaría Jurídica —antes de la Presidencia— mantendrá como funciones la formulación y modificación de propuestas legales, la elaboración de acuerdos presidenciales de nombramientos, destituciones y traslados, la redacción de iniciativas de ley presentadas por la Presidencia y la tramitación de recursos de apelación administrativa.
Al hablar de La Gaceta, la PGJ supervisará los informes mensuales de gestión de la entidad, resolverá asuntos sobre la gratuidad y prioridad de publicaciones, y autorizará el tiraje, número de páginas e impresiones extraordinarias.
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La PGJ también asumió la administración, custodia y uso de todos los bienes patrimoniales, financieros, sistemas informáticos y acervo documental pertenecientes a ambas instancias. Será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) el facultado para realizar los ajustes correspondientes para garantizar la ejecución presupuestaria y financiera del traspaso.
Luciano García: «Harán todo lo necesario para sostenerse en el poder»
Para Luciano García, expresidente de Hagamos Democracia y miembro conservador de Ciudadanos por la Libertad, la decisión de la PGJ evidencia la voluntad de control de los Ortega Murillo.
«Siempre han sido así y dejan a todas las instituciones como las maceteras en el pasillo. Los alcaldes son maceteras en el pasillo, la Procuraduría son maceteras en el pasillo, como el presidente de la Asamblea es macetera en el pasillo. Simplemente están adornando la decisión de la casa de los dictadores», afirmó.
El opositor agregó que Murillo, en realidad, no cuenta con el apoyo popular. Para él, solo tiene el respaldo de Ortega que se ha sostenido en el poder con la voluntad de «ser el mismo dictador de los años ochenta y llevarlo a cabo a cualquier costo».
Esa voluntad dictatorial se exacerbó en 2018 cuando la población salió a protestar contra el régimen y ellos decidieron tomar el control de manera radical. Se dio entonces la masacre que dejó 355 fallecidos en el contexto de las protestas entre abril de ese año y julio de 2019, según la Organización de Estados Americanos (OEA).
García dice que la postura de Ortega y Murillo dio lugar a la instalación de «una dictadura sandinista versión 2.0 con unos matices más finos que en la primer dictadura (1979-1990). Por ejemplo, ellos no van a poner en riesgo su permanencia en el poder. Van a hacer todo lo que tengan que hacer para permanecer en el poder, así sea matando, oprimiendo, callando, torturando, dándole dinero al Ejército y la Policía. Ellos son los que sostienen con las armas el poder real de la represión».
