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La persecución y encarcelamiento por graves acusaciones de malversación de fondos públicos en sumas estratosféricas a personas muy cercanas al círculo de poder como Alvaro Baltodano, Bayardo Arce y más recientemente, Francisco López, podría ser visto en cualquier otro país como un intento por limpiar su imagen de corrupción, pero este no es el caso de la dictadura Ortega Murillo, porque la corrupción institucional del régimen no puede lidiar con la corrupción no autorizada.
Recién se informó que la dictadura Ortega Murillo intervino un grupo de empresas vinculadas al extesorero del FSLN —y testaferro de la pareja dictatorial— Francisco López, cuyo conglomerado de empresas creció a la sombra de la cooperación venezolana en la primera década de la dictadura.
Resulta inverosímil que tantos años y tantos millones pasaron sin ser vistos en un régimen totalitario y más bien fueron tolerados hasta que llegó el día en que de pronto se convirtieron en delito y traición. El régimen no puede ocultar su hipocresía porque la “familia real” utiliza al Estado como su propio feudo patrimonial.
¿Por qué hasta ahora se dieron cuenta del mal uso de la generosa cooperación venezolana en los tiempos de bonanza de Hugo Chávez?
Introduciré una teoría: al principio tras las elecciones que ganó Ortega con solamente el 38 por ciento de los votos en el 2006, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el convenio marco de cooperación entre Nicaragua y Venezuela para la aplicación del Alba en marzo de 2007, que decía que todos los acuerdos y convenios que se derivaran del mismo debían ser sometidos para aprobación o rechazo del Legislativo.
Posteriormente, también en marzo de 2007, la Asamblea aprobó un decreto sobre el acuerdo para la cooperación energética Petrocaribe entre los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Deliberadamente, en ninguno de estos decretos se incluyeron los contratos operativos específicos entre PDVSA, Petronic y Albanisa. Esto le permitió a la dictadura manejar esos programas discrecionalmente, sin ninguna transparencia, y usar los fondos como caja chica fuera del Presupuesto, de forma opaca, para enriquecimiento de la familia Ortega-Murillo y de sus allegados.
En años posteriores, ya con el control absoluto de los diputados aprieta botones, la Asamblea Nacional aprobó otros convenios de cooperación agrícola, energética, financiera, de telecomunicaciones, salud, y transporte entre Nicaragua y Venezuela, derivados del acuerdo marco que nunca fue conocido. Así fue como la dictadura construyó un esquema mediante el cual los acuerdos entre los dos Estados eran aprobados por la Asamblea Nacional, mientras que los recursos financieros derivados de los mismos eran manejados a su antojo, como contratos privados. De esta manera, se transformó la deuda privada malversada por la dictadura Ortega-Murillo en deuda pública del Estado nicaragüense.
No creo que bajo el gobierno de Maduro el Estado venezolano haya hecho ingentes esfuerzos por cobrar dicha deuda que llega a casi cuatro mil millones de dólares (US$3,721,000), una cantidad astronómica casualmente similar a la que acusan a Bayardo Arce de haber malversado.
Según información que se maneja en diversos medios de comunicación independientes, Arce habría confesado en prisión que los fondos que él manejaba de las empresas del partido se los había entregado al tesorero que era Chico López y de allí deriva la investigación, captura y confiscación de los bienes de este último a quien le están haciendo una auditoría patrimonial exhaustiva.
Es muy probable que ahora, tras la captura de Maduro y el gobierno venezolano bajo la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez “tutelada”, como es del conocimiento público, por el gobierno norteamericano de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, le estén pasando la cuenta a la dictadura y esta a su vez, esté buscando responsables de los millones que por años se esfumaron en su propia corruptela.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue Co director de LA PRENSA de 1981 a 1984.
