A pocas horas de que la dictadura anuncie las decisiones que adoptará relacionadas con el proceso de compactación del Estado, en las que se incluirá un ordenamiento, restructuración y rediseño de las instituciones del Estado, funcionarios públicos de algunas instituciones que hablaron con LA PRENSA bajo la estricta condición de anonimato afirmaron que viven momentos de zozobra y temor a ser ellos parte de los despedidos.
El pasado 12 de agosto, el régimen anunció que este viernes dará a conocer las decisiones alrededor del proceso de compactación del Estado. «Esta semana estamos procediendo a evaluar programas, contenidos, objetivos, metas, de distintos ámbitos, priorizando la instrucción presidencial de custodiar la paz y asegurar pleno cumplimiento de nuestro plan de lucha contra la pobreza, en seguridad, estabilidad, trabajo, alegría, concordia», informó la dictadura.
Cuatro funcionarios públicos que conversaron con LA PRENSA expresaron que en los pasillos de las instituciones del Estado existe mucho temor. «Nadie dice nada por miedo. Nadie comenta nada, es como que no pasara nada, pero todos están pendientes de las noticias en sus celulares», dijo uno de los empleados que habló con este medio.
Insostenible clientelismo
El «ordenamiento, reestructuración y rediseño» para «ahorro y eficiencia» en el Estado que anunció la dictadura no es más que una ola de despidos en las instituciones estatales, aunque estos desde hace meses se han venido dando. Incluso han tocado las instituciones lideradas por personas leales, como el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su expresidenta Alba Luz Ramos, quien fue hasta desalojada de su oficina.
Lea también: Vienen despidos en el Estado y alcaldías esta semana, régimen anuncia continuidad en evaluación por cartera
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, cada año ha habido un incremento de empleados públicos, pasando de 5,938 que dejó el gobierno de Enrique Bolaños a 13,154 hasta 2022, pero eso estaría a punto de cambiar por primera vez este viernes.
Además de darle empleo a militantes y files seguidores, Ortega desde el inicio comenzó a cimentar lealtades a base de clientelismo y prebendas a sus más leales.
Un opositor y exfuncionario público, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, manifestó que el clientelismo y las prebendas fueron la base del control social y asegurarse lealtades. «Ellos empezaron a construir, con base en todas esa regalías, el concepto de pueblo presidente (…) Ese concepto se fue construyendo a base de regalías y un ejercicio del más puro populismo, que después todo eso lo aprovechó para quedarse en el poder y hacer un control de la ciudadanía», declaró la fuente.
El opositor dijo que Ortega convirtió a la militancia del partido Frente Sandinista (FSLN) en empleados públicos. Cuando salió Bolaños de la Presidencia, «hubo muchos despidos de la gente que había trabajado en los gobiernos liberales, pero no solo repusieron las vacantes que quedaban, sino que hubo un crecimiento desproporcionado del aparato burocrático del Estado», comentó la fuente.
No es por crisis de recaudación
El analista político Eliseo Núñez Morales, quien fue diputado opositor dos períodos bajo el régimen orteguista, confirmó que Ortega regresó «regalando dinero por todos lados» y luego con la ayuda venezolana fue más grande el derroche de recursos, sin embargo, duda que la causa de la restructuración institucional sea una crisis en las finanzas.
Una revisión realizada por LA PRENSA encontró que en el primer semestre del año la recaudación fiscal creció casi 20 por ciento, por lo que los especialistas consideran que la restructuración del Estado no es por problemas fiscales
Para Núñez, es muy probable que esta reducción del Estado tenga el objetivo de asegurar un Estado con la gente más fiel del partido, lo que supondrá un colador, sin embargo, dentro de las instituciones no se siente así.
«Yo creo que en general ya sabemos que hoy estás, mañana no. Ni los más leales están seguros y creo que es peor entre los militantes porque se serruchan el piso entre ellos», refirió uno de los funcionarios que brindó declaraciones a LA PRENSA.
«No tengo ahorros, nos exponemos a la mendicidad»
Otros funcionarios que hablaron con este medio aseguraron que, en el caso de ser despedidos, no tienen otras alternativas a la vista para sobrevivir. «Si me despiden, será difícil. No tengo ahorros», dijo uno de ellos.
«Hay terror entre nosotros los empleados. La calle está dura y no hay alternativas. Estamos expuestos a la mendicidad», añadió otro trabajador del Estado que respondió brevemente por miedo a estar vigilado.
Otro de los empleados dijo que sus compañeros incluso han tomado acciones para tratar de evitar sus despidos. «Algunos sé que después de esto de los comunicados decidieron unirse a sindicatos, van a pagar la cuota por estar dentro y han dicho que participarán más, y no sabemos si eso les vaya a ayudar».
Para el economista Enrique Sáenz, las medidas del régimen podrían acarrear otro problema. «Miles de personas irán a la calle en circunstancias en que la economía no genera empleos tal como lo evidencian los reportes del Inide. ¿Quiénes decidirán los despidos y con base en qué criterios? Seguramente no serán criterios de eficiencia, responsabilidad y probidad. Lo previsible es que el criterio principal sea la fidelidad a la dictadura, con independencia de su capacidad. Y ahí tendremos otro efecto pernicioso, no solo reducirán servicios públicos, sino que irán acompañados del agravante de la incompetencia».
