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En mayo de 2023, Yunova Acosta Vargas, líder estudiantil nicaragüense y actual directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, compró un boleto de bus desde Costa Rica hacia Nicaragua, pero su sorpresa fue que a los días recibió un mensaje de la empresa de transporte diciéndole que no podía entrar a su país.
«Sí me tomó por sorpresa porque en efecto en febrero (de 2023) había salido una lista de personas que sí le habían quitado la nacionalidad, existía un documento que tenía los nombres y era público. Pero a raíz de todo esto, del tema de la solidaridad internacional, el régimen pues evidentemente comenzó a hacerlo silenciosamente. Yo no soy el único caso que está con el tema de la apatridia de facto y que no se ha hecho público tampoco por el tema de cómo se lleva esta situación, porque entiendo que muchas personas no las dejaron entrar», explica Acosta.
El caso de Acosta no es único en Nicaragua. A cientos de nicaragüenses se les ha impedido la entrada a su propio país y también se les ha negado la renovación de documentos de identidad como partidas de nacimiento, cédulas o pasaportes, lo que deja a los afectados en un limbo migratorio.
La activista ingresó al portal de solicitudes de ingresos y egresos de Nicaragua, para apelar su caso ante el Ministerio del Interior (Mint), pero han pasado más de dos años desde entonces y su caso sigue «en trámite», a pesar de haber sido asignado no ha habido ni una aprobación ni una denegación.
La gravedad de la situación trasciende la prohibición de entrada. Acosta relató que, al intentar gestionar una partida de nacimiento actualizada a través de familiares en Nicaragua, la respuesta fue alarmante: «Dijeron que yo no aparecía en el sistema».
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Esta desaparición de los registros civiles ocurre sin un sustento legal o documento oficial que lo respalde, lo que dificulta la denuncia y la gestión de trámites en el extranjero.
La apatridia de facto y la declarada
Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos y miembro de la lista de 94 ciudadanos despojados oficialmente de su nacionalidad, explica que la apatridia de facto es una categoría de exclusión que, aunque no está plenamente reconocida en los instrumentos internacionales, afecta a cientos de personas.
Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresa que esta condición representa un limbo jurídico mucho más difícil de combatir que la apatridia declarada por el Estado.
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A diferencia de Carrión y otros bloques de ciudadanos (como los 222 desterrados en 2023 a Estados Unidos o los 135 enviados en 2024 a Guatemala) que aparecen en listas oficiales y declaraciones públicas del régimen, los apátridas de facto sufren una exclusión sin rastro documental.
«Porque te he explicado que aparezco en una lista como un acto público del Estado, pero que no es sinónimo de legalidad. Por el contrario, es una demostración de un abuso de poder monumental, nefasto, impresentable», añade.
Mientras que el apátrida de facto enfrenta patrones de abuso de poder donde no existe una resolución. Pone de ejemplo “a todas las personas que les han impedido retornar el país y a todas las personas que ya no les renuevan el pasaporte, que les impiden que tramiten cédula de identidad de Nicaragua, es decir lo que se conoce también como muerte civil».
Los apátridas de facto tienen una dificultad mayor, ya que «al ser de facto tiene la dificultad para la demostración y el respaldo por la falta de reconocimiento».
Muerte civil
Entre las afectaciones para las víctimas de apatridia de facto está el bloqueo financiero —explica Carrión— ya que ante la imposibilidad de renovar cédula, esto impide actualizar información bancaria.
Otra afectación es que sin documentos vigentes, las personas no pueden tramitar partidas de nacimiento, certificados de matrimonio o títulos de propiedad.
«Aquellos que intentan ayudar a un apátrida a realizar gestiones corren el riesgo de sufrir represalias brutales y ser empujados a la misma condición de facto», agrega Carrión.
La apatridia de facto también se extiende al núcleo familiar. Al ser «borrados» del Registro Civil, los padres despojados de su nacionalidad dejan a sus hijos en una situación de indefensión.
Periodistas, otro de los grupos afectados
Además de defensores de derechos humanos, otro de los grandes grupos afectados por la apatridia de facto son los periodistas, contra quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo toma esta modalidad de represalia.
Gerall Chávez, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), denuncia que el Estado utiliza la apatridia de facto como un arma para amedrentar y silenciar el trabajo de fiscalización que se realiza desde el exilio.
A Chávez la dictadura le negó la renovación de su pasaporte y de su partida de nacimiento. «Es violentar el derecho a la identidad», señala Chávez. «No tengo un documento legal que me diga que yo soy un ciudadano de Nicaragua, a pesar de que yo nací ahí».
En agosto de 2023 el periodista inició el trámite de renovación de su pasaporte en el consulado nicaragüense en San José, Costa Rica. Pagó los 50 dólares y a pesar de que el proceso debía durar 40 días hábiles, tras meses de consultas, la respuesta fue siempre que el documento «no había llegado».
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Finalmente, las autoridades le indicaron que si deseaba el documento debía viajar a Nicaragua para realizar el trámite allá, donde supuestamente le explicarían los motivos de la demora. Para el director del medio Nicaragua Actual, esto es una evidencia de que cualquier intento de regresar a su país resultaría en una restricción o represalia mayor.
Subregistro de afectados
En septiembre de este año, en su último informe el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) señaló que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, 452 personas fueron despojadas de su nacionalidad, pero a otras más no se les notificó y se les ha negado la renovación de pasaportes y otros documentos, «lo que los convierte en apátridas ‘de facto’, despojados de su identidad legal, sus medios de subsistencia y sus derechos, e impedidos de reconstruir sus vidas en el extranjero».
«Sin embargo, el hecho de que estas víctimas cuenten con pocas pruebas o carezcan totalmente de documentación formal sobre la privación de su nacionalidad menoscaba gravemente su capacidad
de reclamar y obtener protección internacional», se lee en el informe.
El GHREN también establece que hay un subregistro de afectados, ya que muchos por temor no pueden confirmar la pérdida de nacionalidad nicaragüense.
El informe también documenta las negativas de entrada al país y la denegación de emisión o renovación de pasaportes.
«Las víctimas, cuyo número continúa en aumento, permanecen durante años en un limbo administrativo, sin acceso a un recurso efectivo. Aunque no han sido privadas formalmente de su nacionalidad, las personas nicaragüenses en el exilio a quienes se deniega la renovación del pasaporte y no poseen otra nacionalidad se encuentran en situación de apatridia de facto, al no poder contar con la asistencia de su propio Estado», reporta el GHREN.
«Además, la negativa consular a emitir o renovar pasaportes menoscaba gravemente la capacidad de las víctimas de viajar, en violación de su derecho a la libertad de circulación», añaden los expertos.
Mientras que los apátridas incluidos en listas oficiales han recibido ofertas de nacionalidad de otros países, los apátridas de facto luchan por demostrar su situación ante la comunidad internacional.
(Con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras).
