A las 6:30 de la tarde del 15 de agosto de 2025, al menos 12 agentes de la Policía irrumpieron con violencia en la casa del activista Chester Cortez, en Jinotepe, Carazo. Desde entonces, su madre de 72 años, quien depende económicamente de él, lo ha buscado “bajo cielo y tierra”, pero el régimen de los Ortega Murillo no brinda información sobre su paradero.
Cortez es miembro activo del Movimiento Autónomo 18 de Abril y figura entre los 36 desaparecidos que, a su vez, forman parte de los 77 presos políticos reconocidos por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas hasta el 29 de octubre de 2025.
Durante su arresto fue esposado y golpeado en el estómago y las costillas con las armas de los policías, mientras su madre fue empujada violentamente por los oficiales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los agentes sustrajeron una computadora perteneciente a un familiar y el pasaporte de Cortez.
Quienes lo conocen temen que su condición de salud respiratoria empeore en prisión.
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Activista LGBTIQ
Cortez nació en Jinotepe el 5 de julio de 1987 y, al momento de su detención, estudiaba Comercio Internacional. También cursó Ciencias Políticas y estudios en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, dado que su padre es guatemalteco.
El activista Lesther Hamilton recuerda que conoció a Cortez en 2010, mientras trabajaban en proyectos sociales en defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Además, recibieron juntos talleres de formación política.
“Como joven crítico y pensador universitario, siempre buscó aprender y desarrollar su potencial para defender los derechos humanos y la justicia social”, señaló Hamilton.
También rememoró que en 2007 Cortez fue miembro de la red juvenil de partidos políticos, de la cual se retiró por pensar diferente y mantener una postura crítica y ética respecto a los derechos y la justicia.
Fue presidente y fundador de la organización Metamorfosis en Jinotepe, y participó en la construcción de la Agenda Joven Centroamericana en 2015.
En abril se sumó a las protestas
En abril de 2018, cuando comenzaron las protestas por el incendio en la Reserva Indio Maíz, Cortez y Hamilton realizaban actividades de denuncia en la Universidad Centroamericana (UCA), confiscada por la dictadura en agosto de 2023.
Hamiltón consideró que su liderazgo fue clave para orientar a los jóvenes con menos experiencia política y reducir la represión.
Grave riesgo en prisión
A la fecha, se desconoce el paradero de Cortez y sus allegados consideran que su vida corre peligro.
“Es muy doloroso ver sufrir a su madre, una mujer de la tercera edad, sin saber el paradero de su hijo. Nos parte el alma porque Chester no solo es un compañero del movimiento, sino un amigo. Es un hombre decente, de principios, que solo busca el bien del país. Hoy está desaparecido por pensar diferente”, señaló.
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Medidas cautelares junto a los Baltodano
El pasado 29 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Cortez, así como para el general de brigada en retiro y exministro asesor de la Presidencia para la Promoción de Inversiones, Álvaro Antonio Baltodano Cantarero; a su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy; al médico nicaragüense y costarricense Yerri Estrada Ruiz; y a siete personas más que fueron arrestadas arbitrariamente por la dictadura de los Ortega Murillo entre mayo y agosto de 2025, y de quienes se desconoce el paradero.
Los beneficiarios son: Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, Álvaro Baltodano Monroy, Octavio Enrique Caldera, Marvin Antonio Campos Chavarría, Chester Jeramil Cortez Narváez, Yerri Gustavo Estrada Ruiz, Larry Javier Martínez Romero, Antonio Mercado López, Luis Francisco Ortiz Calero y María José Rojas Arburola.
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Según la CIDH, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua presentó el 11 y 18 de septiembre dos solicitudes de medidas cautelares, en las que argumentó que los diez beneficiarios son personas reconocidas o percibidas como opositoras al régimen de los Ortega Murillo. La CIDH concluyó que las alegaciones demuestran una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud corren riesgo de daño irreparable.
