Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, especialmente a raíz de las protestas de abril de 2018, fueron determinantes para que Estados Unidos adoptara sanciones económicas más drásticas contra Nicaragua, como la posible aplicación de un arancel del 100 por ciento y la suspensión de beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).
Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), inició una investigación sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua que contravienen la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. En ese proceso documentó evidencias de violaciones a los derechos humanos, laborales, a la propiedad y a la libertad religiosa cometidos por los Ortega Murillo, así como la eliminación de las protecciones del Estado de derecho.
Según el informe, el régimen de los Ortega Murillo explota a sus propios trabajadores mediante actos que se han incrementado desde que los dictadores se autoproclamaron ganadores de las elecciones generales de noviembre de 2021. Estas acciones empeoraron a partir de la imposición del Estado totalitario con la nueva Constitución sandinista, que otorgó a Murillo el título de «copresidenta».
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El informe menciona que la dictadura violó abiertamente obligaciones internacionales bajo la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la propia Constitución nicaragüense. Estas acciones se registran especialmente desde las protestas de 2018.
¿Por qué toma en cuenta los derechos humanos?
El informe se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que establece criterios para las relaciones comerciales, como el respeto al Estado de derecho. En ese sentido, la USTR detalló que las políticas en Nicaragua contravienen las normas básicas de equidad, derechos humanos, orden público, las propias leyes nacionales y los tratados regionales e internacionales.
Señala, además, que las violaciones de derechos laborales y humanos, sumadas al colapso del Estado de derecho, afectan a trabajadores y compañías de Estados Unidos, al fomentar la explotación laboral, reducir las ventas y exportaciones, y crear un entorno de alto riesgo para invertir o hacer negocios en Nicaragua.
Estas son las violaciones de derechos humanos que se documentaron en el informe:
Torturas
En cuanto a la prisión política, se documentaron torturas, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales y restricciones severas a las libertades de expresión, movimiento y religión. El informe detalla que cualquier reclamo de derechos podría desembocar en prisión arbitraria, debido al control de la dictadura sobre el sistema judicial.
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También se registró violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, así como la usurpación de tierras protegidas para actividades mineras y ganaderas.
Desmantelamiento del Estado de derecho
Las violaciones a los derechos humanos son posibles gracias al desmantelamiento del Estado de derecho, que contempló la imposición de la nueva Constitución sandinista, la cual centraliza el poder en Ortega y Murillo, a la vez que anula la independencia judicial y legislativa.
A raíz de ese desmantelamiento, el régimen impone multas, impuestos y revisiones aduaneras arbitrarias, además de cancelar al menos 151 cámaras empresariales, incluyendo la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham).
Constitución sandinista estableció partido único
Estados Unidos acusa a la dictadura de imponer la nueva Constitución sandinista el 30 de enero de 2025, que eliminó la separación de poderes y consolidó un Estado de partido único bajo control absoluto de la Presidencia.
El informe subraya que el nuevo texto constitucional otorga a la Presidencia la facultad de «coordinar» los poderes del Estado, que son degradados a simples órganos.
«Los jueces, fiscales y diputados son designados por lealtad partidaria y pueden ser removidos por decreto presidencial. Los procesos judiciales no ofrecen garantías de imparcialidad ni debido proceso», menciona el informe.
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Esto provoca que los tribunales no acepten demandas contra el Estado y que los abogados que las presentan sean sancionados o forzados al exilio. Por esta razón, Estados Unidos señala que el acceso a la justicia está totalmente bloqueado para las víctimas de confiscaciones, trabajadores despedidos o presos políticos.
Persecución a la Iglesia católica
El informe es enfático al señalar que el régimen de los Ortega Murillo persigue a la Iglesia católica y a comunidades evangélicas mediante detenciones, exilios, confiscaciones y la prohibición de procesiones religiosas.
Entre los hechos más graves documenta el cierre de la Nunciatura Apostólica en 2023, el mismo año en que Estados Unidos designó a Nicaragua como país de especial preocupación.
No hay derecho a la propiedad
El informe documenta la cancelación de personerías jurídicas de instituciones religiosas, universidades y miles de organismos sin fines de lucro bajo acusaciones infundadas, con el fin de confiscar sus activos. Entre los casos más relevantes menciona la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en 2023 y de la organización evangélica estadounidense Puerta de la Montaña, lo que derivó en la detención de su personal y la expropiación de más de 5 millones de dólares en bienes.
Estados Unidos señala evidencias de que el régimen Ortega Murillo ha ejecutado prisión política, destierros, expropiaciones —incluidas propiedades de ciudadanos estadounidenses— y despojos arbitrarios de la nacionalidad.
Además de las confiscaciones derivadas de la cancelación de personerías jurídicas a organismos y empresas, desde la imposición de la nueva Constitución sandinista este año, Estados Unidos también documentó la participación de paramilitares para invadir propiedades privadas desde 2018.
Estos grupos, según el informe, invaden fincas y empresas privadas con apoyo de la Policía. Se estima que las pérdidas superan los 16.4 millones de dólares y afectan a empresas de Estados Unidos, Canadá y México.
Libertad sindical y derechos laborales
El informe señala que el régimen permite abusos a los derechos laborales, como la represión de la libertad sindical, arrestos, despidos arbitrarios de líderes sindicales, trabajo infantil, trata de personas e incluso robo de salarios y pensiones. Estados Unidos acusa a la dictadura de ignorar las normas de salud ocupacional, seguridad industrial y salario mínimo.
También indica que el régimen se aprovecha de las condiciones de pobreza en el país para fomentar el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la trata de personas.
«Las autoridades laborales actúan bajo criterios políticos, beneficiando a empresas afines al régimen y castigando a quienes muestran independencia», dice el informe.
En el caso de los sindicatos, el régimen interviene por motivos políticos e incluso detiene a dirigentes, como ocurrió con los dos principales líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en 2021, Michael Healey (q.e.p.d.) y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente de la gremial, respectivamente.
El documento también menciona que entre 2018 y octubre de 2023, se cancelaron 3,390 organizaciones civiles, incluidas 562 asociaciones sindicales.
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Consecuencias al Cafta
En términos simples, el gobierno estadounidense contempla sanciones comerciales progresivas que pueden aplicarse de inmediato o en fases de hasta un año, dependiendo de la conducta de Nicaragua. La primera opción es la suspensión total de los beneficios del DR-Cafta, lo que implicaría que todas las exportaciones nicaragüenses pierdan las exenciones arancelarias y privilegios de acceso al mercado estadounidense. Esto encarecería los productos nicaragüenses y afectaría directamente a sectores clave como el textil y la agroindustria, que dependen de ese tratado.
La segunda opción es una suspensión parcial, dirigida únicamente a rubros específicos donde se han detectado abusos, como la minería, el café o la confección, lo que permite dosificar el impacto y ejercer presión selectiva.
La tercera medida propuesta es la imposición de aranceles de hasta el 100 por ciento a todas las importaciones procedentes de Nicaragua, aplicables de forma inmediata o escalonada.
