Agentes de la Policía —al servicio de la dictadura— presionan a periodistas independientes que aún permanecen en Nicaragua para que entreguen información sobre otros colegas, incluyendo de quienes están fuera del país, según recoge el Informe de Agresiones a la Libertad de Prensa correspondiente al período de julio a septiembre de este año, publicado por la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED).
“Me subieron a una camioneta y me sometieron a un interrogatorio. Me mostraron documentos con pagos y contratos de medios en el exilio. Tenían toda mi información. Es evidente que existe un aparato de espionaje digital y redes de troles que monitorean cada movimiento en redes sociales”, recoge uno de los testimonios del informe.
Otro profesional de la comunicación en el país denunció que agentes lo amenazaron con quitarle sus bienes si no revelaba información sobre sus colegas exiliados en Costa Rica, por lo que tuvo que cambiar de domicilio.
Amenazas
El informe expone el caso de un periodista a quien agentes policiales visitaron en julio y agosto para ordenarle salir del país, y que en septiembre le dijeron que podría quedarse si aceptaba convertirse en informante.
Además, el informe menciona el caso de otro periodista a quien funcionarios del Ministerio del Interior (MINT) y paramilitares presionaron para espiar a sus colegas en la zona, bajo la amenaza de quitarle su vivienda si se negaba.
Represión transfronteriza
El informe señala que varios periodistas interpusieron denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica, señalando agresiones directas, amenazas y la posible presencia de redes vinculadas al régimen de Ortega y Murillo en el vecino país del sur.
Por esta razón, algunos periodistas han buscado nuevas rutas de movilidad hacia terceros países, especialmente a través de programas de Naciones Unidas.
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11 departamentos sin periodismo independiente
La represión del régimen dejó como resultado lo que FLED denomina “desiertos informativos”, en referencia a los departamentos en los que ya no hay periodistas independientes. Con la incorporación de Chinandega a la lista, ascendieron a 11 las zonas grises “sumidas en el silencio”, lo que equivale al 65 por ciento del país.
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Durante el período de julio a septiembre, se documentaron 31 violaciones a la libertad de prensa, 29 agresiones verbales, escritas y digitales, a las que se suman dos ataques mediante el uso de tecnología digital.
En ese mismo período, 11 periodistas se exiliaron, totalizando 304 periodistas en el exilio.
