A raíz de la muerte bajo custodia policial del reo político Mauricio Alonso Petri, el pasado lunes 25 de agosto, familiares de presos políticos en condición de desaparición forzada aseguran sentir más temor por la situación de sus parientes, de quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no brinda información.
El Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social denunció este lunes 25 de agosto que el régimen entregó muerto al preso político Mauricio Alonso, quien fue secuestrado junto a su esposa e hijo durante la madrugada del 18 de julio, en medio de las redadas previas al 19 de julio. De acuerdo con la denuncia, la esposa de Alonso fue liberada el mismo día del operativo; sin embargo, él y su hijo permanecieron detenidos. Su familia lo buscó desesperadamente en cárceles y hospitales del país, pero nunca recibió respuesta de las autoridades.
«Si a don Mauricio, un señor de edad avanzada lo entregaron muerto tras solo 38 días, uno piensa en la situación de su familiar, cuando lleva meses desaparecido y no sabemos nada. Tenemos terror de ser los próximos que llamen para decirnos que está muerto», dijo un familiar de un reo político en condición de desaparición forzada a LA PRENSA bajo condición de anonimato.
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Cinco presos políticos
Otro familiar que conversó con LA PRENSA aseveró que esta situación provoca «un sentimiento de inseguridad y desconfianza, y todas las peores ideas, está siempre latente. Cuando suceden estos casos es como poner sal y limón a la herida: vuelven la ansiedad y la preocupación».
Desde 2019 a la fecha, al menos cinco personas consideradas presos políticos murieron en las cárceles de Ortega. Además de Alonso, murieron en arresto Eddy Montes Praslin en 2019; Humberto Ortega, hermano del dictador, el 30 de septiembre de 2024; José Modesto Solís Aguilar, el 21 de diciembre de 2023; el general en retiro Hugo Torres Jiménez, el 12 de febrero de 2022; y Santos Flores, el 11 de noviembre de 2021, a quien arrestaron en 2013 después de que acusó a Ortega de violar a su hermana.
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Extorsiones no cesan
Aunque la dictadura oculta información sobre los reos políticos, algunos familiares también sufrieron estafas o extorsiones, posiblemente de los mismos funcionarios del régimen.
«Juegan con el dolor de la familia. Nos pidieron 7 mil dólares por información. Por la forma en que llegaron y se contactaron, todo parecía una estafa, pero surge el conflicto familiar: si no lo hacés, te dicen ‘no hiciste el esfuerzo y si fuera verdad…’», dijo el familiar.
Tortura psicológica
El abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aseveró que la tortura psicológica a los familiares es parte de los patrones del régimen.
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«Una vez que desaparecen a las personas, llegan a las casas de los familiares a ‘preguntar’ por ellas, como si no las tuvieran bajo su custodia, insinuando la intención de detenerlas. A esto se suma la falta de información oficial y las amenazas a familiares. Si denuncian públicamente o brindan datos sobre la detención, los detendrán a ellos también», dijo Valdivia.
Agregó que esto obliga a las familias a dejar a sus parientes en total abandono y en manos de las autoridades, incluso en lo relativo a su salud.
