El 22 de abril de este año, Adolfo Hurtado recibió un correo en su bandeja de entrada laboral con el asunto“Tengo noticias de José Alejandro”. Luego llegó otro mensaje solicitándole su número de teléfono para darle información. El contenido resultaba extraño, pues José Alejandro, su hermano, fue arrestado por la Policía el 27 de enero de este mismo año, sin orden judicial y sin conocerse hasta ahora su paradero. Según Hurtado, la detención fue en represalia por una propuesta de diálogo que su hermano dirigió a la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La procedencia del correo era todavía más inusual. El sujeto se identificó con un alias y la dirección incluía las siglas “FSLN”, correspondientes al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de la dictadura. Aun así, Adolfo respondió con su número de teléfono.
Dos días después, el sujeto lo llamó a su celular mediante una llamada convencional y le aseguró que había adquirido un teléfono únicamente para esa comunicación. Se presentó como alguien que llamaba desde la cárcel, aunque poco a poco dejó entrever que se trataba de una persona conocedora del entramado de la Seguridad del Estado. Incluso reveló que el asesor presidencial en temas de seguridad, Néstor Moncada Lau, y el viceministro del Interior, Luis Cañas, eran quienes tomaban las decisiones sobre los presos políticos, con el aval de Rosario Murillo.
Primero le preguntó qué sabía sobre su hermano y, posteriormente, le aseguró que tenía información acerca de José Alejandro.
Piden dinero
Aunque el contacto no concretó ningún ofrecimiento, anteriormente Adolfo Hurtado ya había recibido acercamientos en los que “terceros” le pedían dinero a cambio de información sobre su hermano.
«Cada mes tienden a contactarme. En junio también me escribió alguien supuestamente de la Seguridad del Estado diciéndome que mi hermano está en El Chipote. Te contactan y te dicen que tienen un amigo en la Policía y que pueden conseguirte información. No es que te van a permitir verlo, sino que es solo información y que eso necesita dinero. En nuestro caso ha sido de manera indirecta», dijo.
Yader Valdivia, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, declaró a LA PRENSA que han documentado casos en los que funcionarios de la dictadura piden dinero a familiares a cambio de información o de acceso al lugar donde se encuentran recluidos los presos políticos.
«Además, en ocasiones funcionarios policiales o del gobierno han pedido dinero a las familias para liberar a sus parientes, aunque esto no garantiza la liberación. Es una práctica que ya se ha visto antes, incluso con personas a quienes se les impide entrar a Nicaragua y que les piden dinero a sus familiares para permitir su retorno», señaló Valdivia.
Preso por pedir diálogo a Ortega y Murillo
La detención de José Alejandro Hurtado, ocurrida el pasado 27 de enero, pero confirmada hasta el martes 4 de marzo, evidencia que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no está abierto a ningún tipo de propuesta para la salida de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.
José Alejandro Hurtado es secretario del Partido Liberal Independiente (PLI), aunque pertenece a la facción que no reconoce la representación de ese partido ante la Asamblea Nacional, luego de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) otorgó la personería jurídica a Pedro Reyes en 2016. En el Parlamento, la facción del PLI que Hurtado no reconoce, es un partido colaboracionista del FSLN.
José Alejandro Hurtado se presentó en agosto del año pasado ante la Secretaría FSLN y entregó una copia del documento que, entre otras cosas, proponía un diálogo nacional, el cese de la represión y el fin de las confiscaciones por parte del régimen Ortega Murillo. Aunque el documento fue entregado en agosto, la Policía arrestó a ambos dirigentes hasta la noche del 27 de enero de este año.
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Presos políticos de Carazo
Hasta el 11 de julio de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó 54 reos de conciencia, de los cuales 15 permanecen en condición de desaparición forzada, es decir, sus familiares desconocen su paradero debido a la falta de información oficial.
Por otro lado, entre finales de julio y comienzos de agosto, el régimen de los Ortega Murillo emprendió una ola de arrestos en Masaya, Granada, Carazo y Rivas, en la que capturó a alrededor de 20 personas.
En ese contexto, Valdivia señaló que otro patrón de tortura que el régimen implementa tras estas detenciones es que la Policía llega a las casas de los detenidos a preguntar por personas que ya están bajo su custodia, dando a entender que no las tienen.
«No solo no se da información a los familiares, sino que además han ocurrido acciones que podrían catalogarse como tortura hacia ellos. A esta situación se suman amenazas a los familiares. Si denuncian públicamente las detenciones o comparten información sobre sus parientes, los amenazan con detenerlos también. Esto genera una situación de zozobra en la población de Carazo», afirmó Valdivia.
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«Si seguís buscando, vas preso»
Un familiar de un desaparecido, que habló bajo condición de anonimato, relató a LA PRENSA que fue amenazado con ser encarcelado si seguía buscando información.
«No dan ninguna información. Primero te amenazan diciéndote que nada tenés que ir a hacer y que si seguís buscando te van a echar preso también. Lo otro es que te hacen perder el día ahí para que finalmente te digan que no hay información. Eso hace que empecemos a ir menos», dijo.
Otro familiar bajo condición de anonimato expresó que desde que se llevaron a su familiar, han sido «los meses más duros».
«El único logro que tuvimos fue pasar paquetería. Pero no nos consta si la recibe», señaló.
Amenazas a presos políticos no cesan
Valdivia aseguró que desde el Colectivo han documentado este tipo de amenazas entre familiares de presos políticos.
«Casos como los del coronel Víctor Boitano; Angélica Chavarría, la pareja del general en retiro Humberto Ortega; y el asesor presidencial en temas ambientales, Stedman Fagoth, que el Colectivo ha denunciado como desapariciones forzadas, permanecen sin respuesta. Desde 2024 el régimen mantiene esta práctica de ocultar el paradero de detenidos, negando incluso la recepción de paquetería. Ahora la modalidad es sostenerlos en desaparición forzada de manera continua», declaró Valdivia.
Perdón a Rosario Murillo
Hurtado mencionó que otro de los «ofrecimientos» del régimen a familiares de presos políticos es que redacten una carta pidiendo disculpas a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, comprometiéndose a no denunciar ni exponer la situación de sus parientes en prisión.
«Dijeron que se escribiera una carta donde se le pide disculpas a las personas de El Carmen y que además nos comprometemos a no publicar ninguna cosa, ni nada en redes sociales. También, que se les pide clemencia. Esa carta hay que irla a dejar a El Carmen para que tal vez así nos dan información. Es un quiebre absoluto de la dignidad de las personas y de las familias», señaló la fuente.
