Agentes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrieron a la falsificación de partidas de nacimiento para justificar la detención de un menor de 17 años por motivos políticos en el país, según un informe que presentó este martes 23 de septiembre la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el marco del 60 período de sesiones.
Aunque el informe no especifica el período en el que se documentó esta medida, por el marco temporal que abarca podría haberse registrado entre junio de 2024 y junio de 2025.
De acuerdo con el informe, el joven no fue informado de los cargos ni se le presentó una orden judicial, a pesar de las objeciones por su edad. Por esta razón, las autoridades presuntamente falsificaron el acta de detención, alterando la fecha y el lugar de la aprehensión, y presentaron la documentación falsa ante un tribunal. Además, presuntamente falsificaron el acta de nacimiento para hacer constar que al momento de la detención el joven ya tenía 18 años.
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Menor interrogada
El informe también documenta otro caso en el que dos agentes varones de la Policía —al servicio de la dictadura— interrogaron a una adolescente de 17 años sin la presencia de un familiar o abogado, después de que ella presenció la detención violenta de su padre.
En esa misma línea, el Acnudh registró al menos diez casos en los que niños presenciaron directamente la detención de sus padres, “en los que se señaló el impacto psicológico en los niños como resultado de la separación violenta de sus padres”.
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64 detenciones
El Acnudh señaló que el régimen arrestó a 64 personas sin orden judicial ni información de cargos, y en ninguno de los casos respetó las garantías básicas del debido proceso. Las autoridades trasladaron a muchas de ellas a centros de detención sin notificar a sus familiares. En al menos 21 casos, la incomunicación prolongada y la negativa del régimen a revelar el paradero de las personas constituyen desaparición forzada.
Además, el organismo informó que hasta el 15 de junio de 2025, 14 personas permanecían en condición de desaparecidas: diez hombres y cuatro mujeres, entre ellas periodistas, líderes indígenas, personal laico de la Iglesia y exmilitares.
Uno de los casos más graves documentados corresponde a una persona con discapacidad que las autoridades detuvieron y desaparecieron. La familia no pudo entregarle medicamentos y recibió amenazas de represalias cuando siguió preguntando por su situación.
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GHREN lo documentó
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el 26 de febrero pasado, también concluyó que los menores de edad son víctimas de agresiones de la dictadura, incluyendo la «represión transnacional» e interrogatorios.
El GHREN determinó que el Estado de Nicaragua incumple la Convención sobre los Derechos del Niño y es responsable de violaciones al Convenio para Reducir los Casos de Apatridia, entre otros.
«Las acciones represivas del gobierno trascienden las fronteras del país y afectan a personas opositoras o percibidas como tales en el exterior. El gobierno también ha continuado atacando a familiares de opositores dentro de Nicaragua, incluyendo niños, por simple asociación, como una forma de castigar a los opositores o disuadirlos de hablar dondequiera que se encuentren», señaló el GHREN en su informe.
