En Nicaragua, muchas madres viven atrapadas entre el deseo de criar hijos libres y el temor de que una palabra que digan sus hijos contra el régimen los ponga en peligro. “Es una mezcla de frustración y miedo constante”, señala una maestra de una escuela pública que, como madre, enfrenta cada día el dilema de enseñar a su hijo a callar para protegerlo.
“Vivir con la sensación de que no podés expresar lo que pensás, ni siquiera en tu propia casa o con tus hijos, es muy duro. Uno siente que está criando con límites invisibles que asfixian”, relata.
Desde las protestas de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su vigilancia sobre las aulas escolares. Las escuelas públicas, especialmente, se consolidaron como espacios donde se exige alineamiento ideológico y se castiga cualquier disidencia. En las universidades, incluso, opinar puede llevar a la expulsión o la cárcel.
En este ambiente de miedo, hasta los niños son percibidos como potenciales delatores, aunque no comprendan plenamente el peso de sus palabras.
Dolores que no se ven
Ruth Quirós, psicóloga costarricense que trabaja con nicaragüenses exiliados, ha atendido a menores y adultos marcados por la represión. Muchos de estos adultos son lo que ella llama “esos otros niños”: personas que vivieron la dictadura de Somoza y que ahora, como padres, reviven el trauma con una nueva dictadura.
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Según Quirós, el control político que ejerce el Frente Sandinista en las escuelas deja heridas profundas. “Son niños con alta inseguridad emocional, miedo a equivocarse o a hablar. Esto les generará ansiedad”, explica. Las secuelas no son sólo emocionales: pueden manifestarse como alergias inexplicables, dolores físicos, baja autoestima. “Todo esto es parte de la represión emocional”.
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, el sistema educativo ha sido progresivamente instrumentalizado. Los programas escolares exaltan la figura del presidente y de Rosario Murillo, promueven lealtad partidaria, y se exige participación en actos políticos. En muchas escuelas se vigila tanto a docentes como a estudiantes, y se castiga a quienes expresan opiniones contrarias al régimen.
Enseñar a callar a la niñez
La maestra entrevistada relata con dolor la medida que ha tomado para proteger a su hijo: enseñarle a guardar silencio.
“Le he dicho que evite hablar de política o repetir cosas que escuche en casa si son distintas a lo que enseñan en la escuela. Le explico que no es porque esté mal pensar diferente, sino porque aquí no es seguro”, relata. “Es muy doloroso tener que enseñarle a callar, cuando uno como madre lo que quiere es que su hijo sea libre”, añade.
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Su mayor temor es que su hijo diga algo “inapropiado” y eso tenga consecuencias graves para toda la familia. “Duele pensar que crecerá sin la libertad de cuestionar o de pensar por sí mismo”.
También teme por las consecuencias a largo plazo: “Criarse con miedo puede afectar su autoestima, su sentido crítico, su libertad interior. Puede aprender a normalizar la censura y el silencio, y eso es muy peligroso. Pero también tengo la esperanza de que un día valore la libertad, la busque y la defienda. Sólo quiero que crezca con conciencia de lo que pasa, pero también con la esperanza de que un día podrá hablar sin miedo”.
“Hay que sanar”
Para la psicóloga Ruth Quirós, es vital reconocer que tanto los niños que se quedaron como los que viven en el exilio están siendo afectados. Muchos de ellos se han separado de sus padres o familiares y viven con confusión y miedo.
“Pienso en los niños que se quedaron en Nicaragua. Están sufriendo. Y también pienso en los que están afuera. Ambos grupos necesitan ser acompañados”, expresa.
“Cuando el régimen termine, será urgente iniciar un proceso de sanación que involucre a todo el país. A los niños hay que incluirlos, ayudarles a entender lo que vivieron”, aconseja.
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Al régimen no le importa la edad
El régimen tampoco ha dudado en convertir a la niñez en arma de intimidación. El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) publicado el 3 de abril de este año, registró interrogatorios policiales a niños para obtener datos sobre familiares exiliados, y documentaron discriminación en escuelas y comunidades contra hijos de opositores. Según el informe, el acoso perpetúa el control estatal sobre las familias y obliga a muchos padres en el exterior a distanciarse de sus hijos para protegerlos.
La Constitución de Nicaragua fija la responsabilidad penal a partir de los 13 años y promete una “justicia especial del adolescente” con internamiento separado y garantías contra el aislamiento. Sin embargo, el informe advierte que las autoridades incumplen esas salvaguardias de forma sistemática: adolescentes comparten celdas insalubres con adultos, soportan aislamiento prolongado y no reciben supervisión independiente.
