El Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos informó este lunes que hasta abril se mantenía la cifra de 52 personas privadas de libertad por razones políticas en Nicaragua. Sin embargo, entre febrero y abril se registraron al menos 20 detenciones arbitrarias en territorio nacional, de las cuales se verificaron siete liberaciones en días posteriores, mientras que las otras 13 personas aún no han podido ser localizadas ni se tiene información clara sobre su situación jurídica o estado de salud.
Según el informe, las detenciones de marzo y abril muestran que el régimen ha ampliado su espectro represivo. Las autoridades han arrestado a opositores, exintegrantes de partidos políticos, familiares de exiliados, empresarios y trabajadores o funcionarios públicos, lo que evidencia una estrategia de control social cada vez más indiscriminada.
“Los casos documentados reflejan un patrón común de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo reclusión prolongada en condiciones de aislamiento, denegación de atención médica adecuada, alimentación deficiente y maltrato psicológico y físico”, indica el informe.
Además, en varios casos, las autoridades mantienen incomunicadas a las personas detenidas, las trasladan sin notificar a sus familiares o las ocultan en condición de desaparición forzada, al negarse a brindar información sobre su paradero o estado de salud.
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14 desaparecidos
El Mecanismo denuncia que 14 personas continúan en desaparición forzada bajo custodia estatal. Esta condición, definida como crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada, representa una grave violación al derecho internacional. Las familias, según el informe, enfrentan un patrón de negación de información, restricciones de visitas y aislamiento deliberado de los detenidos, lo que profundiza el sufrimiento y la incertidumbre.
En cuanto a las condiciones carcelarias, el informe señala que las personas presas políticas se encuentran en celdas deterioradas, sin ventilación ni higiene adecuada, con acceso restringido al agua potable y una alimentación deficiente, lo que agrava problemas de salud preexistentes o genera nuevas dolencias. La atención médica es prácticamente inexistente, y muchas veces los familiares deben asumir los costos de medicamentos sin tener certeza de que estos serán entregados.
El otro grupo de 13 personas que permanecen detenidas —del total de 20 que fueron detenidas recientemente entre febrero y abril de 2025— aún no han sido incorporadas al listado oficial porque el Mecanismo no ha podido confirmar su ubicación ni su estatus legal. Las familias denuncian su desaparición, pero el Mecanismo no las incluye formalmente en la lista porque aún no tienen suficiente información verificable.
También se documentan prácticas de maltrato y tortura psicológica, como la vigilancia por presos comunes, amenazas verbales constantes, requisas humillantes y aislamiento extremo. El uso de estos métodos busca quebrar la voluntad de las personas presas y sembrar el terror entre quienes las rodean.
El encierro prolongado tiene un profundo impacto emocional tanto en las personas detenidas como en sus familias, muchas de las cuales enfrentan amenazas, vigilancia, represalias laborales y restricciones arbitrarias para comunicarse con sus seres queridos. La desconexión con el mundo exterior ha llevado a estados severos de depresión y ansiedad.
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El Mecanismo concluye que el régimen penitenciario aplicado a las personas presas políticas en Nicaragua constituye una forma de tortura sistemática y prolongada, y hace un llamado urgente a la comunidad internacional para mantener la atención sobre estos casos y exigir al Estado nicaragüense el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
