Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al general de brigada en retiro y exministro asesor de la Presidencia para la Promoción de Inversiones, Álvaro Antonio Baltodano Cantarero; a su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy; al médico nicaragüense y costarricense Yerri Estrada Ruiz; y a ocho personas más que fueron arrestadas arbitrariamente por la dictadura de los Ortega Murillo entre mayo y agosto de 2025, y de quienes se desconoce su paradero.
Los beneficiarios son. Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, Álvaro Baltodano Monroy, Octavio Enrique Caldera, Marvin Antonio Campos Chavarría, Chester Jeramil Cortez Narváez, Yerri Gustavo Estrada Ruiz, Larry Javier Martínez Romero, Antonio Mercado López, Luis Francisco Ortiz Calero y María José Rojas Arburola.
Lea además: Quién es Álvaro Baltodano, el hombre fuerte de las inversiones de Ortega y que este encarceló
Según la CIDH, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua presentó el 11 y 18 de septiembre dos solicitudes de medidas cautelares, en las que argumentó que los diez beneficiarios son personas reconocidas o percibidas como opositoras al régimen de los Ortega Murillo. La CIDH concluyó que las alegaciones demuestran una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida, integridad personal y la salud corren riesgo de daño irreparable.
Baltodano Cantarero recibió visitas
Según la Resolución 74/2025 de la CIDH, Álvaro Baltodano Cantarero, de 73 años, y Álvaro Baltodano Monroy, de 46, pertenecen a una familia que el régimen persigue. El documento indica que la Policía de los Ortega Murillo capturó y allanó la vivienda de uno de sus integrantes en 2021.
La resolución señala que el régimen detuvo a Baltodano Cantarero como represalia política contra exfuncionarios y militantes históricos que habían expresado su disenso. Baltodano se desempeñó como ministro delegado para la Promoción de las Inversiones y Facilitación del Comercio Exterior, hasta que el gobierno lo destituyó el 31 de octubre de 2022.
El 14 de mayo de 2025, efectivos de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) lo detuvieron durante un allanamiento en su finca. Luego lo trasladaron al Sistema Penitenciario Jorge Navarro La Modelo, en Tipitapa, Managua, sin emitir una orden de captura ni notificarle cargos formales.
Un mes incomunicado
Durante 30 días, la dictadura negó detalles sobre su paradero, hasta el 13 de junio, cuando permitió una primera visita familiar en La Modelo, y una segunda el 27 del mismo mes, a la que acudió su hijo Baltodano Monroy.
Durante las visitas, según la Unidad de Defensa Jurídica, se le observó cansado, sofocado, visiblemente agotado y con una pérdida aproximada de 20 libras de peso. También se informó que no recibía tratamiento médico y que el galeno que lo visitaba no realizaba evaluaciones exhaustivas ni exámenes clínicos.
“Su aspecto físico reflejaba palidez y deterioro por la falta de cuidado sanitario. El 27 de junio de 2025 fue la última vez que el propuesto beneficiario pudo recibir visitas, pues a partir de entonces el Estado las habría negado y habría comenzado a perseguir a su familia. Desde entonces se desconoce su paradero y condiciones de detención”, señala la resolución.
Según la CIDH, el 10 de junio de 2025 Baltodano Cantarero fue condenado a 20 años de prisión por traición a la patria y se ordenó la confiscación de sus bienes, aunque no se ha podido acceder a ningún expediente judicial que confirme dicha sentencia.
Baltodano Monroy
En el caso de Baltodano Monroy, la CIDH señala que fue detenido el 21 de julio de 2025 por la noche, por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), en un retén ubicado en el puente Ochomogo, sobre la Carretera Panamericana, mientras se dirigía hacia Managua.
“Se informó que supuestamente el operativo policial estaba dirigido exclusivamente hacia él, luego que varias patrullas en su residencia de la capital con el objetivo de detenerlo. Según la CIDH, en el control policial fue retenido durante 40 minutos, sin sufrir agresiones físicas. Tras este procedimiento, fue trasladado bajo custodia. Desde entonces, no se conoce su paradero, motivos de detención y estado de salud. Se calificó la situación como ‘desaparición forzada’ enmarcada en la persecución hacia su familia”.
Baltodano Monroy tiene un stent coronario que se le implantó desde finales de 2024, tras diagnosticarsele una enfermedad arterial coronaria, por lo que requiere tratamiento farmacológico.
Yerri Gustavo Estrada Ruiz
Es médico interno, con nacionalidad nicaragüense y costarricense, de 30 años. Participó en el Movimiento 19 de Abril de León y en la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Desde 2018, las autoridades lo persiguieron y detuvieron en varias ocasiones, pese a que la Ley de Amnistía lo había beneficiado. El 13 de agosto de 2025, la directora del Hospital Amistad Japón de Granada lo citó a su despacho y lo entregó a agentes de policía, que lo arrestaron dentro del centro. Días después, el régimen difundió en Canal 4 un video propagandístico donde él aparece rapado y visiblemente alterado, obligado a afirmar que estaba “bien tratado”. Su familia denunció amenazas y tuvo que exiliarse.
Desde el 15 de septiembre de 2025 se notificó a sus familiares que las entregas de paquetería quedaban suspendidas. Días después, las autoridades llamaron a los familiares de Estrada para que abandonaran el país. Tuvieron que exiliarse entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de septiembre.
Estos son los otros siete beneficiarios y lo que señala la CIDH de cada uno:
Octavio Enrique Caldera
Tiene 25 años. Es estudiante de Contabilidad y trabajaba como contador en una empresa privada. Originario de Masaya, fue uno de los jóvenes que se sumó a las protestas de 2018 como parte de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), lo que le valió años de vigilancia y hostigamiento policial
Desde 2021, funcionarios vinculados al sandinismo lo acosaban constantemente y lo amenazaban con detenerlo si participaba en actividades políticas. El 13 de agosto de 2025, entre las dos y tres de la tarde, agentes lo arrestaron en Managua sin presentar orden judicial. Desde entonces, su familia no ha recibido confirmación oficial sobre su paradero, aunque el penal “La Modelo” aceptó algunas de sus pertenencias, lo que sugiere que permanece recluido allí en condición de incomunicado.
Marvin Antonio Campos Chavarría
Tiene 69 años. Es artista plástico con maestría en Bellas Artes y testigo de Jehová. Su familia fue objeto de persecución desde las protestas de 2018 en Jinotepe, cuando sus hijos participaron activamente en las manifestaciones. En agosto de 2025, agentes armados irrumpieron en su vivienda sin orden judicial, acompañados por civiles y por el delegado del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) del barrio
Campos padece hipertensión, insuficiencia cardíaca, vértigo e insomnio, pero no ha recibido atención médica. Su paradero sigue sin confirmarse, aunque su familia logró enviarle paquetes de comida al penal “La Modelo”.
Chester Jeramil Cortez Narváez
Es estudiante de Comercio Internacional y comerciante. Tiene 38 años. Antes de 2018 dirigía el grupo juvenil “Metamorfosis” en Jinotepe, que promovía la inclusión y participación social de jóvenes de la diversidad sexual.
El 15 de agosto de 2025, agentes policiales ingresaron sin orden judicial a su casa, lo esposaron y golpearon en el estómago y las costillas. Su madre, de 72 años, fue empujada violentamente durante el operativo. Los agentes le confiscaron su computadora y su pasaporte, y lo acusaron verbalmente de “conspirar contra el gobierno”. Desde ese día, Cortez Narváez permanece desaparecido.
Larry Javier Martínez Romero
Es albañil y participó activamente en las protestas cívicas de Masaya en 2018, donde la Policía lo capturó y lo torturó. Después de su liberación, las autoridades lo mantuvieron bajo vigilancia y le exigieron presentarse periódicamente a firmar en una estación policial.
El 13 de agosto de 2025, alrededor de las tres de la tarde, diez agentes policiales irrumpieron en su casa y lo detuvieron sin presentar orden judicial, bajo el pretexto de realizar una “entrevista policial”. No se reportaron golpes, pero desde entonces se desconoce su paradero. Su familia apenas ha logrado dejar paquetes de comida en el penal “La Modelo”, sin recibir confirmación de que se encuentre recluido allí.
Luis Francisco Ortiz Calero
Es licenciado en Banca y Finanzas y era operario en una empresa automotriz. Participó en las protestas de Masaya junto a su familia. En 2019, la Policía lo detuvo junto a su padre, quien luego se exilió. El 13 de agosto de 2025, agentes policiales ingresaron a su vivienda en Masaya y alegaron tener una orden de allanamiento que nunca mostraron.
Los agentes lo detuvieron y le confiscaron el teléfono y una tableta electrónica. Días después, los tribunales rechazaron los recursos de exhibición personal que presentó su familia. Hasta ahora, nadie ha confirmado su paradero.
Lea además: Nicaragua supera a Cuba y Venezuela en medidas cautelares emitidas por la CIDH
Erick Antonio Mercado López
Es artesano y católico practicante, residente del barrio Monimbó en Masaya. Desde 2024, la Policía lo visitaba cada mes, lo fotografiaba y le exigía firmar hojas de control. El 13 de agosto de 2025, una persona lo llamó fingiendo necesitar ayuda con una motocicleta averiada; cuando salió de su casa, agentes lo interceptaron y lo arrestaron.
Según los vecinos, la Policía lo acusó de organizar “reuniones golpistas”, aunque en realidad preparaba una fiesta de cumpleaños. Desde entonces, nadie ha vuelto a verlo.
María José Rojas Arburola
Es ama de casa originaria de Jinotepe. Su familia sufrió directamente la represión: en 2022, el régimen asesinó a su padre, el opositor Rodolfo Rojas Cordero, y en 2023 le quitó la nacionalidad a su hermano.
El 15 de agosto de 2025, a las seis de la mañana, agentes de la DOEP irrumpieron en su vivienda sin orden judicial y la detuvieron. Su captura ocurrió en medio de un operativo simultáneo en Carazo y Masaya, dirigido contra antiguos manifestantes de 2018. Padece problemas circulatorios que requieren tratamiento, pero no se ha informado sobre su atención médica ni sobre su paradero.
