Como evidencia del grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, el país es el que más medidas cautelares ha recibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los últimos 15 años dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), superando a otros países con regímenes dictatoriales como Cuba y Venezuela. Entre 2010 y marzo de 2025, la CIDH ha emitido 144 medidas cautelares a favor de nicaragüenses, de las cuales 137 están relacionadas con la represión desatada por la dictadura a partir de 2018.
Las cifras de la CIDH revelan que 2018 fue el año en que más medidas cautelares se emitieron, con un total de 34, debido al estallido de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El segundo año con más medidas fue 2021, en el contexto de las elecciones generales, cuando se otorgaron 32.
La cantidad de medidas cautelares otorgadas a nicaragüenses entre 2010 y marzo de 2025 supera las emitidas en Venezuela, que acumula 125, y Cuba, con 60.
Según la CIDH, una medida cautelar es un mecanismo de protección mediante el cual solicita a un Estado que proteja a una o más personas que se encuentren en una situación grave y urgente de riesgo de sufrir un daño irreparable.
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Este mecanismo está contemplado en el artículo 25 de su Reglamento, el cual establece que, ante situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables, la Comisión puede solicitar, de oficio o a petición de parte, que un Estado adopte medidas cautelares.
Revela “brutalidad” de la represión
Para el abogado y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez Ayérdiz, el hecho de que Nicaragua sea el país del SIDH con más medidas cautelares evidencia la “brutalidad” con que el régimen Ortega Murillo reprime a la población.
“Desde 2018, el Estado de Nicaragua ha articulado una serie de ataques sistemáticos no sólo contra las personas presas políticas, sino también contra las organizaciones civiles, el espacio cívico, las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, los medios de comunicación y los centros de derechos humanos”, dijo Ramírez a LA PRENSA.
Ramírez explicó que muchas de esas medidas comenzaron protegiendo a personas a quienes les allanaban sus casas y a periodistas; luego se centraron en la persecución a la Iglesia y, más adelante, en la prisión política como método generalizado de censura, castigo y represión.
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“Hoy en día, la mayoría de las medidas cautelares están relacionadas con las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren los presos políticos en Nicaragua. Eso es lamentable, porque refleja que estamos frente a un Estado no sólo brutal, sino también cruel”, refirió.
Siete medidas cautelares antes de 2018
Aunque antes de 2018 Nicaragua era de los países que menos medidas cautelares recibía por parte de la CIDH, Ramírez destaca que las siete emitidas entre 2010 y 2017 evidencian que el deterioro de los derechos humanos en el país no comenzó ese año.
Según Ramírez, antes de 2018 la comunidad internacional “miraba hacia otro lado” y existían “elogios” sobre la conducción económica y social del Gobierno de Nicaragua.
“Sin embargo, a medida que se acercaba 2018, la destrucción de la institucionalidad fue acompañada por un aumento en la brutalidad de los actos que después se volvieron generalizados. Recordemos las matanzas ejecutadas por la Policía, el asesinato de los hijos de doña Elena Valle, el conflicto por el canal interoceánico y el incremento en la crueldad de los crímenes como los femicidios”, señaló Ramírez.
En 2010, la CIDH emitió una medida cautelar a favor de una persona identificada como “Amelia”, madre de una niña de 10 años que no recibió la atención médica necesaria para tratar el cáncer que padecía debido a su embarazo.
En 2015, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la líder campesina Francisca Ramírez ante la grave situación de riesgo por su labor en la representación de personas cuyos territorios se verían afectados por la construcción del canal transoceánico.
El 8 de agosto de 2016, la CIDH decidió ampliar la medida cautelar 505/15, otorgada originalmente el 14 de octubre de 2015 a favor de las comunidades indígenas de La Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del pueblo indígena miskito de Wangki Twi-Tasba Raya, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, municipio de Waspam, Nicaragua. Con la ampliación, la CIDH solicitó la protección de la vida e integridad de los miembros de las comunidades indígenas de Naranjal y Cocal, del territorio indígena Wangki Li Aubra, así como de los defensores de derechos humanos integrantes de la organización Cejudhcan.
2018 marcó un quiebre
Ramírez consideró que 2018 marcó “un quiebre” para la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos.
“Ahí se dieron cuenta de la gravedad de la situación y entendieron que Daniel Ortega no era el líder progresista que muchos creían, ni representaba una nueva forma de democracia. Eso era una mentira”, refirió.
Ahora bien, ¿qué representan estas medidas cautelares? Representan una instancia de justicia para las víctimas. Junto con los casos y denuncias ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares han sido un recurso valioso.
¿Funcionan ante regímenes autoritarios?
Aunque la misma CIDH ha señalado que el régimen Ortega Murillo no responde a las solicitudes de información ni implementa las medidas cautelares, Ramírez afirma que estas resoluciones sirven para documentar los hechos ante un eventual proceso de rendición de cuentas cuando se restaure la democracia en el país.
“Sirven, al menos, para que las familias de las personas presas políticas tengan una esperanza, una certeza de que hay un organismo que las escucha. Porque el Estado, en su narrativa y en su práctica, niega los crímenes de lesa humanidad y niega la existencia de presos políticos. Entonces, una medida cautelar genera algo de esperanza”, señaló.
Por su parte, el abogado Salvador Lulio Marenco, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a LA PRENSA en entrevistas anteriores que cuando un Estado no acata de forma constante las medidas cautelares, la CIDH tiene la opción de convertirlas en medidas provisionales y trasladarlas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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En el caso de Nicaragua, en noviembre de 2022 la Corte IDH declaró al Estado en desacato permanente por no responder a las demandas de liberar a presos políticos. Nicaragua está obligada a acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haber suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o “Pacto de San José” de Costa Rica de noviembre de 1969.
Al respecto, Marenco señaló que es importante continuar denunciando y solicitando medidas cautelares en los casos necesarios, puesto que considera que, de alguna manera, el Estado de Nicaragua responde.
