Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constituyen un mecanismo esencial para la protección urgente y temporal de los derechos humanos en situaciones de extrema gravedad y riesgo inminente. En el caso de Nicaragua, esta instancia ha aplicado medidas cautelares a presos políticos y voces críticas en riesgo de violaciones irreparables a sus derechos a la vida, salud o que se encuentren en situación de hostigamiento y amenazas.
Sin embargo, especialistas en derechos humanos consultados refieren que su eficacia ha disminuido debido a la represión del régimen Ortega Murillo.
Según la CIDH una medida cautelar es un mecanismo de protección mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
«Por un lado, busca que no se sigan violando derechos humanos y que se consume un hecho irreparable. Cuando hay situaciones urgentes en las que está en riesgo la integridad y la vida de una persona, se hace la solicitud», dijo el abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda Quinteros.
En ese sentido, el mecanismo de las medidas cautelares está previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, que establece que ante situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables, a solicitud propia o de parte, se puede solicitar que un Estado adopte medidas cautelares.
«Se hace la solicitud, luego se hace un examen rápido y un requerimiento preliminar de información al Estado. En función de eso, se determina la procedencia. En términos reales, un proceso de medidas cautelares pueden tardar entre una o dos semanas en aplicarse después de que se solicita», expuso Pineda.
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Este 6 de agosto, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de tres opositores: Douglas Acevedo, Geovanny Jaret Guido y Anner Herrera, que forman parte de los 151 presos políticos que el Mecanismo para el Reconocimiento de las personas presas políticas reportó hasta julio.
La eficacia del instrumento ante regímenes como el de Nicaragua
Yaritza Mairena, de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), señaló que antes de 2021, los reos de conciencia en Nicaragua podían contar con abogados defensores en los juicios y que el Estado respondía de alguna manera ante la aplicación de medidas cautelares. Sin embargo, expresó que a partir de 2021 este instrumento tiene menor impacto.
«Las medidas cautelares de la CIDH tienen menos impacto. En 2019 todavía servían y se lograba el efecto de presentar a los presos políticos o aminorar el maltrato que estaban sufriendo en las cárceles», dijo Mairena.
Pineda refiere que esto se debe a que el sistema de protección de derechos humanos se basa en una lógica de cumplimiento «de buena fe» de los Estados, por lo que no es garantía de que el régimen Ortega Murillo los acoja en su totalidad.
«El ambiente de represión en Nicaragua se ve agravado por el desacato sistemático del régimen a resoluciones internacionales. Esta pérdida de eficacia de instrumentos, si bien verifican la grave situación de derechos humanos en el país, también nos deja en indefensión», refirió.
Estado reacciona a su manera
Por su parte, el abogado Salvador Lulio Marenco, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a LA PRENSA que cuando un Estado no acata medidas cautelares de forma constante, la CIDH tiene la opción de pasarlas a medidas provisionales y trasladarlas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de Nicaragua, en noviembre de 2022, la Corte IDH declaró al Estado en desacato permanente por no responder a las demandas de liberar a presos políticos. Nicaragua está obligada a acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haber firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o “Pacto de San José” de Costa Rica de noviembre de 1969.
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Al respecto, Marenco señaló que es importante que se continúe la denuncia y solicitud de medidas cautelares en casos necesarios puesto que considera que de alguna u otra manera, el Estado de Nicaragua responde.
«Hemos conocido algunos casos en los que hubo represalias contra personas presas políticas y que después las terminan liberando. Hay efectos en algunos casos. Es importante pero es un riesgo, aunque es un respaldo jurídico», dijo Marenco.
«Si no se denuncian estas acciones a la comunidad internacional, el Estado lograría el propósito de imponer un silencio, que genera impunidad», añadió.
En muchos casos, la CIDH ha otorgado medidas cautelares para proteger a defensores de derechos humanos que están en riesgo de sufrir represalias por su labor. También la CIDH ha adoptado medidas para proteger a comunidades indígenas que enfrentan amenazas a su territorio y modo de vida debido a actividades extractivas o conflictos territoriales.
