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El directivo de Hagamos Democracia, Jesús Tefel, calificó como una “señal de fuerza” la acción judicial de cobro y amenaza de embargo por casi 80 millones de dólares que una jueza de Managua ejecuta contra la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN).
La empresa en proceso de embargo forma parte de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), uno de los conglomerados industriales más antiguos y representativos del país.
La medida judicial, publicada en resoluciones del Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua, ordena el cobro a favor de la Dirección General de Ingresos (DGI) en un proceso iniciado a solicitud del Estado, por la Procuradora Nacional de Finanzas, Silvia Patricia Miranda Campos.
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La empresa afectada, CRN, forma parte del grupo empresarial de la Cervecería, productora de las marcas Toña y Victoria, que controla la mayor parte del mercado nacional de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
“Un mensaje para todo el sector privado”
“Más que el monto, que de por sí es altísimo, lo grave es el simbolismo”, afirmó Tefel, quien además es miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde).
“Están tocando de forma arbitraria a una de las industrias más poderosas del país. La Cervecería tiene una enorme presencia en el mercado y una red de distribución que llega a todo el territorio. Que la ataquen de esta forma es una advertencia: siguen operando únicamente porque la dictadura lo permite”, añadió.
Según Tefel, el mensaje es directo para el resto de los empresarios. “Nadie está a salvo en Nicaragua. No hay empresa, por poderosa que sea, que pueda considerarse protegida frente a la arbitrariedad del régimen. Esto sirve como ejemplo para infundir miedo y disciplinar a los demás. Es una táctica de control”, dijo.
El dirigente recordó que desde 2021 el régimen Ortega-Murillo eliminó las principales organizaciones de representación del sector privado y desarticularon las formas de comunicación y defensa de las empresas.
“Ilegalizaron las Cámaras y todas las asociaciones gremiales, incluido el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Hoy los empresarios no tienen cómo defenderse ni dentro ni fuera del país. Han quedado completamente indefensos ante los atropellos del poder político”, explicó.
Tefel situó el caso de CRN y la Cervecería dentro de una tendencia de creciente concentración del control económico en Nicaragua.
“La dictadura arrasó con cualquier forma de organización social o económica autónoma, y ahora busca someter al último espacio donde aún hay recursos e influencia: la empresa privada. Esta amenaza de embargo no es solo un ataque económico; es una amenaza general”, añadió.
Comunicado de liberales exiliados
La agrupación Liberales Nicaragua, integrada por dirigentes liberales en el exilio, también se pronunció sobre el caso de la empresa CRN en una nota pública.
En su declaración, los liberales recordaron que el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) restituyó a los antiguos socios las acciones y las instalaciones de la Compañía Cervecera de Nicaragua, que habían sido confiscadas durante la primera etapa del sandinismo en los años ochenta.
“Los nuevos propietarios emprendieron entonces una fuerte capitalización con millonarias inversiones para modernizarla, elevar la calidad de la producción y generar miles de empleos”, indica el documento.
La organización denunció que el proceso judicial actual, promovido por las autoridades fiscales, constituye un “nuevo acto confiscatorio” y advirtió sobre la posibilidad de que se trate del primer paso hacia una nacionalización o transferencia del control del consorcio cervecero a manos de empresas vinculadas al círculo familiar del poder.
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¿Planes de nacionalización?
“El sistema judicial en Nicaragua actúa bajo obediencia directa del régimen Ortega-Murillo”, señala el comunicado.
“Con semejante demanda, no tememos equivocarnos sobre los planes de nacionalización y posterior privatización del consorcio a favor del grupo empresarial de la familia dictatorial sandinista”, dicen.
El pronunciamiento también advierte al empresariado nacional y extranjero sobre el riesgo de seguir operando bajo las condiciones actuales.
“Son únicamente piezas temporalmente necesarias para el régimen, que gradualmente retomará el control de sus empresas, deshaciéndose de los empresarios que en algún momento le sirvieron”, afirma el texto.
La agrupación concluye que “la posibilidad del ejercicio libre y pleno de la economía de mercado y la libre empresa solo será posible con un gobierno de principios democráticos”, en alusión al modelo liberal que defiende la organización desde el exilio.
Críticas desde el exilio empresarial
Un dirigente empresarial, que pidió mantener el anonimato por razones personales, consideró que el proceso judicial contra CRN refleja un patrón de presiones económicas y administrativas que afecta de manera general a las empresas que operan en Nicaragua.
“A todas luces hay una arbitrariedad judicial y administrativa. No se permite a la empresa defenderse en igualdad de condiciones como ocurre en un Estado de derecho. En Nicaragua ya sabemos que eso no existe”, opinó.
El empresario opinó que la demanda puede tener motivaciones económicas. “Parece más una extorsión que un proceso judicial. Parece que están buscando forzar una negociación en la que puedan obtener beneficios sin invertir nada: acciones, recursos o dinero. Así suelen actuar los sandinistas”, señaló.
Según el dirigente, los empresarios que permanecen en el país operan bajo un clima de incertidumbre. “Ellos saben las reglas del juego. Ya saben que sin Cámaras ni gremios, cada uno debe negociar por su cuenta. Algunos van a ceder, otros van a negociar o perder, pero todos están en riesgo”, añadió.
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Antecedentes de represión al empresariado
Desde el estallido de las protestas de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega ha mantenido una relación tensa con el sector privado.
Durante los primeros años del gobierno sandinista, la alianza entre el Ejecutivo y el Cosep fue clave para mantener la estabilidad económica y atraer inversiones. Sin embargo, esa cooperación se rompió tras la represión de las manifestaciones y el cierre del diálogo nacional.
A partir de 2021, con la aprobación de reformas legales y administrativas, el gobierno canceló la personería jurídica de más de una docena de cámaras empresariales, asociaciones de productores y organizaciones gremiales.
Entre las afectadas se encuentran la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), la Cámara de Industrias (Cadin), la Asociación de Productores y Exportadores (APEN) y el propio Cosep, cuyos principales dirigentes fueron detenidos y posteriormente expatriados.
Varios empresarios de renombre, entre ellos Michael Healy y Álvaro Vargas, permanecieron encarcelados por meses antes de ser desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, junto a más de 200 presos políticos.
Desde entonces, el sector privado ha operado sin representación formal y bajo supervisión directa de entidades estatales.
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Analistas económicos consultados por medios independientes han señalado que el nuevo esquema concentra la toma de decisiones en un reducido grupo de funcionarios vinculados al Ejecutivo y al sistema tributario, lo que limita la autonomía de las empresas.
Contexto económico y judicial
El caso de la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN) ocurre en un contexto de creciente intervención estatal sobre las actividades económicas.
En los últimos años, Aduanas y la DGI han incrementado presiones fiscales a empresas privadas, incluyendo amenazas policiales, en un clima de confiscación contra propiedades de organizaciones cerradas, universidades y medios de comunicación.
La Compañía Cervecera de Nicaragua es considerada una de las principales industrias del país, con una historia que se remonta a 1926.
Tras la devolución de sus activos en los años noventa, la empresa propietaria de CRN experimentó un proceso de expansión que la consolidó como una de las mayores productoras de bebidas de Centroamérica.
