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Una vez más, el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió del peligro que implica invertir en Nicaragua; y aconsejó que al hacerlo se extremen las precauciones y la debida diligencia. Como parte del creciente deterioro del clima de inversiones, detalló que la reforma constitucional, vigente desde febrero de 2025, abolió la independencia judicial; aprobaron una nueva ley de inversiones extranjeras diseñada para controlar y vigilar; no aplican de manera justa el Estado de derecho; no existe un entorno empresarial predecible; y la corrupción campea porque no aplican el marco legal que la penaliza.
El reporte Declaración de Clima de Inversión de Nicaragua 2025, publicado el fin de semana y que se actualiza anualmente, reconoce que la agudización del deterioro del clima de negocios, ocurre pese a que en medio de la represión sistemática y la creciente pobreza, Nicaragua sigue mostrando fundamentos macroeconómicos estables. Entre ellos, una carga de deuda sostenible; el sector bancario nacional bien capitalizado y un nivel récord de reservas internacionales, que según el más reciente reporte del Banco Central de Nicaragua (BCN), al 30 de junio de 2025 se ubicaron en 7,206 millones de dólares.
Pero mientras la macroeconomía está robusta, según el documento, las autoridades siguen plagando el clima de inversiones de riesgos reputacionales y regulaciones arbitrarias, ya que «continúan deteniendo injustamente a presos políticos, exiliando forzosamente a ciudadanos, confiscando propiedad privada y violando y desmantelando el Estado de derecho», detalla el documento.
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Ley para controlar y vigilar inversión
El informe le advierte a los inversionistas que aunque Nicaragua cuenta con leyes relacionadas con la inversión extranjera, «su implementación, cumplimiento e interpretación están sujetas a la corrupción y la presión política». También les explica que la Ley 1240, Ley de Inversiones Extranjeras, que aprobaron en febrero y entró en vigencia en mayo de 2025, está diseñada para ejercer control y vigilancia sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.
La Ley 1240 estableció que para permanecer en el país, las inversiones deben registrarse, esto antes era voluntario. Otras exigencias son que los inversionistas presenten informes trimestrales de cumplimiento y datos estadísticos al Banco Central. Además, creó la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que dirige, en su calidad de asesor presidencial de inversiones, el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, que incluso, está sancionado por Estados Unidos desde abril de 2019.
Laureano Ortega Murillo coordinará la CNIE, instancia que elegirá a las inversiones que reciban el registro para permanecer o ingresar al país; y la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones (SPIEX), que también dirige, actuará como secretaría técnica de la CNIE.
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras se reunirá cuando Ortega Murillo la convoque y en ella tendrá como subordinados a tres funcionarios: el presidente del BCN, Ovidio Reyes; el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Erwin Ramírez; y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), cargo que desde junio de 2023 ocupa de forma interina Fernando Diego Sánchez Solórzano.
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IED bajo control de Laureano Ortega
Además de advertir los riesgos que implica en nuevo marco legal para las inversiones extranjeras, el informe del Departamento de Estado recuerda que para invertir en Nicaragua es crucial que los inversionistas tengan conexiones personales con funcionarios gubernamentales; y que estén conscientes de que todas las decisiones relacionadas a las empresas extranjeras las toman Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Si bien las autoridades municipales y ministeriales pueden tomar decisiones relevantes para las empresas extranjeras, todas las acciones están sujetas a la aprobación de facto de la copresidencia. Los inversionistas no deben tener expectativas razonables de reglas de juego justas ni de igualdad de condiciones en Nicaragua», expone el documento.
Según el informe, el régimen Ortega Murillo «utiliza las leyes tributarias y su aplicación para intimidar a sus oponentes y aumentar los ingresos del gobierno». Entre los desafíos que enfrentan las empresas para operar en Nicaragua, figuran el incremento de auditorías fiscales, las multas arbitrarias, cambios en las leyes fiscales y pasivos fiscales inflados.
Aunque Nicaragua tiene un marco legal que penaliza la corrupción, no se aplica. «La permisividad general, la falta de instituciones sólidas, la ineficacia del sistema de pesos y contrapesos, y el control absoluto de las instituciones gubernamentales por parte del régimen Ortega Murillo, propician una corrupción desenfrenada.
La reforma a la Constitución
El documento también señala que el sistema judicial es «particularmente vulnerable a los sobornos, la manipulación y la influencia política»; y el informe dice que algunas empresas denunciaron que la corrupción obstaculiza la inversión, especialmente en las contrataciones públicas, las licencias, las aduanas y los impuestos.
En noviembre de 2024 los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron, en primera legislatura, una supuesta reforma constitucional que el régimen Ortega Murillo presentó como parcial, pero especialistas la califican como total, ya que cambió 185 de los 198 artículos que contiene. La reforma la refrendaron en enero de 2015 y entró en vigencia en febrero.
Entre otros cambios, impuso la figura de copresidentes, y oficializó el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre los otros tres poderes del Estado. La reforma transformó los poderes Legislativo, Electoral y Judicial, en órganos que estarán subordinados a los copresidentes Ortega y Murillo.
El informe expresa su preocupación por las confiscaciones. Sin embargo, desde la elaboración del documento la situación del robo de propiedades se agudizó, porque en agosto, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo.
La Ley de Territorio Fronterizo
Bajo la justificación de razones de seguridad y defensa de la soberanía la Ley de Territorio Fronterizo, nacionalizó unos 18,735 kilómetros cuadrados del territorio nacional, ubicados en las zonas fronteriza del país.
Con esta ley oficializaron la confiscación de aproximadamente el 14.15 por ciento del territorio nacional. Entre los afectados hay propiedad privada, comunal y cooperativa. En las zonas confiscadas existen plantaciones de café, naranja y palma africana, granjas acuícolas, pastizales, negocios turísticos, reservas ecológicas, territorios indígenas, casas de habitación y otras propiedades.
Finalmente el informe del Departamento de Estado recuerda que «Estados Unidos sigue siendo la segunda fuente más importante de IED, y que la mayoría de las inversiones actuales son utilidades reinvertidas», situación que el BCN ha confirmado.
También que sigue vigente la investigación sobre la aplicación de leyes, políticas y prácticas relacionadas a los derechos laborales y humanos, que abrió en diciembre de 2024, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), sustentada en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.
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Informe reducirá la inversión
Para el economista y exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro, todo el reporte que incluye doce capítulos, contiene información negativa sobre el clima de negocios en Nicaragua, pero eso ya lo traían informes anteriores. Sin embargo hay señalamientos que aparecen por primera vez.
«Lo que más llama la atención son los elementos nuevos que el departamento de Estado incluyó como causantes de que se siga deteriorando aún más, el clima de inversiones. Entre ellos, la nueva Constitución que entró en vigencia en febrero y eliminó la independencia del poder Judicial; y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) que preside Laureano Ortega Murillo», dice Chamorro.
El economista añade que el informe califica a la CNIE como un mecanismo para ejercer control absoluto de las inversiones y generar cualquier tipo de presión fiscal, peor que la ya ejercida. Esto constituye un elemento más grave para el inversionista». También señala otros elementos nuevos del informe es que menciona que las fuentes tradicionales de IED se siguen disminuyendo, y ahora lo que hay es reinversión de utilidades de las empresas extranjeras establecidas en el país; y que están sustituyendo la IED tradicional con inversiones chinas.
Con respecto a la investigación sustentada en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que emitirá su resolución en los próximos meses, Chamorro considera que es significativo que el Departamento de Estado la haya incluido en el documento. «Las consecuencias de este informe serán todavía más negativas que las anteriores. Se traducirán en más disminución de la inversión extranjera y esto a su vez en menos empleos y menos ingresos para las familias nicaragüenses.», asegura Chamorro.
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