En medio de la incertidumbre por los efectos que provocará en Nicaragua el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la administración de Joe Biden abrió una investigación —sustentada en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974— sobre las violaciones a los derechos laborales y humanos que ha cometido el régimen Ortega Murillo. Según los especialistas, este inusual proceso ocasionará graves consecuencias a la economía, ya sea a través de la imposición de multas, aranceles a las exportaciones que se envían al mercado estadounidense o en el peor de los casos, con la suspensión temporal o definitiva del DR-Cafta.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y perder ese mercado sería catastrófico, ya que es el destino de más de la mitad de las exportaciones totales, es decir, las del régimen general y las de zona franca que el año pasado juntas generaron 7,543 millones de dólares. Además, para los productos que fabrican las empresas que operan bajo el régimen de zona franca ese mercado es su principal destino, por lo que una reducción en sus ventas pondría en riesgo los más de 120 mil empleos directos que genera el sector.
Aunque el régimen ha puesto sus esperanzas en China, en casi dos años de vigencia del Acuerdo de Cosecha Temprana que le abrió la puerta de ese mercado a más de sesenta productos nicaragüenses, y un año de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) que incrementó la lista de productos beneficiados, el mercado chino sigue comprando alrededor del 1 por ciento de las exportaciones totales de Nicaragua.
Los delitos que se investigan
El martes 10 de diciembre, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) abrió la investigación sustentada en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Los afectados por las violaciones que incluye el proceso tienen hasta la medianoche del 8 de enero de 2025 para presentar comentarios por escrito y solicitudes para comparecer en la audiencia pública. El 16 de enero convocarán a una audiencia pública que se extenderá durante el tiempo que sea necesario; y a la medianoche del 23 de enero se vencerá el plazo para la refutación posterior a la audiencia.
Al anunciar el inicio de la investigación la representante comercial Katherine Tai dijo que las violaciones cometidas por los Ortega Murillo “socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”.
Según el expediente que abrió la USTR, hay evidencia de que el régimen Ortega Murillo ha cometido o permitido violaciones y abusos de los derechos laborales reconocidos internacionalmente; violaciones de los derechos humanos contra nicaragüenses y extranjeros, mediante encarcelamientos, destierros, expropiaciones, incluso a ciudadanos estadounidenses y despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense.
Además, alienta la invasión ilegal de tierras protegidas, incluidas las que pertenecen a comunidades indígenas; aplica la ley de manera arbitraria o parcial; impone multas, impuestos, inspecciones aduaneras y resoluciones arbitrarias o incorrectas; y revocó el estatus legal de al menos 151 cámaras y asociaciones empresariales, incluida la Cámara de Comercio Americana (AmCham).
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Investigación puede sacar a Nicaragua del Cafta
El documento añade que estas violaciones han provocado pérdidas de ventas y exportaciones a las empresas estadounidenses, y anulado oportunidades de inversión y negocios para los trabajadores y empresas estadounidenses, a través de la creación de un entorno de alto riesgo para invertir o realizar negocios.
Según conocedores del tema, esta investigación no será interrumpida por el cambio de Administración, ya que generalmente estos procesos son muy serios y no son afectados por cambios de Administración.
“Así es que no creería que esta vaya a ser la excepción y mucho menos con las distintas y diferentes señales que se están viendo en la comunidad internacional, como son el rechazo al nombramiento de Denis Moncada en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamérica (SICA) y una apertura de la Iglesia católica en lo público sobre el tema Nicaragua”, dice un dirigente empresarial que por temor a represalias evita identificarse.
Además, el dirigente empresarial no cree que la USTR haya abierto esta investigación sin comentarlo con el equipo del presidente electo Trump. “Esta investigación abre un abanico de posibilidades en relación al Cafta que van desde multas hasta la renegociación del tratado donde Nicaragua pueda quedar fuera”, advierte el dirigente empresarial.
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Desde multas hasta aranceles y revisión del Cafta
El expediente que la USTR le abrió a Nicaragua establece que “de conformidad con la Sección 304 de la Ley de Comercio, el representante comercial de los Estados Unidos debe determinar si el acto, la política o la práctica bajo investigación es procesable de conformidad con la Sección 301” y si la determinación es positiva, debe determinar qué acción tomar.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, economista y exreo político desterrado, coincide en que el traspaso de gobierno de Biden a los republicanos liderados por Donald Trump no entorpecerá el proceso; al contrario considera que el nuevo representante lo acogerá, y advierte que la investigación provocará graves consecuencias a la economía nicaragüense.
“Tendrá serias consecuencias en la economía nacional porque pone en relieve la posibilidad de que el representante (comercial) o la Administración (Biden) impongan, ya sea multas, tarifas específicas o incluso la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua del Cafta”.
La seguridad de que la Administración Trump seguirá este proceso e incluso puede imponer castigos más severos se sustenta en que su secretario de Estado, el senador Marco Rubio, lleva tiempo impulsando la posible expulsión de Nicaragua del Cafta, como medida de presión para frenar los abusos de los Ortega Murillo.
Abusos de los Ortega Murillo arriesgan el Cafta
Además, Chamorro insiste en que los únicos responsables de las graves afectaciones que provocará este proceso a la economía nicaragüense son los Ortega Murillo.
“Esta investigación la provocaron las arbitrariedades, los abusos, los delitos, los crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo. Que no quepa la menor duda al respecto, la representante de Comercio, Katherine Tai, lo dijo, ha leído los informes del Gobierno de Estados Unidos y de otros países, de los organismos de derechos humanos incluido el Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones independientes de derechos humanos y todos donde se han denunciado estos abusos y arbitrariedades”, detalló Chamorro.
Concluye diciendo que ante tanta evidencia solo resta esperar el resultado de esta investigación que puede incluir desde aumento de tarifas o aranceles a las exportaciones nicaragüenses y en el peor de los casos la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (conocido como DR-Cafta).