En medio del temor del sector privado por las consecuencias de la entrada en vigencia de la Ley 1224, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, el régimen Ortega Murillo está seguro de que, a pesar que roza con normas internacionales antilavado, impondrá su decisión. Incluso en la Asamblea Nacional se burlaron de la decisión de Estados Unidos de ampliar por otro año la orden ejecutiva que declara a Nicaragua como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de ese país y aseguraron que el FMI respondió claramente a ese anuncio.
En la sesión del martes 26 de noviembre, mientras aprobaban el Presupuesto General de la República para 2025, el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto del parlamento, aseguró que a pesar de la bienandanza del país, “existen intenciones especialmente de sectores externos de manipular la información y de mentir a la opinión pública, tanto nacional como internacional”.
Para Gutiérrez, una de esas muestras de la “manipulación de la información” y de las “mentiras” que se divulgan es la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ampliar por un año más la orden ejecutiva de 2018 que declara a Nicaragua como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
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Wálmaro Gutiérrez dice que el FMI le respondió a Biden
“Reiteran una orden ejecutiva que fue tomada el 27 de noviembre del año 2018, donde catalogan a Nicaragua como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de ese país norteamericano; y argumentan que supuestamente hay un desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas, tácticas represivas contra civiles y corrupción que conducen a la desestabilización de la economía de Nicaragua”, detalló Gutiérrez.
Y mientras mostraba una copia de la orden ejecutiva y se reía, añadiendo que lo “consumían las ganas de contestar esa sarta de mentiras”, pero no lo hizo porque considera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respondió a esa decisión, ya que el mismo día en que Biden firmó la ampliación del plazo de la orden ejecutiva, una misión técnica del organismo multilateral emitió las conclusiones preliminares del examen periódico anual conocido como Artículo IV.
“Voy a aprovechar estas declaraciones… del personal técnico al término de la misión de la consulta del Artículo IV que fue emitida el mismo 22 de noviembre del 2024, el día que se dio esta declaración de Biden”, dijo el diputado.
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Dice que calificadoras también muestran otro panorama
Luego Gutiérrez leyó un párrafo del informe preliminar que emitió la misión del FMI que visitó Managua en las primeras semanas de noviembre.
“Nicaragua mantiene un desempeño económico robusto soportado por políticas macroeconómicas prudentes y un flujo de remesas muy sólido. El panorama económico apunta a un crecimiento sostenido en un contexto de políticas macroeconómicas prudentes y la solidez de la posición externa y fiscal. La misión reconoce los constantes esfuerzos para preservar la sostenibilidad fiscal, que a la vez respalda el crecimiento a mediano plazo. La actual combinación de políticas adoptadas por el gobierno es apropiada y los esfuerzos de las autoridades para reforzar el mecanismo de transmisión monetaria son bienvenidos: Fondo Monetario Internacional (FMI)”, manifestó mientras mostraba el documento.
Además, dijo que si a alguien no le parece suficiente la respuesta que “el FMI le dio a Biden”, otra muestra de las mentiras que se dicen sobre la economía son las reciente mejoras a la calificación del riesgo crediticio que otorgaron las agencias calificadoras; y detalló que Moody’s subió la calificación de B3 a B2, Fitch Ratings la subió de B menos a B y Standard & Poor’s la mejoró de B a B positivo.
“Entonces a esta mentira del señor Biden… le contestamos con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, con lo que dice Moody’s, con lo que dice Fitch Ratings y con lo que dice Standard & Poor’s. Sencillamente son mentiras”, aseguró el diputado.
Lo que Gutiérrez no mencionó es que las agencias calificadoras son empresas que cobran por sus servicios, por tanto el Estado de Nicaragua las contrata y paga por recibir esas calificaciones. Según información divulgada por estas agencias las tarifas dependen del cliente y van desde mil hasta un millón de dólares.
Oficialismo obvia riesgos internacionales
Sin mencionar los temores que ha provocado la entrada en vigencia de la Ley 1224, el diputado también aseguró que el contexto económico que describen el FMI y las calificadoras de riesgo, junto al Presupuesto General de la República de 2025 son “una herramienta poderosa” para que los inversionistas nacionales y extranjeros sigan viendo a Nicaragua como “una de las plataformas más atractivas” para invertir, hacer negocios, crear empresas y generar empleos.
Desde febrero del 2021 el régimen Ortega Murillo intentó forzar a los bancos a incumplir las regulaciones internacionales que impiden tener tratos con las personas sancionadas, ya que a través de una reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarios, prohibió a las instituciones financieras denegar sus servicios a cualquier usuario “por motivos políticos, raza, sexo, género, nacionalidad, idioma, discapacidad, estatus económico o social, condiciones de salud, religión, edad, opinión, estado civil, o cualquier otro motivo”.
En ese momento la extinta Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) advirtió que de aprobarse esa reforma Nicaragua podría pasar de la lista gris a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
¿Por qué una nueva Ley?
No obstante, en ese momento Gutiérrez negó que dicha reforma tuviera como objetivo forzar a los bancos a reabrir las cuentas de los sancionados y esa reforma no era tan explícita. Pero la nueva Ley 1224, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, sí ordena a las instituciones financieras prestar sus servicios a sancionados o instituciones públicas bloqueadas por las regulaciones internacionales. Además, los amenaza con acusarlos del delito de traición a la patria si no prestan el servicio.
A criterio de un analista financiero, la explicación de la necesidad de una ley más explícita podría radicar en que los bancos son empresas que también tienen derechos, uno de ellos elegir a sus clientes. Por lo que no descarta que, pese a lo que incluyeron en la reforma a la Ley de Protección de consumidores en 2021, los bancos se hayan reservado el derecho de negar sus servicios a los funcionarios y entidades vinculadas al régimen Ortega Murillo que están sancionados.
¿Una vez más Ortega impondrá su voluntad?
Incluso, considera que la necesidad de aprobar la nueva Ley 1224 haya surgido de la negativa de los bancos de prestar sus servicios a las personas sancionadas; y considera que ante lo amenazante de la ley solo resta esperar la decisión que tomen los bancos, pero también saber cómo reaccionará la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) y los bancos extranjeros que tienen corresponsalías en Nicaragua.
Sólo una vez que se conozca la decisión que los bancos, de la OFAC y los bancos extranjeros con corresponsalías, se sabrá si en esta ocasión la decisión de los Ortega Murillo generará alguna consecuencia; o si como ha ocurrido desde 2018, el régimen vuelve a imponer su voluntad, incluso sobre normativas internacionales que regulan los servicios financieros y se respetan en la mayorías de los países.