La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) envió una carta a los miembros de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional en la que les advierten que de aprobarse la iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley número 842 (Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias), Nicaragua podría pasar de la lista gris a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asobanp comunicó a los legisladores que la propuesta de ley viola el derecho constitucional de libre empresa consignado en el artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua y promueve prácticas que incitan al lavado de dinero.
Le puede interesar: Régimen usará Ley de Consumidores para forzar a los bancos a reabrir cuentas a los sancionados
El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello, dijo a LA PRENSA que la iniciativa, que está en la Asamblea Nacional esperando su aprobación, pone en una “situación muy delicada” a las instituciones financieras y a los usuarios.
Argüello respondió por correo electrónico las preguntas que le envió este Diario. Estas son sus respuestas:
La reforma incorpora la regulación de servicios financieros, que concierne a posibles denuncias, reclamos o conflictos. ¿Queda claro en la propuesta de ley a qué se refiere esa regulación y los procedimientos a seguir?
Los bancos somos intermediarios de los recursos del público y es función primordial del Estado, velar por los intereses de los depositantes.
Esta iniciativa de Ley, compromete la actividad bancaria y la prestación de servicios financieros al pueblo nicaragüense, afectando a los bancos en su rol como agentes económicos involucrados en el desarrollo del país, al trasgredir el principio de autonomía de la voluntad de los contratos, ya que impide a los bancos que elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales y decidir cuándo cancelar una relación bancaria, afectando así el derecho de los bancos privados de Nicaragua de manejar su riesgo crediticio, operativo y reputacional conforme los estándares internacionales.
Se ha dicho que, con esta disposición en esta iniciativa, lo que el Gobierno persigue es hacer que los bancos no bloqueen a los funcionarios sancionados por Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de ASOBANP sobre estas afirmaciones?
La mayor preocupación para los bancos, es que dependemos de las relaciones con bancos internacionales para una gran parte de la prestación de los servicios al público. Los bancos corresponsales extranjeros hacen posible el comercio internacional, sin los cuales el país no podría importar y exportar bienes y servicios, ni recibir remesas del extranjero. Las líneas de crédito del exterior son el complemento a los depósitos que nos permiten ofrecer una variedad de financiamientos a los clientes de los bancos y las marcas internacionales de tarjetas de crédito y débito, nos permiten disponer de un medio de pago eficiente entre consumidores y comercios a nivel local e internacionalmente.
Lea además: Reformarán Ley de los Consumidores. Entes reguladores tendrán más poder sobre empresas
Básicamente, esta iniciativa de Ley nos pone en una situación muy delicada a como está el articulado. Si se aprobara, seguramente, nos dejarían de brindar servicios los bancos corresponsales, porque ellos establecen como requisito para mantener una relación comercial, que los bancos deben tener políticas de prevención de lavado de dinero con un enfoque basado en riesgo y el cumplimiento de las mejores prácticas y leyes internacionales y para eso es esencial poder elegir en que segmentos con qué productos y con quienes quieres iniciar o mantener relaciones.
Las relaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se verán afectadas al impedir que los bancos puedan realizar el debido análisis de riesgo de los usuarios y consumidores, para cumplir con la debida diligencia con un enfoque basado en riesgo, tal como señala, la recomendación 10 del GAFI y su nota interpretativa. Esto, podría exponer a Nicaragua, como país, a pasar de la lista gris a la lista negra de este organismo.
La iniciativa de ley refiere que las instituciones serán objeto de sanciones si no cumplen con varios requisitos. ¿Es una forma de presionar a las instituciones financieras para ceder en el caso de que cancelen el servicio a una persona o institución sancionada?
Definitivamente es una forma de presionar, pero el problema de fondo es el que le mencione anteriormente.
¿Cómo reaccionará ASOBANP a esta iniciativa? ¿Participarán en consultas de esa ley o la denunciarán por algún medio?
No. No hemos participado. Cuando salió pública la iniciativa de reforma a la Ley, ASOBANP dirigió una carta a los Señores Diputados miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, con copia a la SIBOIF, al BCN y a la UAF, en la cual expusimos nuestra valoración, las consecuencias que a nuestro juicio tiene esta iniciativa de Ley para el sistema financiero, como para el país y también las recomendaciones para hacerla viable y evitar estos riegos.
Rechazan iniciativa
En la misiva a los diputados, Asobanp refiere que “como actores fundamentales y determinantes en la sostenibilidad económica y financiera del país”, los bancos están de acuerdo, reconocen y apoyan “todo esfuerzo que esté orientado a fortalecer el marco jurídico que regula la relación entre las entidades financieras y los usuarios”.
Sin embargo, concluye que rechaza la iniciativa de reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, en la forma en que está presentada, porque “contraviene la autonomía operativa” de las instituciones financieras.