Los cambios a la Ley de Defensa a los Consumidores tiene el objetivo de forzar a los bancos privados a reabrirles las cuentas bancarias a los 27 funcionarios orteguistas, empresas y a la Policía Orteguista (PO), que están sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos, lo que provocaría graves consecuencias al sistema financiero nicaragüense, aseguraron líderes empresariales y diputados opositores.
Los consultados advirtieron que si el régimen orteguista usa esa ley para obligar a los bancos a volver a manejar el dinero del grupo de sancionados, entonces se violarían las leyes internacionales en cuanto a lavado de dinero que impide a la banca nicaragüense tener relación con persona o empresa señalada de realizar este tipo prácticas corruptas.
Como consecuencia de eso, señalaron los expertos, los bancos extranjeros podrían cerrar sus corresponsalías en Nicaragua porque el país sería considerado un “paraíso fiscal”, lo que imposibilitaría a los bancos locales a transferir las remesas familiares y las transacciones comerciales como las exportaciones, entre otros negocios.
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“El objetivo que trae (esta reforma) es que a los sancionados se les devuelva sus cuentas (bancarias) para que puedan tener aquí (el dinero), a pesar de lo que establece el sistema financiero internacional”, afirmó José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en base al análisis de la propuesta legislativa.
Lo que pretenden
De forma sorpresiva, los diputados sandinistas propusieron la semana pasada, reformar la Ley de Defensa de los Consumidores para incluir nuevos mecanismos de presión contra las empresas prestadoras de servicios, pero que tiene énfasis contra los bancos, microfinancieras, financieras, bolsas de valores y otras.
Los orteguistas incorporaron en el artículo 54 la obligación de que los prestadores de servicios financieros notifiquen a sus clientes “de forma verificable” la decisión a negarles el servicio o productos, “o de la cancelación o suspensión de los contratos”. “Dichas decisiones deberán estar legalmente justificadas, deberán notificarse en los plazos estipulados en la presente Ley o en su defecto, en los plazos que establezca el respectivo ente regulador, y no podrán trascender a la persona afectada“, reza el texto que metieron los sandinistas.
El expresidente del Cosep alertó que es falso el discurso de los legisladores sandinistas de que con esta manera se beneficia a la mayoría de los usuarios, “si no que en el fondo lo que quieren es proteger a cualquier costo, tanto a las personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas”, afirmó.
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Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y Reino Unido han aplicado sanciones a un grupo de altos funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos y corrupción, en el contexto de la represión sangrienta que han dejado más de 300 asesinatos desde el estallido de las protestas sociales en abril del 2018. Entre ellos está la vicepresidenta designada Rosario Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el jefe de la PO, Francisco Díaz, el ministro de Hacienda; Iván Acosta, los diputados Gustavo Porras y Wálmaro Gutiérrez, entre otros del círculo de poder del régimen.
EE.UU. sancionó además a la Policía Orteguista (PO), así como a las empresas manejadas por la familia Ortega y Murillo como son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., el Banco Corporativo S.A. (Bancorp), Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), empresas Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna).
Con esta reforma los bancos quedarán expuesto a demandas judiciales de los usuarios que se les niegue o cancele sus cuentas bancarias, además de ser multados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), como ente regulador.
En el mismo artículo 54 de la Ley, se agregó que “en caso de cancelación unilateral de los productos o servicios prestados por parte de las entidades financieras, el usuario afectado podrá acudir a las instancias competentes a reclamar los daños o perjuicios causados, en la vía administrativa o jurisdiccional de conformidad a la ley de la materia”.
Acaban libertad empresarial
Aguerri explicó que esto implica “que desaparece tu derecho contractual de empresa con tu cliente, desaparece tu libertad empresarial, porque el Estado ahora será juez y parte”.
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Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohíbe a todo ciudadano y empresa estadounidense tener relaciones de negocios con los sancionados, así como congelarles los bienes y capital que tengan en los Estados Unidos. Como efecto inmediato los bancos en Nicaragua estaban obligados a cerrarles las cuentas bancarias a los funcionarios orteguistas sancionados, así como cortar relación con ellos y sus familiares para evitar ser considerados por el Departamento del Tesoro de violar las normas contra la corrupción y lavado de dinero.
Con la reforma a la Ley de los Consumidores el régimen trata de revertir esas medidas localmente, ya que al cerrarles las cuentas bancarias a los funcionarios como a las empresas vinculadas al régimen, se les ha complicado continuar haciendo negocios en el país así como con empresas extranjeras, como Pdvsa, porque el dinero ya no lo pueden mover a través de los bancos de forma legal.
Aguerri, expresidente del Cosep, explicó que si el funcionario sancionado o el representante de la empresa afectada recurre a la Siboif contra los bancos que le cerraron las cuentas, y la Superintendencia ordena revertir la medida, eso haría que la banca viole las normas internacionales al restablecer relación con personas y empresas vinculadas a la corrupción y el lavado de dinero.
Eso podría hacer caer a Nicaragua en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero a la vez los bancos extranjeros cortarían relación con el sistema financiero nicaragüense, aseguraron los empresarios y diputados.
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“La amenaza real que hay en esto es que como país no somos una isla ni somo autosuficiente. Si vos mantenés este tipo de legislación donde rompes con las políticas de la debida diligencia, y vas en contra de las normas internacionales contra el lavado de dinero, y aquí te obligan a abrir esas cuentas (a los sancionados), los bancos corresponsales no correrían el riesgo de que sus bancos sean afectados porque en Nicaragua se están tomando este tipo de legislación”, refirió Aguerri.
Agregó el líder empresarial que si el país se queda sin corresponsalías bancarias “estás amenazando a todas las remesas, todo el comercio internacional, el uso de tarjetas de crédito”. “Si esa reforma la pasan de esa manera, la situación en el país sería preocupante”, afirmó el expresidente del Cosep.
Ortega causará un bloqueo a Nicaragua
“Si insiste en aprobar esta reforma, el gobierno de Ortega creará un bloqueo al sistema financiero nicaragüense”, afirmó Róger Arteaga, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).
Arteaga explicó que es bloqueo financiero se daría como consecuencia de que el GAFI coloque a Nicaragua en la lista negra de países que no cumplen las normas contra el lavado de dinero, por efecto de que la Ley de los Consumidores rompe las cadenas a los bancos locales en ese sentido.
El GAFI en febrero del 2020 regresó a Nicaragua a su lista gris y calificó de deficiente su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional, significando un retroceso ya que en 2015 el país salió de esa lista.
“Pueden cerrar las corresponsalías con los bancos locales, porque el banco extranjero va a preferir mantenerse con las leyes de la OFAC (del Departamento del Tesoro), del GAFI, que con un gobierno corrupto, y si eso sucede sería fatal porque la banca nacional manejan la mayoría de sus fondos en el exterior, porque es donde tienen más rentabilidad”, afirmó Arteaga, economista y exdirector de Ingresos.
Para Arteaga el trasfondo de la reforma es político, porque se amenaza al sistema financiero para forzar así al resto del empresariado nicaragüense a retomar el modelo de diálogo y consenso, que se rompió tras la masacre a las protestas en abril del 2018.
“Es forzar al sector privado, acosarlo, para que se arregle con Ortega, porque eventualmente el régimen le va pedir que acepte la reforma electoral ‘chapiolla’ que hará (el FSLN) con los partidos zancudos. Quiere dañar al sector privado para que si Ortega se roba las elecciones (nacionales de noviembre del 2021), igual lo acepte para seguir en el gobierno”, según el economista.
En octubre pasado, la Unión Europea colocó a Nicaragua en la lista de países de “alto riesgo por tener deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, lo que en la práctica implicará un mayor nivel de supervisión en las transacciones que realice el Sistema Financiero nicaragüense con el europeo.
Siboif y BCN avalaron
En la Comisión Económica de la Asamblea llegaron el pasado jueves a la consulta, representantes de la Siboif y el Banco Central, del Consejo Nacional de Microfinanzas (Conami) que avalaron la reforma a la Ley de los Consumidores, tal como la pretende el régimen sandinistas, afirmó la diputada liberal Azucena Castillo.
La diputada Castillo explicó que ninguno del BCN y de la Siboif “reconocieron la gravedad” de la situación, “por mucho que les hice ver de que si esa reforma se aprueba, las empresas no podrán exportar sus productos, la gente no recibirá sus remesas, porque simplemente no habrá banco en el extranjero que acepte transacciones con bancos nicaragüenses que violan las leyes contra el lavado de dinero, porque aquí les obligarían a tener negocios con personas señaladas de esos delitos”, dijo.
Pese a las advertencias, los sandinistas validarán entre el próximo lunes y martes el dictamen de la reforma a la Ley de los Consumidores, la que será aprobada por el plenario de los diputados a más tardar el jueves 4 de febrero.
“El mismo gobierno será dañado con esta ley, debido a que la inversión extranjera será afectada ya que los inversionistas no querrán saber nada de un país que se considera paraíso fiscal, porque serían perseguidos por las leyes internacionales”, afirmó Castillo.
El ministro Iván Acosta y el diputado Wálmaro Gutiérrez son parte del gabinete económico de la dictadura ejerciendo gran poder político, y aunque ambos están sancionados por facilitar la corrupción y las medidas represivas del régimen, aún ocupan puestos claves. Acosta es parte del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), desde donde “amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Acosta y Gutiérrez tienen gran influencia en la Siboif y el BCN, y serían los impulsores de las reformas a la Ley de los Consumidores. Incluso el diputado Gutiérrez es quien dirige las consultas sobre los cambios en la Comisión Económica de la Asamblea, de la que excluyó a Asobanp, a la asociación de microfinanzas y demás cámaras privadas. Otro de los sancionados, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea también es miembro de la Comisión Económica donde se está avalando la norma de los consumidores.
En el consejo directivo de la Siboif está como miembro Ervin Antonio Vargas Pérez, quien era parte de la directiva del Banco Corporativo S.A. (Bancorp), que manejaba el dinero de la empresa Albanisa. Bancorp y Albanisa son parte de los negocios del régimen sancionados por EE.UU. al vincularles con lavado de dinero de la dictadura de Nicolás Maduro, con los recursos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
