Los diputados sandinistas impulsan una reforma a la Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias (Ley 842) que apunta a endurecer más las regulaciones hacia las empresas, aunque hay un énfasis en presionar al sector financiero.
Con esta reforma se le otorga la discrecionalidad a los entes reguladores de los servicios básicos, de telefonía, de televisión, financiero y demás sectores, a decidir las multas económicas y sanciones que consideren necesarias aplicar a las empresas proveedoras, aunque para ello deberán reformar sus respectivos reglamentos.
Los cambios que están planteados en la reforma a la Ley 842 también supondrían un roce con la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN), debido a que lo convierten en el ente regulador de las empresas de remesas, una función que no es parte de la entidad rectora de la política económica y monetaria del país.
La reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores fue presentada este 25 de enero en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional. La propuesta la formalizaron Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la también orteguista Loria Dixon, quien además es la primera secretaria del parlamento, por lo que se acelerará la aprobación de las modificaciones en la Ley de los Consumidores.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue endureciendo las normas legales hacia el sector privado, con el que está enfrentado desde la masacre contra las manifestaciones sociales en abril del 2018. Los crímenes contra la ciudadanía, que dejó más de 300 asesinatos, hizo a las principales cámaras empresariales romper el modelo de diálogo que durante 11 años mantuvo con la dictadura. Ortega ha intentado que los empresarios retomen ese sistema forzándolos, aplicando más impuestos, cobros y trámites administrativos, así como acciones judiciales contra estos y confiscación de propiedades.
Instituciones podrán multar y enjuiciar a empresas
Los sandinistas proponen que agregar en el artículo 120 referido a la “aplicación de sanciones” que los entes reguladores de los servicios básicos, “estarán facultados para establecer y ejecutar en sus propias normativas internas los tipos de infracciones y las sanciones a aplicar, en atención a su gravedad, sin perjuicio de las demás acciones penales y civiles correspondientes”.
De esta forma el régimen habilita legalmente a entidades como el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Siboif y ahora el Banco Central, para tomar acciones judiciales, incluidas penales, contra las empresas y sus representantes cuando los entes estatales resuelvan que se violaron derechos de los consumidores en la prestación de los servicios contratados.
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Además, en la iniciativa se faculta a los entes reguladores para decidir libremente la cantidad de sanciones económicas contra los proveedores que se les considere infractores. “En el caso de las sanciones pecuniarias, los entes reguladores deberán establecer el monto de estas”, dice el texto agregado al artículo 120. Esa discrecionalidad no es parte de la actual Ley de los Consumidores.
Internet y televisión por cable pasan a ser servicios básicos
La reforma a la Ley de los Consumidores se agregaría a esa presión. Uno de los cambios propuestos es al artículo 5, en donde se incorpora a las empresas proveedoras de internet y de televisión por suscripción (cable) como parte de los “servicios básicos”, contratados por los usuarios y por tanto a ser regulados.
Uno de los conceptos afectados es el de “servicios financieros”, en los que la reforma especifica los “depósitos, créditos, tarjetas de crédito y débito, transferencias, remesas, compra y venta de monedas, seguros, operaciones bursátiles, operaciones de almacenes generales de depósitos, sistemas de pago, tecnología financiera de servicio de pago y cualquier otro que brinden las entidades financieras”.
BCN resolverá las quejas contra empresas de remesas
Actualmente los entes reguladores de las empresas que brindan servicios financieros, como son los bancos, microfinancieras, puestos de bolsas de valores entre otras, son la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) y la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami). En tanto los reclamos de los usuarios de actividades no supervisadas por esas instituciones son resueltos por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y por el Ministerio de Economía Familiar (Mefcca) a través de la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec).
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Sin embargo, los diputados orteguistas convierten al BCN en un ente regulador que deberá resolver los reclamos de los clientes “relacionados con los servicios que se encuentren bajo su regulación”, según la propuesta de modificación del artículo 5 de la Ley 842.
Específicamente el BCN se encargará de resolver los reclamos de los usuarios de “los servicios de remesas”, cuya función se la quitan a la Siboif, una decisión que no se explica en la propuesta de reforma a la Ley de los Consumidores. La iniciativa no fue solicitada con trámite de urgencia por los sandinistas por lo que deberá ser consultada en la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos de la Asamblea, una vez inicie su proceso de aprobación lo que sería la próxima semana cuando sesionen los diputados.
Las trampas de la reforma
Para Juan Carlos López, del Centro Jurídico Social de ayuda al consumidor, los cambios propuestos “parecen ser buenos”, pero el trasfondo de esta reforma es presionar con otra arma jurídica a los bancos y microfinancieras, debido a que, según el jurista, “está reportado que hay gran cantidad de trabajadores del Estado que tienen problemas con deudas” bancarias.
El próximo 7 de noviembre se realizarán las elecciones nacionales en las que Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo. El FSLN está en campaña y parte de sus estrategia es mantener el clientelismo político con sus bases así como con los trabajadores públicos.
López analizó que incluir nuevas acciones a los entes reguladores para que resuelvan los reclamos de los usuarios contra las empresas, es parte de querer presentarse el régimen como interesado en los problemas de la población, sin prever que podría ser contraproducente para la estabilidad de la economía.
Un problema en el país es el endeudamiento de clientes del sistema financiero debido al aumento del desempleo como consecuencia de la crisis social, política y la recesión que se complicó con la pandemia del Covid-19. Hasta octubre del 2020, el indicador de riesgo de la cartera de préstamos era de 16.9 por ciento, mostrando un aumento acelerado, equivaliendo a que casi 600 millones de dólares estén en riesgo de caer en mora, según informes de la Siboif.
“Estoy seguro de que ese es el problema que hay, porque hay mucha inconsistencia de pagos de clientes de cooperativas, bancos y microfinancieras, y con esta reforma es querer poner al Estado preocupado en la gente. Lo curioso es que estén enfocándose en el sector financiero donde ya hay normas específicas para proceder con los reclamos, pero ahora con (los cambios a) Ley de los Consumidores perfeccionan los recursos para reclamar por parte de los clientes”, refirió López.
Lamentó López que de la reforma a la Ley queden fuera temas importantes como por ejemplo, mejorar los mecanismos para resolver las quejas contra cobros excesivos en las universidades, los reclamos por los altos cobros de los usuarios de energía eléctrica, en el que “el INE es un ente inoperante”, así como el problema con la calidad de las viviendas que ofrecen las urbanizadoras.