A partir de hoy la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante las sanciones y agresiones externas obliga a los bancos a incumplir regulaciones y normas internacionales que prohíben establecer vínculos con personas y entidades a las que se les declara muerte civil por efecto de sanciones aplicadas por violar derechos humanos o cometer crímenes de lesa humanidad. Especialistas aconsejan esperar la decisión que tomen la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por su sigla en ingles) y los bancos extranjeros que seguramente dependerá del costo-beneficio que implicará mantener las corresponsalías.
LA PRENSA envió consulta sobre la aplicación de esta ley a la OFAC y a algunos de los bancos extranjeros con mayor presencia en Nicaragua a través de corresponsalías, pero al cierre de esta nota no habían respondido a las consultas.
Mientras especialistas locales advierten de las graves consecuencias que esta ley puede provocar a la conectividad del sistema bancario nicaragüense con el mercado financiero internacional, donde incluso varios de ellos tienen sucursales, y que el más afectado será el consumidor, el oficialismo invitó a los bancos a hacer cualquier “maroma o peripecia” en los contratos que mantienen con los bancos corresponsales para cumplir lo establecido en la nueva ley.
Que la Siboif revise los contratos
Cerca de veinte bancos extranjeros, más de la mitad estadounidenses, funcionan como corresponsales de los bancos locales. Estas entidades funcionan como intermediarios para facilitar una serie de transacciones, desde transferencias hasta otras más complejas relacionadas con el comercio exterior y el financiamiento externo.
“Los bancos nacionales tienen algo que muchos de ustedes han escuchado que se llaman corresponsalías bancarias… Las corresponsalías son acuerdos privados entre un banco extranjero y un banco nacional, para que este banco nacional ofrezca bienes o servicios a nombre de una institución financiera extranjera privada. Obviamente este contrato de corresponsalía privado no puede estar por encima de la Constitución, ni puede estar por encima de todas las disposiciones legales (del país)”, aseguró el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez.
Pero consciente de que los bancos comerciales que operan en Nicaragua tienen que apegarse a los términos que establecen los contratos firmados con sus corresponsalías, durante la aprobación de la nueva ley el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez aconsejó hacer los cambios necesarios para cumplir con la legislación local.
“La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) tiene la obligación de revisar todos los contratos de corresponsalía y mandar a esa entidad financiera a que haga las adendas necesarias para que ese contrato de corresponsalía no contradiga la Constitución, no contradiga la ley y mucho menos afecte el derecho de los consumidores de los servicios financieros en mi país, en Nicaragua”, señaló Gutiérrez.
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Diputado aconseja a bancos hacer “maromas”
El diputado aconsejó a los bancos que “si hay algún contrato que se opone a la Constitución, con tal de garantizar que la Constitución se respete, entonces voy a buscar cómo modificarlo o voy a buscar cómo hacer maroma o cualquier peripecia con tal de garantizar que la Constitución y las leyes del país se respeten”.
Un analista financiero, que por temor a represalias evita identificarse, considera que los bancos tendrán la última palabra y que responderán con mesura para evitar la inestabilidad y poner en riesgo al Sistema Financiero de Estados Unidos. “Pero acá se ha estado toreando tanto al toro que podemos ser sorprendidos inesperadamente con algo que podría golpear al país. Hasta el momento no ha habido reacción fuerte y el Gobierno ha tenido suerte en eso. Pero los riesgos y la vulnerabilidad están claras”, advierte.
Por su parte el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, considera que esta ley provocará gravísimas consecuencias ya que esos contratos privados que el oficialismo asegura no pueden estar por encima de las leyes locales, son los que garantizan la relación del Sistema Financiero Nacional (SFN) con el mercado financiero internacional, donde incluso los bancos nicaragüenses tienen sucursales.
Clientes de los bancos serán los más afectados
“No se puede relativizar y mucho menos hablar de soberanía y politizar el asunto de una relación comercial tan vital como es la corresponsalía. Hay que ver cuáles son las consecuencias, que como digo van a depender mucho del tipo de actitud que va a tomar la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) con esta ley y la posición del costo-beneficio de los bancos corresponsales.
Es decir, de la decisión que tomarán los bancos al analizar si el beneficio que obtienen de la relación con Nicaragua amerita el riesgo que implica mantener la relación y someterse a la aplicación de esta ley, decisión que podría significarles la aplicación de multas por las autoridades de su país.
“Hay antecedentes de este tipo de situaciones y en ese sentido serán los corresponsales los que al final tomen la decisión de seguir la relación o no. También es posible que distintos bancos tomen distintas reacciones. Pero ciertamente es una ley de un alcance bastante grave, no quiero sonar fatalista porque seguramente los abogados y las oficinas de asuntos legales de los bancos están analizando qué se puede hacer, pero ciertamente es una ley que entorpecerá el trabajo del sector financiero en Nicaragua”, explica Chamorro.
Considera que como siempre que se trastocan relaciones de este tipo los consumidores son los más afectados, especialmente los clientes del Sistema Financiero Nacional que como consecuencia de la aplicación de esta ley recibirán un servicio menos eficiente, con tasas y servicios más caros.