La Asamblea Nacional aprobó este lunes la ley de “Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, para declarar nulas y sin efecto jurídico las sanciones internacionales contra instituciones y agentes del régimen Ortega-Murillo, a la vez que obliga a las instituciones financieras del país a brindar o restituir los servicios a las personas e instituciones sancionadas.
La ley fue aprobada por unanimidad, como ya es habitual en el parlamento orteguista.
La nueva ley establece que “en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”.
Esta nueva ley pone contra la pared al Sistema Financiero Nacional, ya que a través de esta obligará a los bancos a incumplir las regulaciones y normas internacionales, ya que les prohibirá que cesen los servicios a los funcionarios e instituciones públicas a los que se les aplica la “muerte financiera” tras recibir sanciones por violar los derechos humanos.
Decenas de funcionarios de Ortega, incluida su “cogobernante” y esposa, Rosario Murillo, así como algunos hijos de la pareja han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá y países europeos por cometer violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.
También han sido sancionadas instituciones como la Policía, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entre otros.
Las más recientes sanciones extendidas fueron por el Gobierno de Suiza, que renovó el reciente 22 de octubre las sanciones contra 21 funcionarios del régimen Ortega-Murillo y tres instituciones por violaciones a los derechos humanos, ataques a la democracia y al Estado de Derecho de Nicaragua.