El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional ―bajo su control― la iniciativa de ley de «Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas», para declarar nulas y sin efecto jurídico las sanciones internacionales contra instituciones y agentes del régimen Ortega-Murillo, a la vez que obliga a las instituciones financieras del país a brindar o restituir los servicios a las personas e instituciones sancionadas.
«En Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance», señala el artículo 4 de la reforma enviada por el dictador.
También señala que las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas en el caso «de ser afectados por la aplicación arbitraria de sanciones, podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, de conformidad a lo establecido en la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias», señala el artículo 6 de la reforma.
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El artículo 3 de la iniciativa señala que las sanciones incluyen medidas restrictivas «discriminatorias», y que entre estas se pueden incluir la negativa a realizar transacciones o servicios que en condiciones normales serían proporcionados.
El artículo 5 de la ley establece que las entidades reguladoras del Estado deberán garantizar que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, imponiendo sanciones y multas a las entidades que violen la nueva disposición.
La Asamblea Nacional informó que la iniciativa pasó a consulta a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos y que será aprobada el próximo lunes 25 de noviembre.
Un mes después de renovación de sanciones de Suiza
El pasado 22 de octubre, el Gobierno de Suiza renovó las sanciones contra 21 funcionarios del régimen Ortega-Murillo y tres instituciones por violaciones a los derechos humanos, ataques a la democracia y al Estado de Derecho de Nicaragua.
Entre los sancionados están Rosario Murillo y tres de sus hijos: Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Los sancionados están sujetos a una congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de Suiza poner fondos a su disposición. También tienen prohibido viajar o transitar en ese país, indica la nota de prensa del Departamento Federal de Asuntos Económicos.
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“El 22 de octubre de 2024, el Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación (EAER) modificó la lista de personas físicas, empresas y organizaciones sujetas a sanciones. Por ello, la EAER ha actualizado la base de datos de sanciones SESAM (SECO Sanctions Management) relevante para Suiza y ha publicado los cambios en su sitio web. Los cambios entran en vigor el 23 de octubre de 2024 a las 18:00 horas”, señaló el gobierno de Suiza.