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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su política de ascensos de las estructuras policiales. Seis funcionarios, tres mujeres y tres hombres, que desempeñan altos cargos en Migración, el Sistema Penitenciario y los Bomberos, serán ascendidos a comisionados generales. Uno de ellos figura entre los 45 funcionarios que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) identificó como responsables de graves crímenes.
Está previsto que el acto de los ascensos se realice el 17 de octubre, en el marco de la celebración del 46 aniversario del Ministerio del Interior (Mint). Entidad que se ha consolidado como uno de los brazos represores de la dictadura Ortega Murillo y clave entre otras cosas, para cerrar cerca de 6 mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG), prohibir el ingreso o salida del país de nicaragüenses considerados opositores, despojar de sus pasaportes a otros miles, y violar los derechos de los presos políticos.
El Mint también fue clave en actividades de espionaje, a través de la «seguridad del Estado» durante el primer gobierno de Daniel Ortega en los años 80, cuando lo fundaron tras el ascenso al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Para el analista político, Eliseo Núñez estos ascensos en la estructura policial «no deben interpretarse como una ampliación de capacidades operativas, sino como una estrategia de rango sin responsabilidad».
Núñez explicó que en los cuerpos armados profesionales, el rango «suele estar claramente diferenciado del cargo funcional». Es decir, que «se puede ostentar una jerarquía sin necesariamente ejercer mando operativo. En este caso, los ascensos parecen responder más a una lógica simbólica que a una necesidad institucional».
«Contribuyen a la fragmentación»
Según cálculos de LA PRENSA basados en documentos oficiales, con estos seis funcionarios que pasarán a ser comisionados generales, desde 2014, ya suman 118 los ascendidos. Aunque si se suman las dos «bajas honrosas» de Fidel Domínguez y Jaime Vanegas Vega, del 2 de marzo de 2025, la cifra sube a 120.
El grado que le impondrán a los funcionarios, forma parte del escalafón de oficiales de más alto rango, inmediatamente por debajo del primer comisionado, máxima autoridad y director general de la institución, responsabilidad que desde agosto comparten Francisco Díaz, también consuegro de la pareja dictatorial, y Victoriano Ruiz.
El analista político Núñez es enfático al señalar que en la práctica estos ascensos «contribuyen a la fragmentación organizacional dentro de la Policía Nacional» debido a que, al crear múltiples «islas» jerárquicas, «se refuerza un modelo de control centralizado que limita la autonomía operativa de los mandos medios. Esta atomización dificulta la articulación institucional y favorece la dependencia vertical».
Ascensos concentran el poder
No obstante, Núñez analiza que distribuir poder en pequeñas dosis a muchos actores «no descentraliza el poder: lo concentra. Al multiplicar los rangos sin ampliar las atribuciones reales, se genera una ilusión de empoderamiento que en realidad refuerza el núcleo de control. Es una forma de administrar lealtades sin ceder gobernanza».
Es importante mencionar que reportes extraoficiales señalan que en 2007, cuando Ortega retornó al poder, apenas había dos comisionados generales. Según los Anuarios Estadísticos de la Policía Nacional, en 2014, cuando el dictador asumió el control absoluto de esta institución, la cifra se elevó a 14, lo que sugiere que en siete años la dictadura ascendió a este rango a 106 policías.
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También una revisión realizada por LA PRENSA a archivos oficiales revela que, tras el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, Ortega se «preocupó» por acelerar el nombramiento de más agentes con este rango. Precisamente en 2023 se registró la mayor cantidad de ascensos, con 52 comisionados mayores promovidos a comisionados generales.
Los funcionarios que recibirán el ascenso esta semana son: Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional; Juan Emilio Rivas Benítez, director general de Migración y Extranjería y Ramón Mercedes Landero Pichardo, director general de los Bomberos Unidos.
Las mujeres a quienes les impondrán este grado son Maribel de la Cruz Medina Flores, Kathya Melania Barberena Jácamo y Lila Margarita Flores. La vicedictadora Murillo anunció sus nombres el pasado 10 de octubre en su alocución diaria, y detalló que, Medina se desempeñará como inspectora general de Migración y Extranjería; Barberena como subdirectora general operativa de Migración y Extranjería y Flores, como auditora general del Sistema Penitenciario.
Julio Orozco, el encargado de castigar a presos políticos
Orozco, Landero y Benitez recibieron en diciembre de 2023 el grado de comisionado mayor, que es un alto mando intermedio-superior dentro de la Policía. Está por encima del rango de subcomisionado y por debajo del comisionado general, que es el rango máximo, estratégico y político.
Julio Guillermo Orozco tiene al menos 11 años como máxima autoridad del Sistema Penitenciario Nacional. El GHREN lo ubicó como uno de los 45 funcionarios que comete graves crímenes contra la población nicaragüense.
En particular, en el informe dice que «las acciones de desobediencia y desacato a las órdenes judiciales de las jefaturas penitenciarias respondían a directrices emanadas de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, en particular, de su director general, Julio Guillermo Orozco».
A Orozco también lo ubican en la cadena de mando en el Sistema Penitenciario Nacional, él junto al subdirector, «cumplieron órdenes del viceministro del Ministerio del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa relacionadas con la implementación de una política sistemática de trato discriminatorio contra las personas privadas de libertad por motivos políticos».
Explica que dentro de las órdenes que Orozco recibió para el trato discriminatorio contra los presos políticos estaban «tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y en algunos casos tortura. Estas órdenes fueron luego transmitidos a los jefes de los centros penitenciarios». También el GHREN determinó que «dio órdenes a los diferentes centros penitenciarios para la preparación de las personas para las expulsiones».
Juan Rivas, encargado de prohibir ingreso al país
Juan Emilio Rivas Benítez, ocupa el cargo como director de Migración y Extranjería desde antes del 2020. Su nombre aparece en las resoluciones de Migración, en agosto de 2021, fue quien resolvió anular el pasaporte Carmella María Rogers Amburn mejor conocida como Kitty Monterrey, dirigente del movimiento Ciudadanos por la Libertad (CxL).
También su nombre está plasmado en las resoluciones publicadas en La Gaceta cuando la dictadura concede la nacionalidad a un extranjero, por ejemplo en agosto de 2023 se le otorgó la ciudadanía al propagandista estadounidense Benjamín Daniel Norton.
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También se conoce que las órdenes de negación de ingreso provienen directamente de él. El GHREN ha documentado que entre junio de 2018 y agosto de 2025 se registraron 318 casos de negativas de ingreso al país, con base en denuncias de víctimas.
Rivas Benítez ha negado la renovación de pasaportes por razones políticas. Aunque estas personas no han sido formalmente despojadas de su nacionalidad, la negativa de documentos las coloca en una condición de apatridia de facto.
Ramón Mercedes Landero Pichardo fue ascendido al grado de comandante de brigada en septiembre de 2016, según el Acuerdo Presidencial N 188-216 publicado en La Gaceta.
