El retorno del Ministerio del Interior es para los críticos nicaragüenses la consolidación del Estado policial, que ejerce un papel de control social, espionaje y represión contra cualquier tipo de manifestación opositora, igual que ocurría en el pasado cuando funcionó por primera vez este ministerio, durante el primer régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años ochenta.
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En los ochenta, tras la caída de la dictadura somocista, el país quedó en manos de los guerrilleros sandinistas que se tomaron el poder por las armas e impusieron un nuevo estado militar, para lo cual el Ministerio del Interior fue clave en la llamada “seguridad del Estado”. Nicaragua además vivía un contexto de guerra civil, entre los simpatizantes del nuevo régimen sandinista y la Resistencia o Contra, financiada por el Gobierno de Estados Unidos.
La guerra terminó en 1990, con el triunfo electoral del partido que encabezó Violeta Barrios de Chamorro. El nuevo Gobierno democrático cambió la función del Ministerio del Interior y lo nombró Ministerio de Gobernación.
Más de 30 años después, el dictador Daniel Ortega, quien notablemente añora los años de la revolución sandinista, anunció este miércoles 27 de diciembre que el Ministerio de Gobernación volverá a nombrarse Ministerio del Interior, para “volver a las raíces del sandinismo” y librar a la policía del sometimiento que le impuso el Ministerio de Gobernación. Ortega a la vez ordenó la aprobación de la Ley que establece las funciones y estructura del Ministerio del Interior, lo que se hizo de “urgencia” este jueves 29 de diciembre en la Asamblea Nacional.
Ministerio del Interior perseguía las “amenazas” a la revolución
El politólogo Félix Maradiaga, exsecretario general del Ministerio de Defensa (2004-2006), valoró que el régimen no solo está reviviendo de manera simbólica el nombre del Ministerio del Interior, tras suprimir el nombre del Ministerio de Gobernación establecido durante los años del gobierno de doña Violeta Barrios, sino que “retoma peligrosos conceptos usados durante los años ochenta para justificar las graves violaciones a los derechos humanos y el estado policial que imperó en esos años”.
“El sandinismo en los años ochenta definía la seguridad interior desde una perspectiva ideológica y partidaria, en donde cualquier persona u organización que se considerara opuesta al Frente Sandinista (FSLN) era considerada una amenaza a la seguridad interna del país. Ese era, por ejemplo, el papel principal de órganos como la temida Seguridad del Estado”, recordó Maradiaga.
“A su vez, el esquema jurídico usado durante los años de la primera dictadura sandinista tachaba de agentes extranjeros o de contrarrevolucionarios, a cualquier persona o institución que estuviera en desacuerdo con la forma en que la dirección nacional del FSLN ejerciera el poder”, agregó el politólogo.
En los años ochenta, el Ministerio del Interior fue dirigido por Tomás Borge, uno de los fundadores del FSLN, a quien se le acusa de haber impuesto un sistema de espionaje y persecución contra quienes eran considerados “enemigos de la revolución”, incluyendo a miembros de la Iglesia católica. También se le atribuye haber ordenado el asesinato de 37 presos políticos y de desatar una cacería contra los indígenas miskitos del Caribe nicaragüense, lo que siempre fue negado por él mismo.
Vuelve “la noche oscura” de los años ochenta
Para Maradiaga, nada de lo establecido en la Ley del Ministerio del Interior es nuevo, porque el régimen de la familia Ortega Murillo desde hace años viene implementando esas medidas de hecho, aunque no las había convertido en ley.
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Maradiaga apuntó que la nueva ley restablece el papel del Ministerio del Interior de garantizar el cumplimiento de la Ley de agentes extranjeros, convirtiendo efectivamente a ese ministerio en una policía secreta o Stasi (policía secreta rusa), tal como lo era en los años ochenta.
“Bajo la lógica de que cualquier ciudadano nicaragüense puede ser agente de un poder foráneo, el Ministerio del Interior y sus órganos represivos lo tratarán como un enemigo de la revolución, que equivale a ser enemigo público del Estado. Una visión sin duda estalinista”, manifestó el politólogo.
Maradiaga dijo que desde ahora ha quedado “legalizado” que “todo aquel que no se define como sandinista es un potencial enemigo de la revolución y, por tanto, corre riesgo de ser sujeto de las medidas represivas del Ministerio del Interior y de sus órganos, en cualquier momento”.
Para Maradiaga todo esto es “un paso más hacia la noche oscura” que se vivía en los años ochenta, bajo un control arbitrario impuesto a la ciudadanía por el régimen sandinista.
El artículo 5, inciso b, establece que el Ministerio del Interior existe para “neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país, establecidos por la revolución”.
Ley con términos ambiguos
Un exfuncionario del Ministerio de Gobernación, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, valoró que decir que “el Ministerio del Interior existe para proteger a la revolución como fuente del orden constitucional” es algo tan ambiguo que deja a la discreción de las autoridades policiales lo que significa proteger el orden constitucional.
“La institucionalidad revolucionaria puede ser todo lo que se le ocurra a los jefes de la supuesta revolución”, dijo la fuente.
El exfuncionario también consideró que esta nueva ley es el complemento de la recién aprobada, “que establece la jerarquía de grados de las direcciones generales del Ministerio de Gobernación”, disponiendo que “el Ministerio de Gobernación (ahora Ministerio del Interior) y todas sus direcciones generales forman parte integrante de la Policía Nacional”. Esto significa que la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, Dirección General Administrativa, Dirección General de Migración y Extranjería, Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional y otras dependencias estarán bajo las órdenes de autoridades policiales.
El exfuncionario dijo que estas leyes confirman al régimen orteguista como un Estado policial, donde todos sus órganos trabajarán en función de vigilar y reprimir a los opositores.
“Toda la institución del Ministerio del Interior va a estar al servicio de la represión, entonces ya no hay especialización (bomberos, autoridades migratorias, administradores, etcétera), sino que vas a ver probablemente a los cargos administrativos, a los contadores, a las secretarias de las direcciones haciendo labores represivas en caso de que los requieran las autoridades del Ministerio del Interior o el jefe de la Policía, que es Daniel Ortega, porque ya todos son policías”, dijo la fuente.
Diferencia entre Ministerio del Interior y Gobernación
El analista político Eliseo Núñez Morales explicó que el término “Ministerio de Gobernación” se usa más en los países democráticos, para confirmar el ejercicio de la gobernanza, mientras que el “Ministerio del Interior” se refiere a una entidad para mantener el orden y la seguridad, sin embargo, eso no quiere decir que sea una institución negativa, sino que es más bien el uso que se le da.
“Hay países democráticos que tienen Ministerio del Interior, sin embargo, tienen una enorme institucionalidad democrática detrás, que permite al ciudadano defenderse de los abusos”, dijo el analista político.
Núñez coincidió con el exfuncionario en que con las nuevas reformas se “militariza todo lo que está dentro del Ministerio del Interior” y se da primacía a la Policía sobre todo los civil.
“Todo esto nos indica que es la imposición de un esquema militar”, manifestó el analista.
