“Julia” —nombre ficticio para preservar su identidad— se encontraba en una gira laboral en un país de Sudamérica a finales de octubre de 2024. Un día antes de su regreso a Nicaragua, mientras organizaba sus maletas junto con otros compañeros de trabajo, recibió un inusual mensaje en su correo electrónico. Era un aviso de la aerolínea con la que planeaba retornar a su país.
“Te informamos que hemos sido notificados por las autoridades migratorias de Nicaragua de que no han autorizado tu ingreso al país, por lo que no podrás embarcar en tu vuelo”, señalaba el mensaje, enviado exactamente 24 horas antes de la salida programada.
Preocupada, Julia consultó con su jefe inmediato, quien le advirtió que, aunque enviara una solicitud al Ministerio del Interior (Mint), no recibiría respuesta. A pesar de sus intentos por encontrar una solución, Julia perdió su empleo al no poder regresar al país.
Un patrón de destierros
El caso de Julia no es aislado. Según un informe del Monitoreo Azul y Blanco, el régimen de Ortega-Murillo negó la entrada al país a al menos 290 nicaragüenses —incluidos seis menores de edad— entre enero y febrero de 2024.
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El 64 por ciento de los afectados son hombres y el 36 por ciento mujeres, según la organización.
“Las prácticas de destierro y desnacionalización implementadas por el régimen de Daniel Ortega constituyen violaciones graves al derecho internacional y reflejan un patrón represivo históricamente utilizado por regímenes autoritarios para castigar la disidencia”, advirtió el organismo.
Una “crisis silenciosa” por el temor
Pese a que el régimen ha intensificado la negativa de ingreso, pocas víctimas denuncian. LA PRENSA intentó obtener declaraciones de otras personas de las cuales se tiene el conocimiento que se les negó la entrada, pero todas se abstuvieron de hablar —incluso bajo anonimato— por temor a represalias contra sus familias o porque aún esperaban obtener respuestas del Mint.
“Sí, pero no darán entrevista. Ya les pregunté y no quieren”, comentó un activista que prefirió el anonimato. Según él, conoce varios casos de beneficiarios del parole que decidieron regresar a Nicaragua tras agotar su estadía en Estados Unidos, pero les fue negado el ingreso.
“Una de esas personas prefiere decir que la reubicaron en su trabajo en lugar de admitir que no la dejaron entrar. Está evaluando si intenta regresar más adelante”, añadió.
Destierros desde 2022
Anexa Alfred, defensora de derechos humanos indígena, experimentó una situación similar en agosto de 2022. Mientras se preparaba para abordar un vuelo en el aeropuerto de Ámsterdam se le informó que no podía embarcar porque el régimen de Ortega-Murillo le había negado la entrada a Nicaragua.
“Sentí que el mundo se me venía abajo, como si de repente me hubieran arrancado de mis raíces y me hubieran dejado en el limbo. En ese momento comprendí que mi regreso no sería inmediato y que el destierro se convertía en una realidad inevitable”, relató Alfred.
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Nombrada como integrante del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Alfred nunca recibió respuesta del entonces Ministerio de Gobernación cuando el organismo intentó gestionar su regreso.
“No pude despedirme de mi padre, quien falleció sin saber lo que me había pasado. Eso me ha marcado profundamente”, confesó.
El Mint no responde
El abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ha documentado al menos 76 casos de nicaragüenses a quienes se les negó el ingreso sin poseer otra nacionalidad. No obstante, considera que esta cifra es mínima en comparación con la cantidad real de afectados.
“No conocemos los criterios que utiliza el régimen para negar la entrada. Son 76 personas que han quedado en una situación de apatridia de facto, porque aunque no han sido declaradas judicialmente como apátridas, en la práctica lo son. El Estado las ha desvinculado jurídicamente y les ha negado todos sus derechos”, explicó Marenco.
El correo enviado por la aerolínea a Julia indicaba que debía escribir a [email protected] para obtener detalles sobre la negación de su embarque. Sin embargo, varias víctimas de destierro aseguran que nunca recibieron respuesta, pese a insistir en múltiples ocasiones.
Incluso a través de canales diplomáticos, el régimen se niega a brindar explicaciones. En el caso de Alfred —ocurrido antes de que la dictadura reviviera al Mint—, el Ministerio de Gobernación ignoró las solicitudes de la ONU para facilitar su regreso.
Apatridia de facto y violaciones de derechos
Marenco advierte que esta política de destierro no solo crea apatridia de facto, sino que también conlleva otras violaciones de derechos humanos.
“Se violan derechos a la propiedad porque, al no permitir el ingreso, básicamente se ejecutan confiscaciones de facto. También se vulneran los derechos al trabajo y a la seguridad social. Además, hemos documentado casos en los que, tras impedirles la entrada, el régimen les ha negado incluso la emisión de documentos de identidad”, explicó el abogado.
Un plan orquestado desde el poder
Un informe presentado recientemente por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU concluyó que las expulsiones y negativas de ingreso forman parte de un plan deliberado de la dictadura de Ortega-Murillo para eliminar cualquier forma de disidencia.
El grupo determinó que la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y altos mandos del Frente Sandinista recopilan información sobre ciudadanos considerados “una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad”.
Las órdenes de negación de ingreso provienen directamente de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), cuyo titular es el comisionado mayor Juan Emilio Rivas Benítez. Sin embargo, la decisión final recae en la vocera del régimen, Rosario Murillo. Según el informe, en ausencia de una orden judicial, Murillo y el viceministro del Interior, Luis Cañas, determinan quiénes son despojados de su nacionalidad basándose en información recopilada por la Policía, el Ejército y altos mandos del sandinismo.
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En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley N° 1228, que otorga a la Dirección de Migración la potestad de restringir la entrada al país a ciudadanos considerados “una amenaza para la soberanía o el orden público”.
Además, Rivas Benítez ha negado la renovación de pasaportes por razones políticas. Aunque estas personas no han sido formalmente despojadas de su nacionalidad, la negativa de documentos las coloca en una condición de apatridia de facto.
“El régimen ha implementado múltiples violaciones de derechos humanos con efecto acumulativo, que dejan a las víctimas en un estado de indefensión total”, concluye el informe.
Mientras tanto, Julia vuelve a cerrar su maleta e intenta regularizar su estatus en otro país, aunque confiesa que no tiene muchas esperanzas de regresar a Nicaragua.
