Un grupo de nicaragüenses que llegó a Estados Unidos por diversas vías denunció en redes sociales que en algunos centros municipales las autoridades están negando documentos a sus familiares e, incluso, a ellos mismos dentro del país.
“Las personas que se comunicaron conmigo son, en su mayoría, de Matagalpa. Por ello, contacté a otras personas de esa zona, incluyendo a una abogada que prefirió mantenerse en el anonimato. Ella me confirmó que este problema es real y que ha atendido dos casos específicos en Matagalpa”, declaró el activista Rommel López a LA PRENSA.
María, una nicaragüense que llegó a Estados Unidos a través del parole humanitario, relató que uno de sus familiares no pudo renovar su cédula porque le aseguraron que su partida de nacimiento no existe.
“Ella intentó renovar su cédula, pero le dijeron que debía contratar a un abogado si quería resolver el problema. Cuando preguntó por qué si no existía, le cobraban impuestos y tenía una cédula vencida, no le dieron ninguna respuesta sobre sus registros”, explicó María.
Sin embargo, añadió que esta situación también afectó a una tía y a otros familiares.
“Ayer, cuando mi mamá volvió a la Alcaldía, todo era un completo desorden porque muchas personas no aparecían en los registros”, relató.
Teme su retorno al país
María asegura que, una vez vencido su estatus de dos años bajo el parole humanitario, planea regresar a Nicaragua, aunque teme que el régimen Ortega-Murillo le niegue la entrada.
“Estoy considerando intentar salir antes de la fecha que tenía prevista, solo para ver si la aerolínea me permite abordar. Aunque no viaje ese día, al menos sabría si me dejan entrar a Nicaragua”, expresó.
El régimen Ortega-Murillo ha negado la entrada al país a al menos 290 nicaragüenses, incluidos seis menores de edad, entre enero de 2024 y lo que va de febrero, según denunció la organización Monitoreo Azul y Blanco.
El 64 % de los afectados son hombres y el 36 % mujeres, indicó la organización, que se define como un equipo interdisciplinario dedicado a registrar y consolidar denuncias de violaciones a los derechos humanos vinculadas al contexto político de Nicaragua desde abril de 2018.
“Las prácticas de destierro y desnacionalización implementadas por el régimen de Daniel Ortega constituyen violaciones graves al derecho internacional y reflejan un patrón represivo históricamente utilizado por regímenes autoritarios para castigar la disidencia”, denunció el organismo.
Represalias contra quienes están en el exterior
Según López, esta medida afecta principalmente a personas que viven en el extranjero, aunque no participen en actividades políticas. Además, la restricción se extiende a sus familiares.
“Curiosamente, todas las personas con las que hablé se encuentran en el extranjero. Salieron con visa o con algún tipo de permiso humanitario”, explicó.
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Los envían a Managua
López relató que varias personas han descubierto que sus partidas de nacimiento han desaparecido.
“Cuando intentan buscarlas, no hay rastro de ellas en el sistema, como si las hubieran eliminado”, afirmó.
Un abogado con el que conversó le explicó que ha tratado de resolver estos casos, pero ha tenido que trasladarse a Managua, ya que en el departamento de Matagalpa no le brindan solución. “Simplemente le indican que debe ir a la capital si quiere intentar solucionar el problema”, detalló. López no descarta que esta situación también se esté presentando en otros municipios y departamentos.
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Apatridia de facto
En un informe publicado el miércoles, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas, documentó casos en los que nicaragüenses residentes en el extranjero fueron privados de su nacionalidad sin una orden judicial o administrativa.
“Algunas víctimas informaron que descubrieron que habían perdido su nacionalidad cuando solicitaron sus registros civiles y se les dijo que no existían. A otros, las autoridades consulares les comunicaron de manera informal que ya no eran nicaragüenses al intentar renovar sus pasaportes”, señala el informe.
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No obstante, estas acciones se llevaron a cabo sin ningún procedimiento penal en su contra. La mayoría de los afectados estaban tramitando asilo en otros países o ya habían obtenido el estatus de refugiado cuando descubrieron que habían sido despojados de su nacionalidad.
“Quedaron en una condición de apátridas de facto y sin pruebas para documentar su caso al solicitar protección internacional”, concluye el informe.
