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A raíz del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, en San José, Costa Rica, el pasado 19 de junio, se registran más denuncias sobre presunta vigilancia de operadores del régimen de los Ortega Murillo en el vecino país del sur, según reveló el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más a LA PRENSA, por lo que exponen que es importante que quienes detecten este tipo de incidentes lo denuncien de forma segura ante organizaciones y autoridades costarricenses.
Entre los casos documentados, al menos uno es público, el del rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Meza, quien denunció el pasado sábado 4 de octubre que un desconocido trató de entrar a su condominio en Costa Rica con el pretexto de entregarle un vehículo reparado, algo que calificó como “una clásica operación de verificación y localización del objetivo” por parte de la dictadura Ortega Murillo.
«Hemos recibido reportes de personas que aseguran que individuos desconocidos han preguntado por nicaragüenses solicitantes de refugio o refugiados, haciéndose pasar por vendedores o circulando en motocicletas frente a sus casas», señaló el abogado Yader Valdivia, del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Los patrones documentados en 2025
En lo que va del año, Valdivia ha documentado seis casos de denuncias sobre supuesta vigilancia, aseverando que comparten elementos en común, como la ocurrencia en lugares donde solo vive la persona nicaragüense, que los mensajes de amenazas provienen de números de Nicaragua y que a la vez incluyen información personal que solamente un cercano podría conocer.
«Las denuncias consisten en que desde números de Nicaragua o de otros países, les enviaban fotografías de sus casas, del lugar donde habitan en Costa Rica o incluso de ellos mismos subiéndose a vehículos, taxis o Uber. También denunciaban seguimiento o presencia sospechosa cerca de sus viviendas», señaló.
Valdivia mencionó que si bien no hay suficientes evidencias de que esos hechos estén directamente vinculados al régimen de los Ortega Murillo, pero sí suceden dentro de un contexto de persecución contra nicaragüenses en Costa Rica.
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Además señaló que estos incidentes pueden generar alerta entre nicaragüenses residiendo en Costa Rica, pero expresó que no es algo generalizado, sino que está dirigido a personas que huyeron de Nicaragua por persecución política.
Se debe denunciar
Valdivia señaló que, en casos como estos, es indispensable denunciar ante las autoridades costarricenses y organizaciones de derechos humanos, recordando que las autoridades de ese país no actúan de oficio. Es decir, que no toman la iniciativa para dar curso a ese tipo de situaciones si no se exponen ante las mismas autoridades.
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«En nuestra experiencia, los casos que hemos acompañado han sido recibidos y, cuando ha sido necesario, el OIJ ha realizado las investigaciones pertinentes. A veces hay respuestas inadecuadas por parte de funcionarios, pero eso no significa que la institución no tenga la obligación legal de actuar», señaló.
ONU señala al Ejército de vigilar en el exterior
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emplea una compleja red de vigilancia e inteligencia que involucra al Ejército, la Policía, el servicio exterior (embajadas y consulados) y agentes no estatales para perseguir a opositores y críticos fuera del país. Estas estructuras aplican medidas como el monitoreo en redes sociales e incluso la interceptación de llamadas, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN).
El informe Nicaragua: Persecución más allá de las Fronteras. Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, presentado el martes 23 de septiembre en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, señala que los agentes del régimen tienen la tarea de identificar y monitorear “amenazas” internas y externas a la dictadura.
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«Funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones y, en algunos casos, las hostigan y amenazan directamente. La Policía Nacional, en particular sus servicios de inteligencia, mantiene una estrecha coordinación con el Ejército, compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre movilidad», detalla el informe, que subraya que la red de informantes en el exterior está integrada tanto por nicaragüenses como por personas locales.
Según el GHREN, las acciones de persecución y vigilancia transfronteriza se dirigen principalmente contra excombatientes sandinistas y de la Contra, exmiembros del Ejército, periodistas, figuras políticas, activistas y defensores de derechos humanos.
