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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emplea una compleja red de vigilancia e inteligencia que involucra al Ejército, la Policía, el servicio exterior (embajadas y consulados) y agentes no estatales para perseguir a opositores y críticos fuera del país. Estas estructuras aplican medidas como el monitoreo en redes sociales e incluso la interceptación de llamadas, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN).
El informe Nicaragua: Persecución más allá de las Fronteras. Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, presentado este martes 23 de septiembre en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, señala que los agentes del régimen tienen la tarea de identificar y monitorear “amenazas” internas y externas a la dictadura.
«Funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones y, en algunos casos, las hostigan y amenazan directamente. La Policía Nacional, en particular sus servicios de inteligencia, mantiene una estrecha coordinación con el Ejército, compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre movilidad», detalla el informe, que subraya que la red de informantes en el exterior está integrada tanto por nicaragüenses como por personas locales.
Según el GHREN, las acciones de persecución y vigilancia transfronteriza se dirigen principalmente contra excombatientes sandinistas y de la Contra, exmiembros del Ejército, periodistas, figuras políticas, activistas y defensores de derechos humanos.
Interceptación de celulares
El informe explica que los agentes del régimen identifican a sus objetivos al monitorear redes sociales, actividades públicas y vínculos con grupos opositores conocidos. Una vez los perfilan, funcionarios encubiertos o informantes los vigilan físicamente, mientras que en el plano digital utilizan el “pirateo” de cuentas, programas espías e interceptación de comunicaciones.
Las víctimas reportaron caídas de llamadas, interferencias, ecos y la activación repentina de micrófonos como signos consistentes con tecnologías de vigilancia. En algunos casos, recibieron llamadas de números desconocidos en las que se repetían conversaciones privadas o se les describían movimientos recientes, lo que evidencia rastreo en tiempo real.
Por esta razón, muchos nicaragüenses en el exilio sospechan que sus dispositivos están comprometidos y sus comunicaciones intervenidas.
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Ejército detrás del espionaje digital
El GHREN señala que unidades especializadas de la Dirección de Información para la Defensa (DID) y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICM) del Ejército sandinista, en colaboración con la Policía, monitorean publicaciones, fotografías, comentarios y conexiones digitales.
Estas unidades emplean herramientas sofisticadas, como algoritmos y rastreo de palabras clave, para identificar contenidos críticos hacia la dictadura. Por esta razón, perfilan rutinariamente a periodistas, estudiantes, exsandinistas y opositores y, en los casos más graves, los amenazan de muerte.
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Desacreditación
El informe documenta que los agresores utilizaron mensajes compartidos en privado para amenazar o desacreditar a las víctimas mediante campañas anónimas en redes sociales.
«Las campañas de difamación con frecuencia acusan falsamente a las y los disidentes de haber cometido delitos o de estar vinculados al narcotráfico y al terrorismo, con el fin de socavar solicitudes de asilo y otros procesos de reubicación. Estas violaciones transnacionales de los derechos humanos han desempeñado un papel central en silenciar voces críticas y desmantelar el espacio cívico digital», advierte el documento.
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Uso de armas de fuego
A nivel físico, algunos denunciantes relataron haber sido fotografiados, seguidos, hostigados, abordados por desconocidos y amenazados en el exterior, particularmente en Costa Rica, Honduras, Bélgica, Guatemala, España y Estados Unidos.
El informe también recibió denuncias de ataques deliberados con armas de fuego perpetrados por individuos no identificados, entre ellos los atentados contra el opositor Joao Maldonado y el secuestro y posterior asesinato de Rodolfo Rojas Cordero en 2022.
