Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La reforma de los artículos 23 y 25 de la Constitución sandinista para eliminar la doble nacionalidad, cuatro meses después de la entrada en vigor de la carta magna impuesta por el régimen de los Ortega Murillo, forma parte del «andamiaje» de la dictadura para generar miedo y controlar a la población nicaragüense dentro y fuera del país, advirtió Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Broody mencionó el miércoles que si bien el derecho internacional de los derechos humanos no contempla la doble nacionalidad y que muchos países tienen restricciones en cuanto a eso, en el caso de Nicaragua es parte de los mecanismos del régimen para imponer el terror.
«Es una herramienta más para sembrar inestabilidad y miedo, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Es un mensaje de advertencia: ‘Te estamos vigilando, cuidado con lo que decís o hacés’. Vamos a ver cómo se aplica en la práctica, pero lo cierto es que ya se está utilizando la apatridia de facto como instrumento político para silenciar», señaló Broody, quien agregó que, en el caso de Nicaragua, muchos nacionales buscaron otra nacionalidad como resultado de la migración.
Preocupación por la retroactividad
Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha afirmado en al menos tres ocasiones que la reforma no se aplicará de forma retroactiva, su argumento de que se trata de un asunto moral más que jurídico, junto con los antecedentes del régimen al aplicar retroactivamente otras leyes, generan dudas sobre cómo la dictadura ejercerá su discrecionalidad al implementar la reforma constitucional, que aún debe ratificarse en otra legislatura, es decir, el próximo año.
«Pero en este caso hay que entender el contexto: muchos nicaragüenses han sido obligados a buscar otra nacionalidad. Y si bien el presidente de la Asamblea ha dicho que esta reforma no se aplicará de forma retroactiva, no he visto ninguna prohibición expresa de retroactividad en el texto aprobado. Y sabemos que otras medidas del régimen sí han sido aplicadas retroactivamente», dijo Broody.
Especialistas consultados anteriormente por LA PRENSA han señalado que es muy probable que el régimen aplique retroactivamente la medida a algunas figuras críticas.
Lea además: Así se abrió camino la dictadura para el despojo masivo de nacionalidades
Privación de nacionalidad
Broody también mencionó la preocupación que existe por parte del GHREN sobre la privación masiva de la nacionalidad nicaragüense, que ahora está contemplada en la nueva Constitución sandinista, pero también señaló que en Nicaragua la «apatridia de facto» es un patrón de represión. Es decir, personas que no cuentan con una sentencia o con un documento que certifique el despojo de su nacionalidad, pero que a la vez se les niega documentación como pasaportes, cédulas, partidas de nacimiento o el retorno al país.
«La apatridia de facto que se está implementando es muy preocupante. Esto se manifiesta en la negación de pasaportes, en impedir el regreso al país, en expulsiones y destierros. No hay ningún otro país en el mundo que utilice la privación arbitraria de la nacionalidad, por razones políticas, en la escala que lo hace el Gobierno de Nicaragua. Existen millones de personas apátridas en el mundo, pero usualmente son consecuencia de conflictos étnicos o situaciones de refugiados. En Nicaragua estamos viendo una práctica sistemática y deliberada», señaló.
